Sánchez y Ayuso chocan por los abortos derivados a las clínicas privadas

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se encuentran esta semana en plena controversia por el aborto. El Gobierno central va a llevar a los tribunales al Gobierno regional por ser la única administración de toda España que se ha negado a hacer la lista de objetores de conciencia, aunque lo exija la ley. Ahora, el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, dos políticos enfrentados casi a diario en una disputa en la que dejan al margen al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han enzarzado en público por las interrupciones voluntarias del embarazo derivadas a las clínicas privadas.

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Sanidad iniciará un proceso judicial contra Madrid tras no presentar su registro de objetores

Sánchez ha sacado el arsenal esta mañana al escribir en redes sociales que Madrid deriva el 99% de los abortos a las clínicas privadas, como consta en un informe del Ministerio de Sanidad elaborado con los datos de 2024. “No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, ha anunciado el presidente. Con ese proceso judicial pretende paralizar esas derivaciones, que considera una forma de hacer negocio con la sanidad pública.

La respuesta de Ayuso ha sido casi inmediata. No ha querido cuestionar el dato, que es real, sino que ha atacado por el flanco del banco de datos que se niega a crear. “Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado”, ha dicho la presidenta.

En los datos y los hechos que han lanzado ambos cabe la interpretación. En efecto, en Madrid, gobernado por el PP, se derivan prácticamente todos los abortos a la sanidad privada. Ocurre lo mismo en Andalucía, también en manos de los populares, pero hay que añadir que en esa misma lista se encuentra Asturias, donde mandan los socialistas. La intervención, no obstante, resulta gratuita en todos los casos. Una precisión más: los casos que vienen de Castilla-La Mancha computan, a nivel estadístico, en esa misma región, aunque se realicen en Madrid.

Desde Acai, la asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, consideran que este debate genera una gran confusión entre las mujeres: “La IVE es una prestación gratuita para la mujer, porque se realiza en centros concertados. No aclarar este punto, lleva a pensar a las mujeres que tendrán que pagar por su intervención, lo cual falta a la verdad”. Y añade: “En Madrid la mayoría de las mujeres acceden de manera gratuita al aborto y las que no lo hacen, un pequeño grupo, muchas veces es porque prefieren evitar el circuito de derivación que en bastantes ocasiones resulta estigmatizador”.

Este enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso llega después de una semana de mucha tensión. Madrid se ha declarado en rebeldía con la reforma a la ley del aborto de 2023. El espíritu de esa normativa es que el registro de objetores facilite las intervenciones y no sean un obstáculo a nivel administrativo y organizativo. De paso, ayuda a que no se cree una distinción entre médicos, y los que sí lo hacen no solo se dediquen a eso por la negativa de sus compañeros. Madrid, como en otras muchas cuestiones, desafía al Gobierno central con esta postura, e incluso incomoda a Núñez Feijóo, que quiso buscar consenso entre las regiones gobernadas por su partido y no lo consiguió.

Baleares, del PP, y Asturias también se resistieron en un primer momento a crear el registro, pero después del apercibimiento de Sánchez, que llegó a enviar una carta a los presidentes de esas comunidades, lo han hecho. Solo Ayuso se mantiene firme en su postura. Sanidad ha anunciado que va a llevar a su Gobierno a los tribunales para que cumpla con ese mandato obligatorio.

La presidenta no se ha echado atrás y ha insistido este lunes en que ve necesario dejar el asunto en manos de la justicia: “Que sea un tribunal quien decida y no un gobierno que redacta las leyes de manera furibunda”.