La doble velocidad de los albergues de temporeros en Lepe: funcionan los que no son públicos

Son las 11 de la mañana y en el albergue para temporeros de la asociación Asnuci en Lepe (Huelva) apenas hay trasiego, porque la mayoría de sus 36 inquilinos se ha ido a trabajar bajo los invernaderos de frutos rojos. A esa hora solo Mor Niang, de 31 años, y Demba, de 27, deambulan en el interior. El primero, de Senegal, ha finalizado la temporada de la naranja y, en breve, se reenganchará en un restaurante en la costa. El segundo, de Gambia, cuenta los días para enlazar con otra campaña agrícola. Para ambos, como para el resto de sus compañeros de residencia, dónde dormir ha dejado de ser un problema. Su preocupación más inmediata es seguir encadenando empleos para pagar su alojamiento y ahorrar para alquilar una vivienda en el futuro.

“Esto es mucho mejor que el cortijo en el que estaba en Almería”, cuanta Niang desde el sofá de la planta baja del albergue, que hace dos años abrieron los propios temporeros de la mano de Asnuci, ante la pasividad de las administraciones que miraban para otro lado mientras los trabajadores de la fresa malvivían en los asentamientos chabolistas diseminados alrededor de este municipio onubense de 28.617 habitantes. “Demostramos que todo es cuestión de voluntad”, dice con firmeza Seydou Diop, que lleva al frente de la residencia desde que se abrió en marzo de 2021. “En unos pocos meses y gracias a una campaña de crowdfunding recaudamos 110.000 euros y pudimos ponerlo en marcha”, explica. Ahora se sufraga gracias a los 125 euros que cada uno de los residentes abona mensualmente y que incluyen, además de la habitación, agua, luz, wifi, servicio de cocina y el material para hacer la colada y la limpieza. “Esto no es caridad, ellos trabajan y pueden pagar y, de hecho, así es como se sienten bien, sabiendo que pueden asumir el coste de su vivienda. Nadie quiere vivir en una chabola para ahorrar, el problema es que no pueden vivir en una casa porque no hay oferta”, añade.

Solo las bicicletas apostadas en la puerta de una nave del polígono industrial El Chorrillo, a las afueras de Lepe, delata que en sus 313 metros cuadrados viven 36 personas, ocho mujeres y el resto hombres de cinco países distintos, todos en situación de vulnerabilidad y que han sido elegidos meticulosamente por los responsables de Asnuci. “Todos vienen de asentamientos o de dormir en la calle, están en situación irregular y les cuesta acceder a una vivienda digna, y se comprometen a cumplir con todas las normas de convivencia, porque vivir en un albergue no es fácil. Hay muchas nacionalidades, cada uno tiene su forma de ser, su educación…”, indica Diop.

Un amplio salón con una televisión flanqueada por sofás donde las moscas dormitan el sopor del mediodía, dos mesas y una nevera dan la bienvenida en la planta baja. Al lado, varias habitaciones, un baño con duchas, una sala con cocinas y otra para lavadoras. Las escaleras del fondo llevan al resto de habitaciones de la planta alta, donde se alinean cuartos de cuatro y seis literas, de los que asoman tendales de donde cuelgan las toallas y la ropa de faena que aún desprende aroma a detergente. Ni rastro de desorden. Todos tienen asignadas tareas semanales que incluyen la limpieza de las zonas comunes, el piso de arriba, los cuartos que comparten…

De uno de ellos sale Demba con un túper con el desayuno. Su habitación ejemplifica el derecho a la vivienda adecuada recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que para las alrededor de 1.000 personas que viven en los 17 asentamientos chabolistas leperos es una quimera. Lepe, Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera concentran los 30 poblados de infraviviendas de la provincia, que en los momentos álgidos de la campaña llegan a concentrar en torno a 3.100 personas en total, de acuerdo con los datos recogidos por Huelva Acoge en su último informe sobre los Asentamientos onubenses en 2022, publicado en abril de este año. En él se constata que para el 90% acceder a una vivienda es el mayor obstáculo, incluso aunque estén en situación administrativa regular, porque los propietarios o no les quieren alquilar o destinan sus pisos para el turista de playa.

