“Fíjate ahora en lo que va a pasar”. Así anticipaba este jueves un diputado del PP en los pasillos del hemiciclo el giro de guion que llegó después y que pilló por sorpresa al Gobierno. Después de haberse mostrado a favor de la Agencia Estatal de Salud Pública durante su tramitación parlamentaria, populares y Junts tumbaron juntos —tras mantener contactos previos— el organismo del Ministerio de Sanidad en una rocambolesca votación del Congreso. El movimiento de ambas formaciones se orquestó como protesta a la eliminación anticipada de las enmiendas de otra ley distinta, incorporadas y aprobadas previamente en el Senado, pero que recibieron el veto de La Moncloa porque afectaban a los presupuestos. Ambas potestades —la aprobación de enmiendas en la Cámara alta y el veto por afectación de las cuentas públicas— están amparadas por la Constitución. La colisión de ambos derechos provocó una situación tan inédita en democracia que hasta el letrado mayor de la Cámara baja, Fernando Galindo, no tenía claro si era posible o no imponer por parte de Hacienda el veto, según fuentes socialistas de la Mesa presentes en la deliberación.

“Es una cosa extrañísima que no había pasado nunca. De fondo, es un juego perverso”, señalan otras fuentes del gabinete de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En el lado opuesto, los populares acusan al Gobierno de “prevaricar” haciendo uso del órgano de gobierno de la Cámara baja con un movimiento que consideran inconstitucional. “La gravedad de esta actuación no tiene precedentes, por ser contraria a las normas del proceso parlamentario”, se quejó el presidente del Senado, Pedro Rollán, en una dura carta dirigida a Armengol un día antes del debate. No era la primera vez en esta legislatura que la cuarta institución del Estado y la tercera se cruzaban misivas con posiciones encontradas.

Los puentes entre las dos sedes del Parlamento están completamente volados tras año y medio de legislatura por una distribución de fuerzas endiablada: con PSOE y Sumar sostenidos por los socios de investidura —y peleando cada negociación— en el Congreso y con el PP con total control sobre el Senado gracias a su mayoría absoluta. La inestabilidad en las votaciones, en muchos casos imprevistas, se acentúa con un Junts asestando golpes o fraguando pactos a conveniencia —e in extremis—. Un gazpacho parlamentario que ha desembocado en episodios con los partidos mirando con lupa el Reglamento de las Cámaras, retorcido a su antojo, además de continuos recursos ante el Tribunal Constitucional por escenarios hasta el momento inexplorados. Y con la bronca llevada hasta el extremo en el hemiciclo.

03:05

Así ha sido la bronca entre Miguel Tellado (PP) y el vicepresidente del Congreso

Está previsto que, este martes, las actas de la reunión de la Mesa del Congreso de la semana pasada, en la que PSOE y Sumar levantaron las enmiendas que afectaban al presupuesto, revelen cómo fueron las tensas conversaciones. El siguiente capítulo llegará próximamente, cuando la parte socialista del Gobierno use el mismo argumento para tratar de imponer un veto a las proposiciones de ley impulsadas por Sumar y PP que pretenden eximir al Salario Mínimo Interprofesional de la tributación al IRPF, alegando que afectaría a las cuentas públicas. Algo a lo que se opone el departamento de Hacienda. Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrentará a la contradicción de levantar ese veto votando junto a los populares en la Mesa de la Cámara baja cuando su formación apoyó al mismo tiempo esta semana lo contrario: el veto al movimiento del PP y de los independentistas bajo el mismo razonamiento de que las enmiendas afectaban a las cuentas públicas.

Algunos conflictos han acabado ya con recursos ante el Tribunal Constitucional. La primera decisión del órgano de garantías llegó hace 10 días, cuando declaró inconstitucional la reforma del Reglamento de la Cámara alta que el PP aprobó en noviembre de 2023 para dilatar la tramitación de la ley de amnistía. En dicha resolución, los magistrados piden aplicar “rigor” y “sentido común” en otra reforma del Reglamento que los populares promueven ahora y que supone una modificación profunda del rol de la Cámara alta. El Constitucional destaca además la preeminencia del Congreso sobre el Senado en el proceso legislativo conforme a la Constitución. La toma en consideración de la propuesta de reforma del PP se debatirá el 8 de abril. Un pleno que se espera de alto voltaje con la oposición frontal del PSOE, que en el Congreso también ha promovido dos reformas durante esta legislatura: para introducir las lenguas cooficiales, como parte de las cesiones a los socios de investidura, y una última para poner coto a los activistas ultras en la Cámara baja, que ha contado con el apoyo de todas las formaciones excepto PP y Vox.

Arranca la comisión de la dana en el Senado

Entretanto, este lunes arranca en el Senado, fortín del PP, la comisión de investigación de la dana. Los primeros en comparecer serán el profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València Juan Bautista Marco y el catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València Félix Ramón Francés. A los que se sumarán este martes el arquitecto director del estudio de arquitectura Perretta, Julio Gómez-Perretta de Mateo, y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana Javier Machí Felici.

Los populares pretenden incidir en las infraestructuras competencia del Gobierno central y en la responsabilidad exclusiva de La Moncloa, dejando fuera de la comisión a los dirigentes de la Generalitat Valenciana. A excepción del president, Carlos Mazón, porque el jefe del Consell pidió motu proprio acudir al Senado. El PP ha negado al PSOE, sin embargo, la solicitud de asistencia de la periodista con la que comió el barón popular el día de la dana. Por contra, llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el Congreso, otra comisión de investigación sobre la tragedia de Valencia sigue su curso, con la agenda marcada por el Gobierno y sus socios. El PSOE ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En las próximas semanas se espera además en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, impulsada por el PP, la comparecencia de las mujeres a las que se ha relacionado con el exministro José Luis Ábalos. Se trata de Jessica R., Claudia M., Andrea T. y Nicole N. Los populares las subirán al banquillo de la Cámara alta y las someterán al interrogatorio de los senadores después de haberlas referido a ellas de manera reiterada en el hemiciclo como las “prostitutas” del exdirigente socialista.