Temporeros abandonados a su suerte en Palos de la Frontera, donde viven en asentamientos chabolistas que son pasto de las llamas

Sabali está acostumbrado a convivir con el fuego. Desde que llegó al asentamiento de Baldifresa, en Palos de la Frontera, hace cuatro años, su chabola ha sido engullida hasta en cinco ocasiones por las llamas de los incendios que casi cada temporada se suceden en este poblado. El último, el pasado 13 de mayo, acabó con el 70% de las infraviviendas que se empezaron a construir allí hace más de 20 años. La diferencia respecto de otros fuegos, es que desde hace dos años, el Ayuntamiento de este municipio onubense no permite construir sobre tierra quemada, por lo que los temporeros migrantes tienen que rehacer sus casas en las zonas que las brasas han respetado, sin apenas distancia entre las que siguen en pie, favoreciendo que las llamas se propaguen más fácilmente cuando prendan de nuevo.

“La mía estaba en esa zona”, dice Sabali, señalando a una explanada envuelta en tizón de la que sobresalen neumáticos, latas y coches calcinados. La estructura de su futura vivienda está casi terminada. Falta revestirla de cartón y aislarla con más plástico. Saca una llave para abrir el candado que cuelga de una cadena con la que protege la puerta de entrada. Dentro, cuatros sofás desvencijados entre las vigas de madera construidas con pales, son lo único de delata que eso será pronto lo más parecido a un hogar. “Este año el palé está muy caro. Dos euros cada uno. He utilizado 50, con esos 200 euros podría haberme alquilado una habitación, pero lamentablemente, en Palos no hay disponibles para tantos como somos”, explica señalando al resto de chabolas —muchas todavía esqueletos a medio construir― que se extienden sobre un terreno desolado y desolador, arrasado por el fuego, pero también por el hacinamiento y el abandono.

Sabali hoy no trabaja y por eso puede avanzar en la construcción de su vivienda. La mayoría de las casi 200 personas que aún siguen en el asentamiento —el incendio ha acelerado la marcha de muchos de ellos a otras campañas agrícolas― está apurando los últimos días de la temporada de los frutos rojos y se han ido al tajo. “Volveré mañana, que es en lo que he quedado con el jefe”, dice este senegalés de 29 años. Sabali no tiene la documentación en regla todavía y trabaja para distintos empleadores que le pagan entre 45 y 47 euros por una jornada de seis horas y media. Lo que cobra está por debajo del último convenio del campo firmado este mismo año entre la patronal y CC OO, que fija el salario en 51,10 euros.

La situación de Sabali ejemplifica las condiciones sociolaborales en las que sobreviven los trabajadores migrantes en los asentamientos chabolistas de Huelva y que el Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos (Greta), dependiente del Consejo de Europa, ha denunciado en su último informe publicado el pasado 12 de junio. En él se manifiesta la “profunda preocupación por la inacción de las autoridades ante la situación humanitaria que dura muchos años y que genera un alto riesgo de tráfico de personas”, en referencia a los poblados chabolistas y al trance de ser explotados laboralmente. Los miembros del Greta visitaron la provincia onubense en 2022 y la eligieron por ser “una de las principales regiones productoras de fresa”.

En ese recorrido estuvieron acompañados por representantes de Cruz Roja, Mujeres en Zona de Conflicto, Cáritas y Accem, que, hasta junio del año pasado, tal y como señala el propio informe, tenía un centro de día frente al asentamiento de Palos al que los migrantes acudían para rellenar garrafas de agua, hacer la colada, ducharse y recargar sus móviles. Esta iniciativa, sufragada por el Gobierno con fondos europeos desde 2008, dejó de subvencionarse y ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Palos quisieron financiarlo después. Muchos de los vecinos del poblado echan de menos ese apoyo que, como explica Francisco Villa, su responsable en Huelva, “no es solo el servicio que les prestábamos, sino una forma para ellos de salir de la monotonía del poblado, de poder hablar y sentirse escuchados, de poder demostrarnos su valía…”. Una de sus principales labores ahora es identificar a quienes pueden ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de alguna otra ayuda y tramitársela para que puedan salir del asentamiento, explica Villa.

