El PP tergiversa un informe del letrado del Congreso para acusar a la Presidencia de ser un “árbitro comprado”

El PP está dispuesto a utilizar “todos los instrumentos” a su alcance y a acudir a “todas las instancias”, políticas y hasta judiciales para intentar revocar una polémica decisión adoptada en el pleno de la semana pasada por la Presidencia del Congreso. La Presidencia tumbó el debate de cuatro enmiendas del PP vetadas antes por la mayoría de la Mesa con una decisión controvertida que todavía colea. Los populares quieren hacer una causa total y democrática de ese precedente, que etiqueta como una “prevaricación” arbitraria de la Presidencia. El portavoz popular en la Cámara baja, Miguel Tellado, llegó a catalogar este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol y al vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de ser “árbitros comprados al servicio del Gobierno” de Pedro Sánchez.

En esa estrategia de ataque frontal a la Presidencia de las Cortes, el PP presentó varios peticiones de reconsideración de esa actuación y reclamó un informe por escrito del letrado mayor y secretario general de la Cámara, informe que atribuye a favor de sus tesis de una manera tergiversada. En realidad, el texto, que se debatirá este viernes en una nueva reunión de la Mesa, es mucho más matizado y reparte razones en contra del Gobierno por rechazar enmiendas aprobadas por el Senado por primera vez pero también contra el PP y la Cámara alta, donde los populares disponen de mayoría absoluta, porque sostiene que esas enmiendas nunca deberían haber llegado al Congreso.

Lo de menos en esta farragosa disputa son las cuatro enmiendas en cuestión bloqueadas (a la ley de pérdidas y desperdicios alimentarios sobre la rebaja del IVA al 2% de alimentos básicos hasta final de año y del régimen de retribución transitorio para las plantas de cogeneración de purines que hayan finalizado su vida útil). El PP quiso hacer causa de las formas con las que la mayoría de la Mesa, los cinco miembros del PSOE y Sumar frente a los cuatro del PP, rechazaron incluir su debate en el orden del día del pleno de la semana pasada y aún más de las maneras con que el entonces presidente del Congreso en funciones, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, despachó la situación al no permitir un aplazamiento de la discusión de ese asunto, que respaldaron entonces también Junts y ERC por otras razones. El PP expresó ese rechazo ya entonces, en medio del pleno, aporreando desde sus escaños contra la actitud del vicepresidente. Una semana más tarde, mantiene esa tensión avanzando todo tipo de posibles recursos judiciales y políticos en la propia Mesa, escritos de reconsideración de la decisión y exigencias de un informe no verbal del letrado mayor, Fernando Galindo, que los populares llevan días argumentando que refrendó jurídicamente solo sus posiciones; una verdad a medias.

El letrado mayor y secretario general de la Cámara, hasta ahora muy cuestionado por el PP desde su nombramiento, les dio la razón a los miembros de la Mesa del PP en parte y así figurará su postura en el acta de esa reunión que se verá y tendrá que ratificar en la reunión de ese órgano de este jueves. El letrado, además, refrendará en esa cita por escrito lo que el martes de la semana pasada expresó oralmente cuando subrayó, de entrada, que el Senado donde el PP impulsó y aprobó con su mayoría absoluta esas cuatro enmiendas hizo mal al inadmitir el veto que ya había presentado el Gobierno contra las mismas al negar al Ejecutivo su facultad constitucional establecida en el artículo 134.6 de la Constitución, que estable esa posibilidad para “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. La Mesa del Congreso se agarró a ese supuesto.

El Secretario General del Congreso también expresó entonces, y lo rematará este viernes en su informe oficial, que el Gobierno no debería haber vetado esas enmiendas una vez pasaron ese filtro y llegaron desde el Senado porque entiende que la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional es clara en el sentido de que es la Mesa de cada Cámara la que tiene que verificar si se dan los requisitos o no para que el Gobierno pueda ejercer esos vetos presupuestarios en esa fase. Algo que no había sucedido nunca hasta ahora en más de 40 años de vigencia del Reglamento de la Cámara.

Todo este debate, entre técnico, político y reglamentario, le sirvió este martes al portavoz del PP, Miguel Tellado, para escalar otro peldaño más en sus ataques desde el primer día de esta legislatura contra la Presidencia del Congreso y muy particularmente contra Armengol, a la que achaca ser “el felpudo” de Sánchez y haber permitido con la actuación de su vicepresidente la semana pasada cometer un delito de “prevaricación en vivo y en directo” en lo que considera que no es un hecho aislado en su intención de “pisotear los derechos de 350 diputados”. Tellado acabó afirmando que Armengol y Gómez de Celis son “árbitros comprado al servicio del Gobierno de Sánchez”.