Ultras contra la Monarquía: “batir” a los Borbones, ayer y hoy

De todos los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23-F hay uno conmovedor a la luz de la historia. Se trata de un breve informe sobre cómo respiraba el Partido Comunista de Santiago Carrillo tras la asonada militar que pretendió truncar el incipiente proceso democrático. En él se destaca que los comunistas estaban preocupados por el intento de la extrema derecha de “implicar a la Monarquía” en la conjura y “destrozarla como institución democrática” mediante “el mercado negro del rumor”. Su lectura, 45 años después, recuerda hasta qué punto el espíritu de la Transición se cimentó sobre la renuncia colectiva a reabrir viejas trincheras y la voluntad de construir un proyecto compartido.

Aquella España, que selló primero los Pactos de La Moncloa para dar estabilidad económica a un país sacudido por la incertidumbre y posteriormente acordó una Constitución inclusiva, alcanzó consensos inéditos en su historia contemporánea. El fracaso del golpe aceleró el convencimiento de que los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, aún permeadas por el franquismo, debían estar subordinadas al poder civil y poner fin así a un triste pasado de pronunciamientos.

En ese contexto, la figura del rey Juan Carlos I adquirió un protagonismo capital. Su intervención durante el 23‑F reforzó una imagen de garante del orden constitucional que le otorgó una legitimidad casi incontestable. Sin embargo, ese mismo blindaje institucional, amparado por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP y con la complicidad de los medios de comunicación, contribuyó a que durante años se pasaran por alto comportamientos que hoy resultan incompatibles con un estándar de ejemplaridad. Las revelaciones sobre su desordenada vida extramatrimonial acabaron erosionando la institución, lo que a la postre precipitó su abdicación, una decisión que probablemente salvó la Monarquía. La publicación de los archivos secretos del 23-F no exonera ni mucho menos a Juan Carlos I de las tropelías económicas cometidas, pero sí constata que en un momento decisivo para España supo estar en el lado correcto de la historia.

Casi medio siglo después de la Transición, la Monarquía navega en un paisaje político mucho más fragmentado y con menos reverencias. La desafección con la Corona es evidente entre los partidos situados a la izquierda del PSOE y entre los independentistas catalanes, que no olvidan la intervención de Felipe VI en el procés.

La difusión de los papeles confidenciales del 23-F también refleja que hubo (y hay) una extrema derecha profundamente asilvestrada que no termina de entender el papel que le corresponde al Rey en democracia. Los panfletos militares que tras el golpe subrayaban el error de “dejar al Borbón libre” y señalaban a Juan Carlos I como un “objetivo a batir” tienen un hilo conductor con el presente. En el ecosistema digital ultra se denigra con denominaciones hirientes al rey Felipe VI por cumplir su obligación de sancionar leyes impulsadas por el actual Gobierno o se le reprochan discursos tildados de globalistas. Se olvida así la neutralidad que la Constitución exige al Rey en el devenir político, base de su legitimidad. Lo contrario sería incurrir en lo que en el pasado se definió como borboneo, término desterrado, afortunadamente, en la España de hoy.