El Gobierno recuerda a Ayuso que la ley de memoria “es de obligado cumplimiento en todas las comunidades”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este viernes la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar un curso de formación al profesorado sobre cómo abordar el franquismo en las aulas. “Por supuesto que analizaremos lo que han hecho porque hay una ley de memoria democrática de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas”, ha afirmado el ministro. La norma, de octubre de 2022, establece que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, por lo que “las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática”.

El curso, según avanzó este periódico, pretendía “proporcionar herramientas al profesorado para desarrollar las competencias que permitan al alumnado valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en la historia de España mediante el análisis comparado de los distintos regímenes políticos para reconocer el legado democrático de la Constitución de 1978″. Según la Consejería de Educación del Gobierno madrileño, “no había sido validado por la dirección del centro”, pero según fuentes conocedoras de una reunión el pasado septiembre con la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza (DGBCE) de la comunidad, les comunicaron que se cancelaba por su “sesgo político”. De hecho, el curso, tal y como pudo comprobar EL PAÍS, llegó a estar accesible para inscripciones en la plataforma Innovación y Formación.

En la justificación del curso que los impulsores remitieron en febrero a las autoridades educativas se referían expresamente al “desconocimiento de buena parte de la población actual, y especialmente de jóvenes que se incorporan a la ciudadanía activa, del proceso que llevó a que la sociedad española recuperara las libertades y derechos democráticos”. Torres se ha referido este jueves a ese desconocimiento y cómo algunas encuestas señalan que un porcentaje alarmante de jóvenes aseguran que preferirían, en algunas circunstancias, el autoritarismo a la democracia. “El diseño curricular incluye que las aulas tienen que defender lo que significa el peligro de la regresión, la pérdida de las libertades y derechos, todo lo que se perdió durante 40 años de ausencia de democracia por un golpe de Estado ilegal”, afirmó el ministro. “No cabe en la cabeza de un demócrata que haya que obligar a esto por ley. Tendría que ser por convicción”, añadió. En una entrevista con este diario en 2024, el ministro aseguró que le ponía “los pelos de punta” el desconocimiento histórico" de los jóvenes.

La presidenta madrileña considera que la ley de memoria es “falsa, sectaria y autoritaria” y solo busca “blanquear al entorno de ETA”. Su oposición a la norma ya ha provocado varios rifirrafes con el Ministerio de Política Territorial, como la pugna por la colocación en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional, de una placa que recuerde que allí se practicaron detenciones ilegales y torturas durante la dictadura. El asunto ha llegado al Constitucional, que de momento, ha levantado la suspensión de la ley de Ayuso que buscaba dificultar la colocación de esa placa al entender el tribunal que el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática no había sido resuelto todavía.