Abu Bakr, malinés de 36 años, y Suso, gambiano de 34, preguntan a Alejandro, uno de los voluntarios de Accem, si el centro va a volver a abrir. Llevan tres semanas trabajando en su nueva chabola. Es la tercera que levantan, una por cada incendio que calcinó la anterior. Este año han trabajado en los invernaderos menos que otras campañas. “Los jefes dicen que es que hay poca agua”, sonríe irónico Suso. Depende del jefe cobran 48 o 50 euros. “El convenio ha subido y nos pagan igual que a los que sí tienen papeles”, sostienen. “Si nos pagan menos, les decimos que se queden con su empresa y nosotros nos buscamos otro trabajo, pero hay compañeros que necesitan el dinero sí o sí y no pueden hacer lo mismo”, afirma Suso, que reconoce que si el lomo de fresas va cargado a veces sí les exigen que trabajen una o dos horas más de las seis y media permitidas.

Más inspecciones laborales

El informe del Greta cuestiona que los inspectores de Trabajo no puedan acudir a los asentamientos y que los casos de explotación laboral que allí se detecten solo puedan denunciarlos la Guardia Civil. Los expertos reclaman más inspectores y mayor dotación en los juzgados para poder hacer frente a estos casos. Desde el Gobierno español se hizo hincapié al Consejo de Europa en “su extrema preocupación” por la situación en los asentamientos y en su compromiso por incrementar las acciones de prevención en la provincia onubense, aumentando la plantilla de inspectores y el número de inspecciones, hasta el punto, se recoge en el informe, de que en 2022, este fue uno de los territorios en los que más se ha luchado contra la trata de seres humanos, con 5793 inspecciones.

Desde el Ministerio de Trabajo indican a este diario que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo 2.201 actuaciones en el sector agrario de la provincia de Huelva entre enero y mayo de este año. En total se han registrado 98 infracciones y las sanciones impuestas suman casi 551.000 euros. En materia de economía irregular, se han registrado 66 infracciones que han supuesto sanciones por un valor de 194.600 euros. El empleo aflorado suma 45 casos.

Un inspector de trabajo que prefiere no dar su nombre señala los condicionantes legales que rodean su trabajo y que limitan su esfera de actuación en el caso de los asentamientos. “Solo podemos denunciar los casos de los trabajadores en situación irregular que están empleados en los invernaderos si los pillamos trabajando, y solo podríamos actuar en una situación de chabolismo si al llegar a una finca constatáramos que un trabajador vive en un asentamiento cuando en su contrato de trabajo está incluida la obligación del empresario de proveerle de una vivienda, pero eso es complicado de detectar porque la mayoría de quienes viven en los asentamientos no tiene contrato de trabajo”, señala.

“Hay más bares que vivienda disponible”

“La situación de los asentamientos es una realidad con muchas aristas y se necesitan soluciones reales. Se han incrementado las inspecciones, sí, y hay una mayor implicación por parte de las empresas y las administraciones, pero eso no suficiente, ni debe ser la única respuesta. Es necesario sensibilizar a la sociedad porque la mayoría de los que viven en los asentamientos podría hacerlo perfectamente fuera de allí y se necesitan políticas migratorias que vayan más allá de la regularización a través de un contrato de trabajo, y eso implica la colaboración de todos, mientras tanto la situación no hace sino empeorar y agravarse”, advierte María Macías, presidenta de Cáritas Huelva.

Dotación de vivienda digna y regularización son dos de las premisas fundamentales para erradicar el problema de los asentamientos. Dentro de esas alternativas migratorias se ha planteado por parte de las ONG y de CC OO que puedan regularizarse por la vía de la situación de vulnerabilidad -que contempla la ley de Extranjería-, a los jornaleros que viven en los asentamientos, más allá de los plazos ordinarios regulados en esa norma.

