La Fiscalía atribuye a Leire Díez un “plan delictivo” contra la UCO y Anticorrupción

La Fiscalía atribuye a Leire Díez, la exmilitante y excargo del PSOE imputada por cohecho y tráfico de influencias, el “liderazgo” de un supuesto “plan delictivo” para “desacreditar” a las cúpulas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de ”anular” y “malbaratar” investigaciones que “afectan a políticos y empresarios”. El ministerio público se pronuncia así en uno de los escritos incorporados al sumario abierto por el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, encabezado por el magistrado Arturo Zamarriego, que prevé interrogar a Díez el próximo 11 de noviembre tras desvelarse la grabación de una reunión donde ofrecía supuestos favores de la Fiscalía a cambio de datos comprometedores.

Estas primeras conclusiones de la Fiscalía infligen un revés a Díez, que ha tratado de desvincularse de cualquier irregularidad desde que estalló el escándalo el pasado mayo. “Soy periodista, no fontanera”, se defendió este septiembre en el Senado, en referencia al sobrenombre de “fontanera del PSOE” que se le ha puesto. La exmilitante socialista ha reiterado que ella se dedicaba a recabar “información sobre organismos del Estado en una determinada época” (las llamadas cloacas del Estado) y que, según ella, lo hacía motu proprio, nunca en nombre del Gobierno o de Ferraz.

Sin embargo, el relato preliminar del ministerio público se encuentra a años luz de la tesis de defensa. En uno de los escritos incorporados al sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía destaca que Leire Díez “inició una actividad continua y coordinada” con otras personas —como el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también imputados— con el objetivo de “desacreditar personal y profesionalmente” a los jefes de la UCO y de Anticorrupción. “Concertaron una serie de reuniones con personas que pudieran colaborar, a cambio de favores explícitos”, apunta la acusación.

El escrito de la Fiscalía añade: “El objetivo de los denunciados sería desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de anular o malbaratar las investigaciones de ambas instituciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”. El ministerio público considera “determinante” que Díez decía hablar en “nombre de altas instancias del Estado” para dar “credibilidad” a las presuntas “ofertas de soborno” que hacía: “Al presentarse a sí misma como una representante cualificada del PSOE”.

Las pesquisas contra Leire Díez, que está citada a declarar el próximo 11 de noviembre, se han ido expandiendo desde la apertura de la causa. El foco se puso en un primer momento en una reunión que la imputada, junto a Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, mantuvo con el empresario Alejandro Hamlyn, que está encausado por la Audiencia Nacional por un presunto fraude en hidrocarburos. Según se escucha en un audio de ese encuentro, Díez le pidió a Hamlyn trapos sucios de miembros de la UCO y de la Fiscalía, mientras le insinuaba que recibiría a cambio supuestos favores del ministerio público.

Pero, posteriormente, han salido a la luz más supuestas maniobras de la exmilitante socialista. Dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, denunciaron que el grupo bajo sospecha les había ofrecido favores a cambio de información comprometedora.

Según consta en el sumario, Stampa contó que una persona de su confianza le hizo llegar el mensaje de que el Gobierno quería contactar con él para “disculparse” por su abrupta salida de Anticorrupción (fue apartado de la fiscalía especializada tras una intensa campaña de descrédito contra él). Para ello, le pedían concertar una reunión a la que acudirían Pérez Dolset y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Pese a sus recelos, el fiscal dice que aceptó con “el fin de conocer sus verdaderas intenciones”. Y se produjo esa cita, a la que no acudió Cerdán, sino Pérez Dolset y Leire Díez.

“Fue Leire quien, de inicio, excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera”, narró Stampa a sus superiores al denunciar los hechos, cuando añadió que la militante socialista se definió como “la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales de Anticorrupción”. “La reunión duró más de tres horas y, durante todo ese tiempo, pretendieron demostrar tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno”, explicó Stampa, que expuso cómo se le preguntó por “irregularidades que pudiera conocer” de Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción; de José Grinda, también fiscal de esa área; y de Manuel García-Castellón, magistrado instructor de la Audiencia Nacional hasta su jubilación en 2024.

En un momento dado, Stampa asegura que les preguntó por qué se interesaban “ahora” por contactar con él. Y, según el fiscal, Peréz Dolset le contestó: “Cuando salió la imputación de Begoña [Gómez, esposa de Pedro Sánchez], Leire me llamó porque el presidente le había dado orden de limpiar, sin límite [...] La situación hay que revertirla, caiga quien caiga. Y eso es lo que ha dicho el presidente”.

Stampa afirma que Leire Díez también le dijo que el propio Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sabrían que se habían reunido.