Dos años para involucrar a la Junta y al Gobierno en poner fin al chabolismo

La cifras de Huelva Acoge son similares a las recogidas en el Plan de Erradicación del Chabolismo que el consistorio lepero aprobó por unanimidad en 2020 y que ha necesitado casi dos años para que las administraciones autonómica y central se involucren para empezar a ejecutarlo. Primero fue la Junta de Andalucía la que en enero de 2022 firmó un acuerdo con Lepe para reacondicionar el albergue municipal para temporeros, abandonado desde 2011 tras una inversión de más de un millón de euros; y el pasado verano se firmó un protocolo con el Gobierno andaluz y el central para levantar nuevas infraestructuras habitacionales a las afueras de la localidad para los jornaleros que viven en asentamientos. “El problema del chabolismo es complejo, pero el Ayuntamiento solo no puede solucionarlo, tienen que involucrarse las administraciones competentes en inmigración, la central, y en vivienda, la regional, pero también los municipios limítrofes, porque muchos de los temporeros que viven en las chabolas de aquí, trabajan allí. Esto requiere la coordinación de todas las administraciones. Pero lo que no puede ser es que en el siglo XXI haya personas que sigan viviendo así”, apunta Ana Delgado, la teniente de alcalde.

En el albergue de Asnuci apenas hay actividad, pero ese escaso movimiento contrasta con la quietud que se desprende del edificio impolutamente blanco justo en la acera de enfrente. Es el albergue municipal que se ha reacondicionado gracias a dos ayudas de la Junta de 300.000 y 140.000 euros —estos para equipamiento― para alojar en la próxima campaña a 152 temporeros y que cuenta también con espacios comunes para actividades formativas y culturales. Las trabas burocráticas han impedido su apertura esta campaña, pese a estar concluido desde finales de 2022, al estar pendientes de resolución algunas licitaciones para dotarlo de mobiliario. “Nunca hubo una fecha concreta de apertura porque dependemos de dos subvenciones para terminar el edificio, en el caso del equipamiento hay licitaciones que han quedado desiertas y eso ralentiza el proceso”, indica Delgado.

Más allá de que los futuros inquilinos de la residencia municipal para temporeros tendrán que estar viviendo en chabolas y deben comprometerse a destruirla si quieren residir allí, no hay todavía criterios fijados para su ingreso. “Eso dependerá de la entidad que vaya a gestionarlo”, reconoce Delgado. El Ayuntamiento quiere externalizar la gestión. Una opción que genera cierto recelo. “Aquí ha jugado un papel el tema de la inexperiencia en Huelva a la hora de gestionar este tipo de recursos y de cara a las nuevas edificaciones habría que ver si esta metodología de las ayudas y las licitaciones es lo más rápido y efectivo”, señala Rocío Martín, presidenta de Huelva Acoge.

La integración debe ser la meta

Tanto ella como Javier Pérez, subdirector de la Fundación Cepaim en Andalucía, dan la bienvenida a las nuevas iniciativas que tanto Lepe, como Moguer y Lucena están impulsando gracias a la colaboración del resto de las administraciones. Pero las residencias no pueden ser la única respuesta, advierten. “No podemos limitarnos a levantar albergues, porque esta es una solución temporal, el protocolo firmado entre el Gobierno y la Junta establecía la obligación de un seguimiento para lograr la integración total”, señala Martín. “El albergue debe servir como un paso intermedio para poder acceder a una vivienda digna y en el que se trabaje para que puedan mejorar sus perspectivas laborales: los temporeros no tienen por qué resignarse a encadenar campañas, pueden aprovechar el verano para trabajar en la hostelería…”, apunta Pérez.

Es lo que Niang ha conseguido gracias a ese apoyo integral que les brinda Asnuci. “El año pasado estuve trabajando en un restaurante en la costa y en enero, cuando empecé con la fresa, el dueño me dijo que contaba conmigo para este verano”, explica. “A los que están en el albergue, pero también a quienes no han podido entrar les damos clases de español, les explicamos cuáles son sus derechos laborales, les ayudamos en la tramitación de su documentaciones, procuramos que pasados seis meses puedan acceder a un piso y hacemos un seguimiento. Tenemos que darles una oportunidad, porque todos tienen muchísimo interés en integrarse”, abunda Diop, que cuestiona ese mismo grado de compromiso en las administraciones.

El Plan de Erradicación del Chabolismo de Lepe, también contempla trabajar en la integración, pero su puesta en práctica está siendo mucho más lenta. El proyecto convenido con el Gobierno, que ha aportado 1,8 millones, y la Junta, que expira en 2024, aún está en fase incipiente. “Se prevé construir en principio 150 viviendas, que pueden ampliarse”, explica Delgado.

La mirada de Diop se posa en la mole blanca que se levanta en la otra acera con escepticismo. “Cuando abrimos pensé que no iba a haber excusas para que el resto de empresarios y administraciones hicieran algo similar, pero desde marzo de 2021 somos la única iniciativa que funciona. Y no es un problema de dinero, aquí hay demasiado, es un problema de voluntad y de interés y no hay verdadera preocupación por la vida que llevan los seres humanos que viven aquí”, sostiene Diop.