El PSOE llamará a Feijóo a declarar ante la comisión de la dana en el Congreso

Macarena Montesinos, secretaria del grupo popular en el Congreso y diputada por Alicante, agotó sus ocho minutos de intervención ante el pleno del Congreso repartiendo responsabilidades por la dana: un “presidente del Gobierno cobarde que huyó del pueblo”, una vicepresidenta (Teresa Ribera) que estaba “procurando un puesto millonario en Europa”, la Confederación Hidrográfica, la delegada del Gobierno, los partidos de izquierda que aprobaron en su día la “criminal” ley proteccionista de la huerta valenciana… En definitiva, otra calamidad de ese sanchismo “que se aferra al poder a cualquier precio”. En esos ocho minutos en la tribuna de oradores del Congreso, consumidos entre las entusiastas ovaciones de la bancada popular, Montesinos evitó un nombre: no citó ni una vez al president valenciano, Carlos Mazón. Ni para situarlo junto a los demás responsables ni para defenderlo de los durísimos ataques que había recibido del resto de oradores.

El Congreso acordó este jueves crear una comisión para investigar la gestión de la dana tras un debate que acabó en medio de la algarabía. Los populares desplegaron la coreografía habitual para escenificar el cierre de filas ante un asunto espinoso: aplausos constantes interrumpiendo a su compañera mientras esta desgranaba los argumentos contrarios a la comisión indagatoria y ovación de gala final, con prácticamente toda la bancada puesta en pie. Los diputados de Sumar replicaron con gritos de “¡Mazón, dimisión!”, mientras golpeaban sus pupitres, protesta a la que se unieron algunos socialistas y de ERC.

Justo en ese momento, en medio del jaleo, entró al hemiciclo Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que llegaba para votar tras haber comparecido ante la prensa a fin de comentar su encuentro con Pedro Sánchez en La Moncloa. Feijóo va a ser ahora uno de los objetivos de los socialistas en la comisión, cuyos trabajos no se iniciarán probablemente hasta después de Semana Santa. La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, anunció ante los medios, concluido el debate, que su grupo reclamará el testimonio de Feijóo en la comisión para que explique cómo Mazón lo mantuvo informado “en tiempo real” sobre la evolución del desastre. Morant subrayó que, aunque el líder del PP dijo eso a los pocos días de la trágica dana, no aparece entre los destinatarios de las llamadas del presidente de la Generalitat que este mismo ha divulgado.

La iniciativa de la comisión partió de Sumar, los dos grupos independentistas catalanes y Podemos, a la que se unieron todas las demás fuerzas que habitualmente apoyan al Gobierno: PSOE, EH Bildu, PNV, CC y BNG. En contra se situaron PP y Vox, que, además de cargar contra la actuación del Gobierno, alegaron que ya están en marcha otras comisiones en las Cortes valencianas y en el Senado, cámaras con mayoría de la derecha. UPN, que suele votar con el bloque conservador, se abstuvo esta vez.

“Hablo con la rabia y la vergüenza que me acompañan desde el 29 de octubre [día de las riadas]”, proclamó al presentar la propuesta Àgueda Micó, diputada de Compromís, integrada en Sumar. Micó vapuleó minuciosamente a Mazón, no solo por su ausencia en las horas centrales del desastre, sino por no haber pedido aún disculpas a las víctimas y por aprovechar los trabajos de la reconstrucción para adjudicar contratos a “empresas de amiguetes”. La dirigente de la formación nacionalista valenciana se dirigió a la bancada popular, con mención expresa a Feijóo: “Mazón carga con 228 muertes, pero ustedes son cómplices de esa actuación criminal”.

Micó también tuvo sus críticas para al PSOE por rehuir una moción de censura en las Cortes Valencianas. Según ella, esa iniciativa serviría, entre otras cosas, para poner en evidencia que es la “derechita cobarde” de Vox la que sostiene a Mazón. Micó echó en cara a los socialistas que propongan como única vía que el presidente autonómico “convoque elecciones contra él mismo”. Morant, que, al no ser diputada autonómica, no podría encabezar esa moción, insistió en reclamar nuevos comicios ante al “clamor atronador” de las calles valencianas. Y defendió que, dado el respaldo de Vox a Mazón, presentar una iniciativa condenada al fracaso solo contribuiría a “generar más frustración”.

Teresa Jordà, de ERC; Isidre Gavin, de Junts, y Javier Sánchez Serna, de Podemos, también clamaron por la marcha del presidente autonómico y apelaron a los autos “demoledores”, en definición de la republicana, de la juez de Catarroja que investiga la catástrofe. Mikel Otero, nuevo diputado de EH Bildu que se estrenaba en la tribuna, abundó en las cuestiones ambientales y conminó a la derecha a “tomarse en serio la emergencia climática”.

La posición de Vox la expuso el siempre enérgico y profuso en adjetivos Ignacio Gil-Lázaro, el diputado más veterano de la Cámara, que comenzó calificando la reacción de la Generalitat ante la emergencia de “tardía, errónea, ineficaz e insuficiente” para de inmediato centrarse en Sánchez. A este lo acusó de “inacción criminal” recurriendo como argumento de autoridad a unas recientes palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, quien denunció que los valencianos se habían sentido “desamparados”. Conclusión: “Mazón tiene que irse inmediatamente, pero al día siguiente de que se vaya Sánchez”.

La semana parlamentaria concluyó con buenas noticias para el Gobierno, necesitado de revitalizar su agenda legislativa tras el parón navideño y el tira y afloja sobre la cuestión de confianza de Junts. El Ejecutivo logró despejar el camino para la tramitación de la ley de Economía Social, promovida por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz —en este caso con la abstención del PP—, y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obra del departamento de Justicia de Félix Bolaños, para, entre otras cosas, ceder a los jueces la potestad de determinar la edad de los inmigrantes que se declaran menores. El PP ganó otra pequeña batalla al conseguir que se aprobase, gracias a la abstención de Junts, una moción contra el “infierno fiscal” propiciado por el Gobierno.