Los ‘lobbies’ siguen influyendo en secreto en las leyes pese a la norma que lo prohíbe

¿Quién se reúne con quién para influir en qué? La pregunta, esencial para la transparencia del proceso legislativo, no tiene respuesta en el caso de la sede de la soberanía en España. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha constatado que un manto de opacidad cubre la relación de los lobistas con los miembros del Congreso y el Senado. En un informe sobre 2024, el organismo encargado de velar por el cumplimiento del Código de Conducta de ambas cámaras advierte de un extendido incumplimiento de la obligación de sus señorías de informar sobre los contactos con representantes de los llamados “grupos de interés”. “Rara vez”, señala el informe, publican este tipo de encuentros, pese a la norma que los obliga. Es el cuarto año seguido en que la Oficina recuerda por escrito a los parlamentarios esta obligación.

En octubre de 2020, con las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop como presidentas del Congreso y el Senado, respectivamente, las mesas de ambas cámaras aprobaron el Código de Conducta de las Cortes con el objetivo de “reforzar la confianza” de la ciudadanía mediante “altos estándares de integridad y transparencia”. El movimiento daba respuesta al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el conocido como GRECO, que había recomendado la aprobación de un texto así en España. La norma establece medidas para evitar conflictos de interés, detalla los elementos que hay que consignar en las declaraciones económicas, prohíbe recibir regalos de valor superior a 150 euros, fija la obligación de publicar una reseña de datos personales, académicos y profesionales... Y aborda el espinoso asunto de los lobbies.

Lo hace en el artículo 6.2, que recoge la obligación de los diputados y senadores de hacer pública su agenda institucional, “incluyendo en todo caso” las reuniones con representantes de “grupos de interés”. Así es como se hace ya en la Unión Europea, donde además hay un registro de lobbies que el Código de Conducta de las Cortes no prevé. Aunque la norma española no lo especifica, la obligación afecta a cualquier reunión con lobistas, no solo a las celebradas en las instalaciones del Congreso o el Senado, señala una fuente parlamentaria. “Interpretar que las que tengan lugar fuera no se incluyen carecería de sentido porque abriría una puerta para eludir la norma. Más dudas genera si se incluyen conversaciones telefónicas o comunicaciones por mensaje”, explica.

El Código fija una definición de “grupo de interés, lobby o lobista”, que sería cualquier persona o entidad que se comunique con un parlamentario —o con personal a su cargo— intentando “influir” en una ley “en favor” de algún interés. En esa definición entra desde un enviado por un gigante del Ibex preocupado por una regulación, hasta un empleado de una consultora actuando en representación de un cliente —sea grande, mediano o pequeño—, pasando por un ecologista que defiende la elevación de las exigencias medioambientales de una norma.

Sobre el papel, con el Código quedaban prohibidas las reuniones sin publicidad —es decir, en secreto— entre parlamentarios y lobistas. Pero solo eso, sobre el papel. En la práctica, y según se concluye del último informe de la Oficina, los lobbies siguen influyendo en leyes sin que quede rastro de sus contactos.

“Altamente improbable”

Desde la aprobación del Código, la Oficina de Conflicto de Intereses elabora cada año un balance sobre su cumplimiento. No es un informe detallado, ni señala a parlamentarios ni grupos en particular. Es más bien un diagnóstico general. En el primero, sobre 2021, el organismo atribuía al escaso tiempo para la adaptación la tímida acogida de la obligación de detallar la agenda más allá de las reuniones orgánicas —plenos, comisiones, subcomisiones, juntas de portavoces, reuniones de las mesas— y asumía que sería necesario “desarrollar acciones” para incentivar la respuesta. La Oficina expresaba su confianza en que el futuro cumplimiento del Código serviría para evitar una influencia “oculta, indebida o extralimitada” de los “grupos de interés”. A pesar de que el tono era indulgente, el informe incluía por primera vez un recordatorio a los parlamentarios de su “obligación” de informar de sus reuniones con lobistas.

