La regulación de los ‘lobbies’: 28.000 entidades y personas tendrán que registrarse como tales

En los correos de los diputados del Congreso se reciben decenas de comunicaciones como esta: “Nos ponemos en contacto con usted para hacerle partícipe de nuestra preocupación ante posibles modificaciones legislativas que impactarían directamente en nuestro sector y perjudicarían nuestra actividad en la provincia que usted representa”. El texto viene firmado por una compañía de bebidas alcohólicas y una consultora que se define sin rodeos como un “lobby”. Solicitan una reunión con el diputado.

Por los pasillos del Congreso y de los ministerios circulan a diario esos personajes discretos —muchos expolíticos— que representan a los lobbies, término traducido a menudo como grupo de presión. Actúan en nombre tanto de grandes sectores económicos como de colectivos sociales. Entre los miembros de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los lobistas, figuran desde un gigante farmacéutico como AstraZeneca hasta la ONCE o la Asociación de Lucha contra el Cáncer. “De Netflix a Amnistía Internacional”, resume un diputado el abanico de quienes llaman a su puerta. O trabajadores de empresas en crisis, añade otro.

El Parlamento europeo dispone desde 2011 de una regulación que obliga a publicar todos los contactos de los diputados con esos grupos. En España persiste un agujero legal. Hubo dos intentos en la anterior legislatura que no llegaron a culminar. Ahora el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Transformación Digital, que ha entrado esta semana en el Congreso. El texto adopta la denominación “grupo de interés”. Y ahí incluye a “las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica” que “lleven a cabo actividades de influencia” sobre altos cargos y personal de confianza de los Ministerios.

La ley obligaría a inscribirse en un registro público para desarrollar tales actividades. El Ministerio que dirige Óscar López calcula que las entidades y personas inscritas podrían llegar hasta 28.000, extrapolando los datos de dos comunidades que ya disponen de registros: Cataluña (5.928) y Comunidad Valenciana (1.474). El proyecto deja fuera a sindicatos, patronal y colegios profesionales.

La otra gran novedad sería la implantación de la llamada “huella normativa”, que obligaría a que los ministerios hiciesen constar en sus proyectos los contactos mantenidos con los grupos de interés y las aportaciones que hayan incorporado. Se prevén sanciones en caso de incumplimientos que pueden llegar hasta la prohibición temporal de las actividades.

“La diferencia entre que haya regulación o no es que las cosas se hagan a la luz o en los reservados de los hoteles”, sentencia un socio de una de las grandes consultoras madrileñas. “Este trabajo se tiende a criminalizar si permanece en la zona oscura”, conviene el presidente de APRI, Carlos Parry, quien saluda la iniciativa como una oportunidad de “fortalecer nuestra democracia” y “ayudar a la lucha contra la corrupción”. Frente a la idea de que los lobbies actúan como instrumento para imponer intereses privados sobre los públicos, Parry los defiende como una manera de transmitir demandas sociales y de mejorar las leyes: “Los que tienen que tomar las decisiones no saben de todo. Y nosotros les llevamos informes, les exponemos argumentos, les podemos sugerir que corrigiendo una frase se van a evitar determinados problemas…”. Cargos del Gobierno coinciden en que prefieren esa relación formal frente a los que usan “la vieja costumbre española de tirar de agenda de contactos” o envían mensajes a través de “personajes secundarios”.

Las presiones de las grandes compañías pueden llegar por otros cauces y de forma nada discreta. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, escribió un artículo amenazando con frenar inversiones si se mantenía el impuesto a las energéticas. Semanas después, el Congreso lo anuló con los votos de PP, Vox, Junts, PNV y UPN. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, mantuvo un durísimo pulso con compañías aéreas que ha desembocado en la multa de 150 millones a Ryanair, Vueling, Volotea y EasyJet por cobrar el equipaje de cabina. El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, reaccionó llamándole “loco comunista”. Al frente de un departamento cuyas decisiones pueden afectar a muchos sectores económicos, Bustinduy defiende la necesidad de hacer transparente la relación con los lobbies: “El poder se mueve mejor en la informalidad, en la opacidad. La presión política sobre la toma de decisiones es inversamente proporcional a la transparencia”.

Parlamento abierto

Del proyecto del Gobierno queda fuera el Congreso. Allí el grupo socialista presentó en 2021 una propuesta de reforma del Reglamento que no avanzó. Existe un código de conducta de los diputados que, entre otras cosas, les obliga a hacer pública su agenda. Casi nadie lo cumple, por falta de medios, alegan algunos. En los próximos días, el Congreso debe presentar un plan llamado de Parlamento Abierto por el que viene clamando la plataforma Ampliando Democracia, constituida por 18 entidades sociales. En un primer borrador la Mesa de la Cámara ya planteaba implantar también la huella legislativa, que comprometería a todos los grupos.

Las entidades reunidas en Ampliando Democracia han presentado numerosas aportaciones para añadir a un documento que, en palabras de Javier Pérez, de la ONG Political Watch, resulta “muy descafeinado”. Reclaman medidas firmes para evitar que los diputados incumplan obligaciones como la de divulgar sus contactos.

El proyecto va mucho más allá: lograr que el Congreso “se abra a la vigilancia ciudadana”. La Cámara se ha comprometido a otras medidas, como abrir una sede electrónica o divulgar los votos de cada diputado en las comisiones (ahora solo se publican los de los plenos). Political Watch —que ha creado una web propia, Qué hacen los diputados— plantea iniciativas ensayadas en otros países como las convenciones ciudadanas, que reúnen periódicamente a grupos de personas anónimas para hacer aportaciones a algún debate candente. También urge a dotar de medios a la Comisión de Peticiones para dar cauce real a demandas ciudadanas, como ocurre en el Parlamento europeo. Pérez espera que esta vez no prevalezca la “desconfianza sobre el valor y la eficacia de la apertura a la ciudadanía”.