Ayuso se queda sola en su negativa a crear el registro de objetores de conciencia al aborto

La Comunidad de Madrid ha avanzado este viernes que no creará el registro de objetores de conciencia del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales. Las otras dos comunidades apercibidas, Aragón y Las Baleares, también gobernadas por el PP, sí lo hecho, según fuentes del Ministerio de Sanidad, así que solo la presidenta Isabel Ayuso se niega a acatar la ley.

Hoy se cumplía el plazo de un mes que había dado el ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez a las tres comunidades. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”, ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a la prensa. “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”, ha añadido.

La decisión no resulta sorprendente. La Comunidad de Madrid había avisado que sus servicios jurídicos estudiaban el asunto. El portavoz de ese Gobierno había dicho en octubre que ese registro “no vale para absolutamente nada”. Matute lo ha confirmado este viernes. Sin embargo, los argumentos que ha utilizado la consejera no se corresponde con el funcionamiento de ese banco de datos. Se tiene un acceso limitado a esa información y no se pide el motivo de quienes se oponen. El Gobierno central sostiene que es al revés, que sirve para garantizar el derecho, como manda la ley, de las mujeres a abortar.

El tema ha generado una gran polémica desde octubre. Entonces, Ayuso pronunció una frase que sorprendió a todo el mundo. “¡Váyanse a otro lado a abortar!“, dijo. Parecía un mensaje de otros tiempos, cuando el aborto era ilegal en España y las mujeres tenían que hacerlo de forma clandestina en Londres, donde estaba permitido desde 1967. Ese periodo de viajes de Inglaterra se intensificó en la década de los 60, durante la dictadura, y después en democracia, hasta mediados de los años 80. En el 85 se legalizó finalmente bajo tres supuestos -violación, deformaciones del feto y riesgo psicológico o físico para la madre-. Tuvo que esperarse hasta 2010 para que se pudiera hacer de manera libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de problemas de salud.

Con ese mensaje, de paso, la presidenta de Madrid desautorizaba a su consejera de Sanidad, que en un primer momento dijo que sí cumplirían con la ley. Ahora ha quedado claro que no va a ser así. La oposición en Madrid, el PSOE y Más Madrid, han hecho mucho hincapié en que se debería realizar ese registro. Pero Ayuso no podía ser más tajante: “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca (aunque este no sea el espíritu del registro, obligatorio tras la reforma de 2023, que varía la de 2010)”.

Con estos registros se organiza y se adecua la gestión de este derecho. Su finalidad es que no se discrimine tanto a los objetores como a los no objetores. Eso evita que los segundos no se dediquen solo a eso. Esos datos no se computan a nivel nacional, sino que deben hacerlo las autonomías. Madrid, por lo pronto, no lo va a hacer. Sin embargo, Aragón y Las Baleares, que en un principio se negaron, dijeron en el último mes que van a ponerlo en marcha tras el requerimiento del Gobierno. Lo mismo el Govern, que da marcha atrás y lo hará ahora, salvo cambio de última hora, para cumplir con la normativa.

La decisión escandaliza al PSOE. Fuentes de la dirección aseguran que Ayuso es “insumisa con los derechos de las mujeres” y que debe “cumplir con la ley”. Los socialistas lo ven como una nueva desautorización de la presidenta al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición a Pedro Sánchez. Feijóo intentó sin éxito unificar el discurso de su partido alrededor de este tema, lo que el PSOE interpreta como una debilidad. Su idea, en caso de llegar a presidente del Gobierno, es incluir una nueva enmienda a la ley, en este caso para que el registro sea solo de quienes lo quieren practicar. El líder del PP siempre se ha mostrado dispuesto a cumplir con la ley, cosa que Ayuso ahora se ha saltado. La presidenta de Madrid va por libre.

Aragón y Las Baleares, que en un principio se negaron, dijeron en el último mes que van a ponerlo en marcha tras el requerimiento del Gobierno. Lo mismo el Govern, que da marcha atrás y lo harán ahora para cumplir con la normativa.