El Gobierno retrasa los Presupuestos a febrero y no descarta un segundo intento si reconduce la relación con Puigdemont

El Gobierno ha reconocido este martes por primera vez en público lo que era una evidencia: que no presentará los Presupuestos para 2026 antes de fin de año, como Pedro Sánchez aseguró en octubre. La última hoja de ruta que maneja la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es hacerlo en el primer trimestre de 2026, preferiblemente en febrero —lo que haría coincidir las negociaciones con la del modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 y obsoleto desde 2014— para que estuvieran aprobados en abril o mayo. Por ahora, el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios tras el rechazo expreso de Junts, pero no tira la toalla: fuentes del Gobierno creen que aún pueden reconducir la relación con los neoconvergentes y sacar los Presupuestos aprovechando el previsible regreso de Carles Puigdemont a España en primavera. El plan b sería volverlos a presentar si se abre una ventana de oportunidad con los socios más díscolos del Gobierno.

La conclusión en La Moncloa es que el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía ha despejado el camino para la vuelta del líder de Junts, ya que suele anticipar la orientación de las sentencias del tribunal comunitario. El Gobierno entiende que, si se confirman sus cálculos, Junts tendría en cuenta el coste y el desgaste que le ha supuesto al PSOE la aprobación de la medida de gracia. De ese modo, en el supuesto de que los Presupuestos fuesen tumbados, si posteriormente Junts levantase el veto debido a que Puigdemont se ha beneficiado de la aplicación de la ley de amnistía, entonces el Gobierno volvería a tramitarlos en las Cortes.

“No creo que antes [del primer trimestre de 2026] podamos presentar las cuentas porque requiere del apoyo de los grupos políticos. En cualquier caso, cuando uno tiene ya los Presupuestos elaborados, cualquier ventana de oportunidad hay que aprovecharla. Y esto significa que, si a lo largo del año hay una ventana de oportunidad porque algún grupo político de los que a priori no están dispuestos a dar el apoyo decide darlo, se presentaría el proyecto de Presupuestos”, ha afirmado Montero tras la aprobación de la senda de estabilidad y el techo de gasto para el próximo ejercicio. “Soy de la opinión de que, teniéndolos hechos y consensuado con muchos grupos, hay que aprobarlos cuando se pueda y por eso trabajamos permanentemente para que se puedan aprobar. Estos son las fechas que yo tengo en mente, pero que pueden variar en función de los acontecimientos. Mañana me dicen varios grupos que están dispuestos a apoyarlos ya y ya les digo que los presentamos antes de que termine este año”, ha añadido la número dos del Gobierno.

La realidad es que el Gobierno ha aprobado con meses de retraso —lo habitual es que se haga en verano— la senda de estabilidad y el techo de gasto para 2026, el paso previo requerido para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo resalta los buenos datos macroeconómicos, con una revisión al alza de la previsión del PIB para este año del 2,7% hasta el 2,9%, pero no ha sido capaz de aprobar las cuentas en lo que va de legislatura y por eso mantiene prorrogadas las de 2023, cuando la composición del Congreso era diferente a la actual.

El Gobierno ha elevado el techo de gasto no financiero de los Presupuestos hasta los 216.177 millones de euros, lo que supone un 8,5% más que el año pasado, un gasto público según Montero “atractivo” para el resto de partidos. La vicepresidenta primera ha elevado la presión sobre el PP, cuyos barones gobiernan en 12 comunidades autónomas además de las ciudades de Ceuta y Melilla, ya que a su juicio tendrían difícil justificar volver a tumbar la senda de estabilidad como ha ocurrido a lo largo de la legislatura. “El techo de gasto sube un 8,5% y permite consolidar el Estado del Bienestar, es atractivo para que nadie se pueda resistir”, ha aseverado Montero. “La aporta más recursos, más capacidad fiscal, si las comunidades, mayoritariamente del PP, renuncian a disponer de esos recursos, la Administración General del Estado estará encantada de acoger esos recursos para sus políticas. Pero me parece absurdo tirarse piedras a su propio tejado... No se entiende que cuando se ponen medidas en la mesa digan que no por puro interés partidista”, ha abundado.

Pero Montero no se ha hecho muchas ilusiones con el partido de Alberto Núñez Feijóo. El año pasado las comunidades del PP se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después el PP votó en contra en el Congreso. “Este año no han hecho ese ridículo y directamente han votado en contra. ¿Cómo explican Bonilla o Ayuso que teniendo mayor capacidad de gasto se rechaza por no intentar votar nada de este Gobierno de coalición, sin tener en cuenta el contenido?“, ha reprochado Montero.

El PSOE, como este martes mostró su portavoz en la Cámara baja, Patxi López, se armará de todo tipo de datos para mostrar que los partidos que boicotearán ese primer paso de los hipotéticos Presupuestos del Estado para 2026 son los que “tendrán que explicar bien y despacito” por qué renuncian a que autonomías, diputaciones y ayuntamientos dispongan de miles de millones de ingresos nuevos, entre un 7% y un 8% más que el año pasado. López agregó a esos porcentajes hasta las entregas a cuenta que el Ejecutivo preveía facilitar para elevar el montante total a transferir a esas administraciones por encima de 170.000 millones de euros.

Esta situación compleja para el Ejecutivo llevó a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, a concluir que el Gobierno trasladará por ahora el jueves de la semana que viene ese documento al pleno “para marear la perdiz” y dar la sensación “de que están haciendo algo” cuando no tienen apoyos para que salga adelante sino más bien “una mayoría en contra”, especialmente tras el desmarque de Junts. Es la posición que esgrime también el líder de Vox, Santiago Abascal.

El problema político para el Ejecutivo está en que varios partidos del pacto de investidura ya no están en su misma sintonía. Y no solo Junts, que ha avisado varias veces en estas semanas de que no está en ese bloque y no votará ese primer paso para los Presupuestos porque entiende que no se han ejecutado las partidas previstas para Cataluña de todos los anteriores de esta etapa con Pedro Sánchez en La Moncloa ni con gobiernos del PP.

Podemos tampoco refrendará ese proyecto. Su portavoz en el Congreso, Ione Belarra, ha argumentado este mismo martes que no les “es posible” separar el debate sobre la senda de déficit y el presupuestario. “Es el mismo debate y, por tanto, yo creo que si el gobierno tiene la voluntad de sacar adelante estos presupuestos, debería haber empezado negociando con los grupos”, ha añadido Belarra y luego ha adelantado que no considera ese esbozo de cuentas públicas “unos presupuestos de verdad” sino “unos presupuestos de campaña”. Belarra ha reiterado los criterios para que su partido cambie de postura y pueda apoyar unos presupuestos con los que hacer frente a la derecha: “Hay que intervenir el precio de la vivienda, hay que atajar la corrupción y desde luego hay que abandonar esta deriva militarista”.

La diputada de Compromís, ahora en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, también ha reprochado al Gobierno que no se hayan puesto en contacto para discutir la propuesta. “No sé si el Gobierno va sobrado de apoyos para los Presupuestos, porque a mí no me han dicho nada”, ha respondido Micó, quien defiende que la capacidad de endeudarse sea “mayoritariamente” para las comunidades autónomas.