Génova se pliega ante Ayuso y ampara su rebeldía legal al negarse a cumplir con el registro de objetores

Al final, después de un largo enredo en el PP por la rebeldía de Isabel Díaz Ayuso a cumplir con el registro de objetores al aborto, Génova ha terminado plegándose ante la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha ganado la partida interna, obligando a la dirección del PP a modificar su postura y a ampararla, pese a que, al hacerlo, admite que un presidente autonómico se niegue a cumplir una ley estatal. Más de un mes lleva el PP tensionado internamente por este asunto, siempre divisivo para los populares, y al final, este lunes, Génova ha respaldado a Ayuso en su decisión de incumplir la disposición legal que la obliga a crear un registro de médicos objetores al aborto.

El encargado de ese papel ha sido el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que ha ejercido como portavoz este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección popular. Bravo llevaba escrita la respuesta, muy medida, y la ha repetido dos veces ante las preguntas de los periodistas sobre la rebeldía legal de Ayuso.

El vicesecretario ha dado amparo a Ayuso con el argumento de que, cuando hay “dudas” o “diferencias” sobre la aplicación de una ley, “se tiene que acudir a la vía judicial”. “Las leyes se cumplen o se modifican. Una de las cosas se tiene que hacer. Y cuando hay dudas, debe ser la vía judicial la que debe resolver”, ha defendido Bravo, en línea con el Gobierno de Madrid, que sostiene que sean los tribunales los que le obliguen a cumplir la ley y en su caso crear el registro de objetores. “Las leyes o se modifican o se cumplen”, ha repetido después Bravo, preguntado de nuevo. “Y cuando hay diferencias, se tiene que acudir a la vía judicial para hacer esa resolución”.

No hay, en realidad, dudas sobre la aplicación de la ley, que es taxativa en la creación de estos registros de médicos objetores. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

Pero de esa forma, algo alambicada, Génova respalda la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid a cumplir con el registro. En sentido estricto tampoco ha sido Ayuso, sino el Ministerio de Sanidad, el que ha llevado el caso a los tribunales, precisamente por la negativa del Ejecutivo autonómico a cumplir una disposición legal. “¡Váyanse a otro lado a abortar!“, llegó decir la líder madrileña en una sesión de control en la Asamblea de Madrid, interpelada por la oposición que la acusaba de poner trabas a la interrupción voluntaria del aborto.

Lo llamativo es el camino que ha atravesado la dirección del PP para llegar a este punto. Hace algo más de un mes, a principios de octubre, Alberto Núñez Feijóo se vio obligado a difundir un comunicado público en respuesta a la controversia. Entonces, Feijóo marcó distancias con su baronesa madrileña ―sin citarla― al subrayar que, si él llega al Gobierno, garantizará los abortos “conforme a las leyes”, lo que implicaría entonces cumplir con ese registro de objetores. Así se interpretaba porque la carta de Feijóo se hizo pública en el contexto de la polémica por el registro de objetores.

Pero, poco después, el 13 de octubre, Feijóo ya dio muestras de matizar su postura y acercarse a la de Ayuso. En una entrevista en Antena 3, el líder del PP defendió que se debe cumplir la legalidad vigente ―lo que ha decidido no hacer Ayuso―; es decir, que se creen los registros de objetores. Pero añadió inmediatamente que él aspira a modificar la ley para introducir una “lista” “contraria”, en caso de ser investido presidente tras las próximas elecciones generales. “A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, dijo Feijóo en aquella entrevista.

Esa idea chocaba con lo que sucede con cualquier prestación sanitaria y con lo que han hecho las comunidades del PP salvo Madrid, que es cumplir con el registro. De hecho, el desafío antiabortista de Ayuso provocó malestar en el resto de autonomías del PP, que sí han seguido la ley. “Deja a los demás con el culo al aire”, se quejaron en los territorios del PP.

Ahora, la pregunta es cómo juzgarán el resto de las comunidades del PP que sí han cumplido con el registro el hecho de que, después de todo, la dirección popular haya terminado respaldando la negativa de la presidenta madrileña a cumplir la ley. Sea como fuere, Ayuso gana.