La número dos del PSOE de Madrid afirma que recibió los datos de la pareja de Ayuso de periodistas y que solo los envió a Juan Lobato

Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE de Madrid y antigua asesora del actual ministro Óscar López en su etapa como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha asegurado este miércoles en el Tribunal Supremo que no recuerda quién le envió el pantallazo con el contenido del correo vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por cuya filtración se investiga al fiscal general del Estado, pero que le llegó de periodistas que cubren la información regional de Madrid. Fuentes del caso señalan que Sánchez Acera ha desvinculado de la filtración a La Moncloa y a la Fiscalía General y ha asegurado que ella solo envió a Juan Lobato un documento que contenía los mismos datos que el email que centra la investigación, pero que no tenía fecha, ni destinatario ni formato de correo. Según fuentes del caso, Sánchez Acera ha asegurado también que cambió de terminal de teléfono tras salir de La Moncloa, en septiembre pasado, y que, en el proceso, se eliminó todo el contenido del anterior dispositivo.

El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta a García Ortiz, había citado como testigo a Sánchez Acera después de que Lobato declarara que fue ella quien le envió un mensaje con el contenido el correo del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal, que acabó filtrado a la prensa en marzo de 2024. En ese mail, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. Varios medios publicaron el contenido del correo entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14, pero cuando Sánchez Acera se lo mandó a Lobato, a las 8.29, el correo electrónico no había sido reproducido todavía en ningún medio, lo que le sirve a Hurtado para sostener que el correo llegó al PSOE y La Moncloa directamente desde la Fiscalía General.

Sánchez Acera, según fuentes del caso, ha defendido que no recibió instrucciones de La Moncloa para mover el documento que le llegó a ella que, ha asegurado, no era el correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía, sino otro documento que contenía los mismos datos y que también había sido enviado por el letrado al ministerio público. Durante la declaración, según fuentes del caso, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha mostrado la primera hoja de la propuesta de conformidad penal enviada por el abogado a la Fiscalía y ha preguntado si se trataba de ese documento. Sánchez Acera, según las fuentes consultadas, ha señalado que sí.

La número dos del PSOE madrileño ha asegurado que no recibió órdenes de La Moncloa para mover ese documento y que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del Partido Socialista de Madrid, y, por lo tanto, como número tres de Lobato. Las fuentes consultadas señalan también que Sánchez Acera ha explicado que cambió de terminal de teléfono móvil cuando se fue de Moncloa, en septiembre pasado, antes de que encausaran al fiscal general y de que Lobato registrara ante notario su conversación con ella. La actual número dos del PSOE madrileño también ha precisado que en ese cambio se borró el contenido del terminal y de la tarjeta SIM por seguridad porque en ellos almacenaba información de su anterior cargo en el gabinete de Presidencia del Gobierno, por lo que no conserva los mensajes anteriores.

Según ha explicado, en un principio mantuvo el número de teléfono y la SIM, pero los ha acabado cambiando cuando su teléfono apareció publicado en el acta notarial del registro que hizo Lobato de la conversación entre ambos. Fuentes del caso señalan que una de las acusaciones ha preguntado si conserva la anterior SIM y estaría dispuesta a entregarla en el Supremo, a lo que Sánchez Acera ha contestado que la conserva y que la entregaría si el juez se la requiere. Hurtado ha dicho que no lo consideraba oportuno en este momento.

El juez también ha tomado declaración este miércoles a quien fuera secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Hurtado lo ha citado porque el informe de la UCO sobre el teléfono de Lobato recogía conversaciones entre ambos sobre el correo del abogado de la pareja de Ayuso, pero, según fuentes del caso, Vallés ha asegurado que nunca tuvo ese documento y que solo envió a Lobato enlaces de noticias referidas al mismo. El exsecretario de Estado ha afirmado incluso que no tenía inconveniente en enseñar la conversación con el exlíder del PSOE de Madrid y, aunque ha explicado ha cambiado de móvil, ha precisado que esos mensajes los conserva.

Con estas declaraciones, el instructor ha retomado una línea de investigación que abrió después de que el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, registrara ante notario una conversación de WhatsApp que mantuvo el pasado 14 de marzo con Sánchez Acera, que en ese momento era la jefa de Gabinete de López, en la que esta le enviaba el mail del abogado de la pareja de Ayuso para que lo usara durante el pleno de la Asamblea previsto ese día. Cuando se produjo esa conversación, varios medios hablaban ya de la existencia de ese correo, en el que el letrado ofrecía a la Fiscalía un pacto que implicaba que su cliente admitiera la comisión de dos delitos fiscales a cambio de que no se le obligara a entrar en prisión. Pero en ese momento, el mail todavía no había sido reproducido por ningún medio, por lo que el juez sostiene que a Moncloa se lo filtró directamente la Fiscalía General.

Cuando citó como investigado al fiscal general, Hurtado aseguró que una copia del correo, además de filtrarse supuestamente desde el ministerio público a varios medios de comunicación, había “salido” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta la web El Plural, que lo publicó el 14 de marzo de 2024 por la mañana. “Llegado [ese correo] a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él con una clara finalidad política”, añadió el juez, sin aclarar en qué indicios se basaba para concluir que el ministerio público había hecho llegar ese documento a La Moncloa.