El primo de Correa se rinde y también confiesa en el último juicio de Gürtel

Giro en la tercera sesión del último juicio del caso Gürtel. El acusado Antoine Sánchez, primo de Francisco Correa, ha cambiado de opinión y, este miércoles, ha reconocido su implicación en las maniobras urdidas por la trama que anidó en el PP. Según había detallado la Fiscalía, Sánchez se encontraba en el grupo de cinco procesados que no reconocen los delitos que se les atribuyen y que se niegan a pactar con el ministerio público a cambio de una rebaja de penas. Pero ahora pasa a engrosar el colectivo de confesos que se sienta en el banquillo, integrado ya por 21 imputados: entre ellos, el propio Francisco Correa, líder de la red corrupta; su número dos y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; el constructor José Luis Ulibarri; y Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar.

—¿Reconoce la autoría de los hechos por los que ha sido acusado? —ha preguntado el juez Fernando Andreu, presidente del tribunal, al comenzar el interrogatorio de Antoine Sánchez.

—Sí —ha contestado el primo de Correa, que se ha negado a responder a la Fiscalía (como sí hizo el resto de confesos) y solo ha atendido las cuestiones de su abogada.

“Crespo y Correa me propusieron firmar un documento puntual para facilitar ciertos movimientos de la compañía. Y, en contrapartida, yo me iba a ir a Cartagena de Indias (Colombia) para desarrollar un proyecto turístico”, ha asegurado Sánchez, que se ha presentado como alguien que fue utilizado por los cabecillas de Gürtel. “Yo no sabía casi nada. Firmé porque era mi primo y porque con Pablo Crespo tenía mucha confianza. Firmé con los ojos cerrados”, ha remachado.

La investigación concluyó que, tras un registro en 2008 en el despacho del asesor fiscal José Ramón Blanco Balín, la trama temía ser descubierta y comenzó a barajar nuevas “estrategias” para evitarlo. La red corrupta colocó entonces a Antoine Sánchez como testaferro para tratar de ocultar el “origen” y la “titularidad” del patrimonio del líder de la trama. “Correa cedió las sociedades Rustfield LTD, Clandon BV y Lubag NV a su primo, colocando a éste como beneficiario económico de las mismas”, escribió el magistrado José de la Mata al finalizar sus pesquisas sobre esta parte de la causa, centrada en las estructuras societarias urdidas por el grupo criminal para blanquear dinero procedente de sus actividades ilícitas (gran parte, de los negocios con el PP) y eludir los pagos a Hacienda.

Varios acusados confesos confirmaron esta tesis durante las sesiones del lunes y el martes, y apuntaron al primo de Correa, que se ha rendido finalmente y ha admitido su implicación. El asesor fiscal Blanco Balín, que ha declarado este miércoles justo antes que él, ha señalado en la misma dirección y ha ratificado que la intención del grupo era colocar a Antoine Sánchez como testaferro. Además, el testimonio de Blanco Balín tiene enorme valor, ya que fue uno de los arquitectos de la telaraña societaria de la trama: llevó la contabilidad de empresas, asesoró fiscalmente, constituyó mercantiles...

Blanco Balín, que también se sienta en el banquillo de los acusados, ya confesó su implicación en la trama poco antes del juicio, así como su vinculación con Correa y Crespo: “Desde el principio de la relación con ellos, me indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del PP, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”, expuso en un escrito enviado a la Audiencia Nacional. Este miércoles, el asesor fiscal ha ampliado esos datos a preguntas de Anticorrupción: “Me dijeron que tenían relación, principalmente, con los alcaldes de Pozuelo, Majadahonda, Boadilla...”.

Este último juicio del caso Gürtel se centra en la “compleja” telaraña societaria urdida por el grupo criminal para lavar dinero y eludir los pagos a Hacienda, de forma “masiva”, “permanente” y a escala “industrial” (según las palabras que usó el juez instructor De la Mata). 21 de los 25 acusados han confesado en busca de rebajas de penas. El tribunal había reservado cinco semanas para la vista oral, cuyo final se previó para el 20 de noviembre. Pero el magistrado Fernando Andreu ha anunciado que, después de que las partes hayan renunciado a muchos testigos debido a la masiva admisión de los delitos, se va a reorganizar el calendario y previsiblemente se reduzca.