El PP reclamó a un preso del 11-M en el Congreso para fomentar la teoría de la conspiración

Mohamed Houli, uno de los tres yihadistas condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 y que el pasado jueves compareció en una comisión de investigación del Congreso, fue el protagonista de un “hito en la escalada de degradación democrática” que Pedro Sánchez está provocando en España, según denunció ese día la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. La presencia de Rafa Zohuier, uno de los principales condenados por la matanza del 11-M, fue reclamada sin embargo como imprescindible por los dos portavoces del PP en la comisión que investigó en las Cortes la peor masacre terrorista de la historia de España. Todos los demás diputados de aquella comisión denunciaron el comportamiento de los parlamentarios del PP y lo relacionaron con su interés por fomentar la teoría de la conspiración.

La imagen del yihadista Houli el jueves pasado, esposado, con su chándal rojo, sentado tras un pupitre en primera fila, delante de la Mesa de la comisión que investiga en el Congreso los atentados de Barcelona y Cambrils, enfrente de los diputados que pertenecen a la misma en la sede de la soberanía nacional, fue insólita y para muchos parlamentarios cruda y difícil. Houli, además, no solo no acudió para colaborar a esclarecer nada, sino que abundó en cebar con conjeturas las tesis conspiratorias de otros comparecientes, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que sostienen sin pruebas que el Estado y el CNI pudieron tener algún tipo de interés en aquellos ataques que causaron la muerte de 16 personas y más de 300 heridos.

El PSOE accedió a la creación de esa comisión en el verano de 2023 como una cesión a Junts para poder arrancar el Parlamento y esta compleja legislatura. Más tarde, con otros de sus socios, aprobó el plan de trabajo que incluía esas polémicas comparecencias. La del jueves de Houli apenas sirvió para despejar ninguna incógnita, pero los parlamentarios del PP presentes se sintieron insultados por su mera presencia física en las Cortes y abandonaron la sala. La portavoz adjunta popular, Cayetana Álvarez de Toledo, convocó rápidamente a la prensa para denunciar que el PSOE y sus aliados habían llevado “a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado” y para considerar que ese capítulo era “el último hito en la escalada de degradación democrática” y “la viva imagen del colapso moral e institucional que Sánchez está provocando en España”.

El presidente de la comisión, Txema Guijarro, de Sumar, explicó que él se había limitado a solicitar formalmente la comparecencia de Houli, sin especificar más y dando por sentado que sería telemática, y que fue el juez de vigilancia penitenciaria el que determinó que fuera presencial. El lunes pasado, el letrado de la comisión se lo comunicó a Guijarro y este avisó a la comisaría del Congreso para alertar de la situación, preparar todo el dispositivo de alta seguridad y dar autorización sin problemas para que policías armados pudieran también acceder a la sala.

No era la primera vez que un preso, o varios, acudían al Congreso desde la cárcel, porque ya pasó en mayo de 2019 cuando cuatro diputados independentistas y un senador encarcelados tras sus condenas por el procès (Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts) usaron incluso esa situación y el momento de su acreditación institucional en las Cortes, permitida por el Tribunal Supremo, para aventar consignas en favor del separatismo catalán. Ha habido algún otro caso aislado, pero de afectados con condenas económicas.

Txema Guijarro sostiene que la inesperada y polémica presencia de Houli “no resultó al final tan grave” y hasta pudo conceder el efecto positivo “de desacreditar una vez más para la mayoría de los grupos la teoría de la conspiración y de la participación del CNI en esos atentados y la verdad quedó así, de manera presencial, más desenmascarada gracias a esos careos”. El letrado de las Cortes, exdiputado del PP y ex secretario de Estado de Seguridad en el 11-M, Ignacio Astarloa, publicó con otro compañero del Congreso, Manuel Cavero, un ensayo sobre Las cuestiones resueltas y pendientes en el régimen jurídico de las comisiones de investigación. Los autores se decantan, incluso en el caso de los presos a los que el juez quiera negar su salida del recinto penitenciario, por que sea solo el presidente de la comisión “en exclusiva” el que lo decidiese o que en su defecto el juez tuviera que remitir una exposición razonada para justificar su rechazo.

Al exdiputado del PSOE y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta le sorprendió la respuesta y el plante de los portavoces del PP y rememoró lo que sucedió en la comisión de investigación del 11-M, en mayo de 2004. Los dos portavoces del PP, los veteranos Jaime Ignacio del Burgo y Vicente Martínez Pujalte, solicitaron como “una necesidad” que el preso Rafa Zohuier, uno de los condenados más importantes por la matanza, acudiera físicamente a la sala y denunciaron al PSOE por “imponer como un rodillo” el rechazo a la comparecencia.

Zohuier, condenado a 10 años de prisión, escribió incluso una carta a los componentes de la comisión negándose a declarar por escrito o a recibir en su cárcel a los comisionados y reprochando que no le dejasen declarar “espontánea y libremente”. Todos los miembros de aquella comisión se negaron, incluido su presidente, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, y criticaron duramente el comportamiento “desleal” del popular Del Burgo, que se presentó en la prisión y sin autorización realizó una entrevista por cuestionario no permitida a Zohuier que publicó luego en el diario El Mundo. Cuesta remacha: “Entonces nos opusimos para no hacerle el juego a los conspiranoicos del 11-M”. En 2004 Cayetana Álvarez de Toledo formaba parte de la sección de opinión de El Mundo.