El Gobierno ampliará los cursos de memoria histórica para profesores tras las restricciones impuestas en autonomías presididas por el PP

El Gobierno ha anunciado este viernes que ampliará la oferta formativa para el profesorado en materia de memoria democrática después de que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, como avanzó este periódico, haya cancelado uno de esos cursos al entender, según fuentes conocedoras del proceso de decisión, que tenían un “sesgo político”. Los ministerios de Educación y Política Territorial trabajan en un acuerdo para asegurar que los docentes puedan acceder a esa formación.

“Hoy, cuando algunos gobiernos regionales están recortando deliberadamente en la formación del profesorado en materia de memoria”, ha afirmado la comisionada para la celebración de los 50 años de la muerte de Franco, Carmina Gustrán, “posibilitar estas experiencias de construcción de la ciudadanía democrática es más importante que nunca”. “Es muy simple. Son cursos que fomentan los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos a través del conocimiento de nuestro pasado reciente. Nadie debería estar en contra de ello”, ha añadido.

Además de la de Madrid, también la Comunidad Valenciana, gobernada asimismo por el PP, ha limitado este tipo de iniciativas. La ley de memoria democrática, de octubre de 2022, establece que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, por lo que “las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática”. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó la semana pasada a la presidenta madrileña que dicha ley es “de obligado cumplimiento” en todo el territorio nacional.

La historiadora Carmina Gustrán, comisionada del Ejecutivo para la organización de los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco, ha anunciado la ampliación de la oferta formativa para los docentes en Pamplona, durante un encuentro de la Red Educativa de Memoria. La vicepresidenta navarra, Ana Ollo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones e instituciones para que la educación favorezca que “las nuevas generaciones tomen conciencia de lo sucedido y que no vuelva a repetirse”.

Desde el Fuerte de San Cristóbal, antigua cárcel franquista que vivió, en 1938, la mayor fuga de un penal en España —795 presos huyeron, pero de ellos 221 fueron ejecutados—, la consejera se ha dirigido especialmente a los jóvenes. “Os pido que cuando volváis a vuestras casas, habléis con vuestras familias, con vuestros amigos, y contéis que lo que aquí se produjo. Es necesario que plantéis cara con el recuerdo y la memoria a los bulos, las noticias falsas y las políticas negacionistas y revisionistas de la ultraderecha”, ha dicho. El Fuerte de San Cristóbal será declarado próximamente Lugar de Memoria.

El programa del encuentro de la Red Memoria se ha inspirado en la actividad Botellas de la libertad, que el Instituto Navarro de la memoria lleva años realizando con alumnos de la zona y cuyo nombre se inspira en las botellas con las que eran enterradas las víctimas del Fuerte de San Cristóbal, con su nombre dentro. Este viernes, un grupo de jóvenes ha seguido la ruta de los fugados del antiguo penal. Enrique Villareal, El Drogas, ha intervenido en el acto con una participación musical.

Historiadores han alertado de la necesidad y la complicación de competir contra las redes sociales y la popularidad de youtubers de extrema derecha que hacen apología del franquismo. El proyecto Escuelas con Memoria nació en 2016 impulsado por profesores de historia que detectaban en sus alumnos un déficit de conocimiento sobre ese periodo. El trabajo del Instituto Navarro de la Memoria ha sido reconocido por el Consejo de Europa, pero el tratamiento de la represión franquista en las aulas es muy diferente según el territorio. El PP, que gobierna 11 comunidades autónomas, se ha sumado a la tesis de Vox de que ese tipo de contenidos supone “adoctrinamiento”.