José Luis Peñas dio hace dos décadas un paso que cambiaría su vida y la historia reciente de España. Este concejal del PP de Majadahonda (Madrid) comenzó a grabar en secreto al empresario Francisco Correa y a otros miembros de la trama Gürtel, con los que había trazado amistad. La iniciativa de Peñas, que en 2007 llevó a la Policía Nacional los audios que había recopilado, desataría un enorme terremoto político, que se cobraría la pieza mayor en 2018 (la caída del Gobierno de Mariano Rajoy tras la primera sentencia que condenó al partido conservador por beneficiarse de la red de corrupción); y cuyos ecos aún resuenan a día de hoy. A partir de este lunes, la Audiencia Nacional se dispone a poner el punto final al caso Gürtel con el comienzo del último juicio que queda pendiente, marcado por la confesión definitiva de sus principales cabecillas. “Se cierra así una etapa”, incide Peñas al echar ahora la vista atrás: “No me arrepiento de nada. Mil veces que naciera, mil veces que lo volvería a hacer”.

“Para mí es un orgullo ser el denunciante de esta trama”, prosigue el exedil popular, que recibió el pasado año un indulto parcial del Gobierno después de que la propia Audiencia lo condenase a casi cinco años de cárcel por beneficiarse de la red. “Lo único que siento es no haber podido demostrar al tribunal que yo no cogí dinero, que yo no estafé a nadie. Que yo estaba muy cerca de Gürtel, pero que yo no era Gürtel”, remacha Peñas al referirse a esa sentencia; que, pese al castigo, le reconocía su papel clave para sacar a la luz uno de los mayores casos de corrupción de la actual etapa democrática. Los datos así lo demuestran: a falta de conocer el resultado de la última vista oral que arranca este lunes, se han celebrado ya otros 11 juicios sobre la trama; se han dictado 22 sentencias (ocho de ellas, por el Tribunal Supremo); se han impuesto penas a 94 personas que suman más de 750 años de prisión...

Aunque la trascendencia de Gürtel se explica, sobre todo, por su alcance político. Los tribunales han declarado probado que Correa extendió sus tentáculos hasta el corazón del PP, que contaba con su propia caja b (administrada por el tesorero y gerente Luis Bárcenas durante casi 20 años) y que pagó con dinero negro la reforma de su sede nacional de la madrileña calle de Génova. Los conservadores financiaron irregularmente actos electorales, abrieron la puerta de Administraciones a la trama, amañaron contratos públicos... Los cargos populares (desde alcaldes a responsables orgánicos nacionales y autonómicos) y sus familiares condenados se cuentan por decenas.

“[Los miembros de la trama] tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones”, subraya Ramón Blanco Balín, uno de los asesores fiscales de la red corrupta, en un escrito de confesión que ha enviado este octubre a la Audiencia Nacional, de cara al último juicio sobre Gürtel, que se centra en la parte de las estructuras societarias urdidas para blanquear dinero y eludir los pagos a la Agencia Tributaria. Este exinspector de Hacienda, quien fuera amigo personal del expresidente José María Aznar, se encuentra entre la veintena de personas que se tendrá que sentar en el banquillo a partir de este lunes.

El tribunal ha reservado cinco semanas para la celebración del juicio, cuyo final se ha previsto para el 20 de noviembre y cuyo desarrollo —si no se modifica— coincidirá en el tiempo con la vista oral que acogerá el Tribunal Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “Este juicio es muy importante porque trata todo el asunto del dinero”, opina el exconcejal Peñas. Fuentes jurídicas insisten en esa idea: esta vista oral será menos trascendente desde el punto de vista político (ningún cargo importante se sienta en el banquillo, a excepción de Pablo Crespo, quien fuera mano derecha de Correa y ex secretario de Organización del PP gallego), pero las cifras de dinero que se analizarán resultan abrumadoras.

El juez instructor José de la Mata concluyó que, por ejemplo, Correa percibió casi 31 millones de euros por “su intermediación” en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto a otros ingresos, ocultó a Hacienda a través de “una compleja estructura societaria y financiera”, con ramificaciones en paraísos fiscales. El magistrado resumió así el funcionamiento de esta operativa criminal: “Francisco Correa constituyó y lideró desde finales de 1999 hasta 2009 un holding empresarial dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el PP. La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos, tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión. Para ello crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a Hacienda los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita”.