El balance de 2022 ya fue más duro. Al terminar aquel año, solo 24 diputados —de 350— y 15 senadores —de 266— recogieron en sus agendas “reuniones o actividades distintas de las puramente orgánicas”. En total, ni el 7%. Además, recalca la fuente parlamentaria ya citada, esas reuniones incluyen las que se tienen con lobbies, pero no solo esas, sino también con otras organizaciones que no encajan dentro de la definición de grupo de interés. La Oficina repetía el recordatorio de la “obligación” de transparencia y hacía un añadido sobre lo que ya veía un “claro punto de mejora”: “Se hace difícil dar por bueno, al parecer altamente improbable, un resultado como el que arroja la comprobación de las agendas de los/as parlamentarios/as”.

Al año siguiente, en 2023, las cosas no mejoraron. La Oficina, que recordaba por tercera vez a sus señorías su “obligación” de informar de sus tratos con lobistas, no dio datos concretos sobre el número de parlamentarios que publicaban reuniones más allá de las orgánicas, pero sí señalaba que eran “minoría” y que en el Congreso incluso habían bajado con respecto a 2022.

Incumplimiento impune

Así quedaron las cosas hasta el informe sobre 2024, firmado el 7 de febrero de este año por José Antonio Moreno, director de la Oficina, y publicado este miércoles. Su diagnóstico es sombrío. Al cierre del año pasado, volvían a ser “minoría” en ambas cámaras, “a pesar de las recomendaciones” de “todos los informes anteriores”, quienes publican reuniones al margen de plenos, comisiones y demás actividad orgánica. Concretamente, son 46 diputados (13,14%) y 64 senadores (24,06%). En total, un 17,85% de los parlamentarios.

Al igual que en 2022, en ese porcentaje se incluyen las reuniones con “grupos de interés”, pero no solo esas, sino cualquiera que exceda las puramente “orgánicas”. De hecho, del informe se desprende que incluso en los casos en que se publican reuniones no orgánicas, las mantenidas con lobistas son minoría. Las anotaciones, señala la Oficina, se refieren “frecuentemente a asistencia a actos” y “rara vez” a reuniones con “grupos de interés” u otro tipo de entidades. Por cuarta vez, la Oficina recuerda a los parlamentarios su “obligación” de informar de estos contactos. “Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que estos datos reflejan cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las cámaras”, concluye, en una fórmula similar a la de 2022.

El incumplimiento de la norma de 2020 que detecta la Oficina no ha implicado represalia alguna contra ningún parlamentario. Aunque el Código dedica su artículo 9 a “infracciones y sanciones”, hacer efectivo cualquier castigo exigiría un desarrollo reglamentario que no se ha producido, indica la fuente parlamentaria.

‘Lobbies’ en el punto de mira

El informe de la Oficina de Conflicto de Intereses llega justo cuando los lobbies están en el punto de mira. El Consejo de Ministros aprobó en enero el anteproyecto de ley de grupos de interés, que la legislatura pasada —la del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos— se quedó en el tintero y el Ejecutivo del PSOE y Sumar ha retomado. De hecho, la ley está prevista en el Plan de Acción por la Democracia de septiembre del año pasado, resultado de los días de reflexión sobre su futuro que se tomó el presidente, Pedro Sánchez, antes de anunciar que seguía en su cargo y que impulsaría un programa de reformas.

Pero la ley ahora en tramitación solo afecta a la Administración General del Estado, no a las Cortes. Las medidas para incrementar la transparencia en el Congreso y el Senado, aunque también figuran en el Plan de Acción por la Democracia, competen a las propias cámaras, no al Ejecutivo. El Congreso ya está avanzando en esta tarea con el llamado Plan de Parlamento Abierto. El texto de partida del plan, que establece medidas para reforzar la transparencia del proceso legislativo pero no prevé un registro de lobbies, está ahora en proceso de incorporación de demandas realizadas por ciudadanos y asociaciones. Después deberá pasar por la Mesa del Congreso, indica una fuente parlamentaria, que señala que su puesta en práctica podría implicar —no es seguro— una reforma de sus reglamentos. No son reformas fáciles. En 2021 el PSOE presentó una propuesta en el Congreso que no llegó a materializarse.