Las ONG consultadas no comparten la afirmación de que la mayoría de los habitantes de los asentamientos estén en situación de irregularidad administrativa. “Existe esa percepción, pero hay muchos que sí que tienen la documentación, pero que se ven obligados a vivir en los poblados porque no encuentran nada para alquilar y también están los que eligen vivir allí porque no quieren estar alejados de un núcleo urbano y compartir habitación con otras personas, la realidad es compleja y las soluciones no son sencillas, pero el problema requiere de una respuesta coordinada, también con los empresarios”, señala Villa.

Sabali, Suso y Abu Bakr están en la primera situación. “En una casa de cuatro personas podemos colaborar cada uno con 150 euros y tener agua y electricidad, eso es mejor a que cualquier día el fuego nos pueda hacer daño, porque estas viviendas son como gasolina, pero es que hay más bares que casas en Palos y el Ayuntamiento tampoco hace nada”, dice Suso, sin parar de hincar con un martillo los clavos que sobresalen de uno de los palés.

Huelva es la segunda provincia con el alquiler más caro de Andalucía y, a diferencia de Jaén, no tiene albergues municipales para acoger a los temporeros de la fresa. La orden de contratación en origen, Gecco, sí obliga a los empresarios a ofrecer viviendas dignas a las jornaleras que cruzan el Estrecho, pero ese condicionante no viene estipulado en el convenio para el resto de contratos. “Eso es una de las demandas que venimos peleando, porque la escasez de vivienda la padecemos nosotros también que nos cuesta encontrar pisos para los programas de refugiados. Habría que adoptar medidas para conseguir más vivienda”, indica Villa.

Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, tres de los cuatro municipios donde se levantan los asentamientos chabolistas de la provincia, han firmado acuerdos con el resto de las administraciones para construir soluciones habitacionales para los jornaleros. Una respuesta que, aun así, es insuficiente para las ONG ―”solo con albergues no se soluciona el problema”, advierte Macías―, pero que sí evidencia un atisbo de sensibilización con este problema, que brilla en comparación con la nula respuesta de Palos.

Un problema de los dueños de los terrenos, según el alcalde de Lepe

Su Ayuntamiento, gobernado por el popular Carmelo Romero desde 1995, no ha movido ni un dedo por apoyar a quienes llevan siendo sus vecinos desde hace dos décadas, en un asentamiento que se levanta justo enfrente de un polígono donde están la mayoría de naves que almacenan la fresa que ellos ayudan a recoger. En el último incendio, como en los anteriores, el consistorio no habilitó ningún espacio para que las personas afectadas pudieran pernoctar ni se les buscó alojamiento alternativo. Romero sostuvo tras el incendio que ese era un problema de los propietarios de los terrenos sobre los que se levanta el poblado y del “Gobierno de Pedro Sánchez que no les proporciona papeles”. Fueron algunos empresarios quienes ofrecieron sus naves, “aunque muchos de los realojados se han ido yendo a otras campañas agrícolas”, indica Villa, mientras el resto de afectados buscaron refugio en las chabolas de otros compañeros.

Palos es el único municipio que no ha presentado ninguna iniciativa para erradicar el chabolismo en la localidad, pese a tener un superávit de 27 millones. La única decisión que ha tomado es la de apostar un coche de policía en lo alto de la explanada donde se extiende el poblado para asegurarse de que no se construyen más chabolas en las zonas quemadas por el fuego.

Fofana, senegalés de 40 años es uno de esos vecinos invisibles para el Ayuntamiento de Palos. Lleva 12 años en ese asentamiento. La construcción de su chabola está estancada porque no hay cartón suficiente para todas las infraviviendas que se están levantando, duerme al raso. Él evidencia la cronificación del chabolismo en la provincia y la falta de soluciones por parte de las administraciones y los empresarios, un tanto sorprendente si se tiene en cuenta que las previsiones económicas para Huelva dictaminan que su PIB crecerá en 2023 un 2,2%, por encima del 1,8% pronosticado para España.

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