“El referido conglomerado empresarial se relacionaba con distintas Administraciones públicas, participando en diversos concursos de adjudicación de contratos de obras y servicios, singularmente (aunque no de modo exclusivo) en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia [gobernadas por Esperanza Aguirre y Francisco Camps]. En el ámbito de su actividad organizadora de eventos, lo hicieron para el Partido Popular, primero en Madrid y posteriormente en Valencia, incluyendo diversas campañas electorales”, remachó el instructor De la Mata en la resolución que daba por concluida su investigación antes de enviar a juicio esta parte del caso, donde reflejaba igualmente cómo el nivel de impunidad llegaba a que las empresas de la red corrupta se dedujeran como gastos los pagos a cargos públicos del PP, como los efectuados a Alberto López Viejo, consejero del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre; y a Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, respectivos alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Los tres han sido condenados a cárcel en otros juicios de Gürtel.

La cuenta ‘Soleado’

El último juicio de Gürtel comenzará este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), marcado por la confesión de sus principales cabecillas. Correa y Crespo, que disfrutan desde hace tiempo del tercer grado tras cumplir la mitad de su condena efectiva, han admitido las imputaciones en sendos escritos enviados al tribunal en las últimas semanas. También Blanco Balín. Pero no solo ellos. Según fuentes jurídicas, al menos una decena (de la veintena de acusados) ha hecho ya lo mismo en busca de un pacto con la Fiscalía para ver atenuadas las penas que reclaman para ellos: entre estos se encuentran José Luis Izquierdo, el llamado contable de la trama; y Javier Nombela, trabajador de Gürtel y exasesor en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta dinámica de confesiones, que abre la puerta a que se pueda reducir el calendario de esta última vista oral, evidencia que los corruptos ya se han rendido en Gürtel. Según un recuento elaborado por EL PAÍS, medio centenar de acusados ha alcanzado acuerdos con el ministerio público en los distintos juicios celebrados hasta ahora sobre la trama. En el penúltimo, que tuvo lugar este mismo 2025 y centrado en los sucios negocios urdidos en Arganda del Rey (Madrid), un único procesado rechazó admitir los hechos —de los 19 que se sentaban en el banquillo— y acabó condenado.

Fuentes jurídicas inciden en que se espera un último juicio de Gürtel de carácter muy técnico, que deberá navegar por esa “compleja” maraña mercantil de sociedades pantalla y testaferros; impulsada por la trama para blanquear de forma “masiva”, “permanente” y a escala “industrial” (según las palabras utilizadas por el juez instructor de la Mata). El propio Correa admite a día de hoy que la estructura adquirió tal dimensión que ni siquiera recuerda los nombres de algunas sociedades utilizadas.

De fondo, además, resonará la fuerte vinculación que tejió el grupo Correa con el PP. Gran parte de los ingresos blanqueados procedían de los negocios que se hicieron con el partido conservador, que se han dado por probado en otros juicios anteriores. Así lo detalla Blanco Balín en su último escrito de confesión: “[Correa] había obtenido mucho dinero, que sospecho que provenía de comisiones por adjudicaciones de campañas electorales financiadas por empresarios privados, que le permitían también intermediar con esos empresarios en temas de contratación pública y adjudicaciones”.

La parte de la investigación que se enjuicia desde este lunes abarca igualmente la famosa cuenta bancaria Soleado, en Suiza, y las vinculaciones de Francisco Correa con Dante Canonica —el director de la fundación panameña Lucum, a cuyo nombre se abrió la cuenta de Juan Carlos I en la banca ginebrina Mirabaud & Cie, en la que el entonces jefe del Estado recibió 64,5 millones de euros del Gobierno de Arabia Saudí— y Arturo Gianfranco Fasana —gestor externo de la cuenta del rey emérito—. “Arturo Fasana y Dante Canónica me fueron presentados por Blanco Balín“, cuenta el líder de Gürtel en su último escrito de confesión, donde remacha: “Blanco Balín me dijo que estaba protegido totalmente en la cuenta Soleado, donde, según él, había personas de máxima relevancia de España”.

La Audiencia Nacional se prepara así para cerrar una de las grandes etapas de corrupción que han sacudido el país. Pero habrá un epílogo en 2026, cuando el tribunal ha programado el juicio sobre la Operación Kitchen, la trama parapolicial de espionaje impulsada posteriormente desde el Gobierno de Mariano Rajoy para, presuntamente, tratar de robar documentación comprometedora a Luis Bárcenas con el objetivo de boicotear, precisamente, la investigación judicial sobre Gürtel.