Juez y Fiscalía acusan a Del Burgo de interferir en la causa del 11-M

El juez Juan del Olmo, instructor del sumario sobre los atentados del 11-M, la fiscal del caso, Olga Sánchez, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, realizaron ayer diversos escritos en los que criticaron la labor del diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo por considerar que ha interferido o perturbado las investigaciones. Este parlamentario realizó una entrevista con el imputado en la causa Rafá Zouhier, cuya comparecencia en la comisión de investigación del 11-M había sido rechazada.

Del Burgo filtró después la entrevista a un medio de comunicación y, una vez publicada, remitió el documento al juez y al fiscal, señalando que "contiene informaciones que podrían ser relevantes para la instrucción de la causa" del 11-M.

El juez Del Olmo dictó una providencia en la que acusaba recibo del envío de los documentos por parte de Del Burgo, pero señalaba que el escrito y su documentación adjunta "no se ajusta a la previsión normativa en relación con la actuación de las comisiones de investigación".

"Se trata", añade el magistrado, "de una actuación a título individual" de Del Burgo que refleja "una actividad ajena a las previsiones legales, (...) que se ha realizado supuestamente sin ajustarse a la exigencia constitucional y legal de garantizar los derechos que como persona imputada tiene cualquier ciudadano".

El juez agrega que en el documento se pueden verter "expresiones o manifestaciones, a instancia de tercero, relativas a actividades presuntamente criminales atribuidas a quien hace esas manifestaciones para que tengan eficacia jurídica en un procedimiento penal". Por ello, el magistrado ordenó que quedara en custodia la documentación hasta tanto la fiscal le informase sobre el asunto.

Devolver los papeles

La fiscal Olga Sánchez respondió ayer que lo procedente es devolver la documentación al diputado, sin adjuntarla a la causa abierta por los atentados del 11-M, porque, en primer lugar, Jaime Ignacio Del Burgo no está personado en la causa y, en segundo lugar, porque los documentos no pueden tener validez jurídica alguna.

La fiscal Sánchez expuso que Del Burgo no solicitó los permisos preceptivos para interrogar a Rafá Zouhier y que la entrevista no puede tener valor legal puesto que está realizada sin que se hayan respetado los derechos del imputado.

Todo ello, según la fiscal, al margen del derecho que Zouhier tiene, como cualquier imputado en el proceso, de declarar formalmente en la causa, pero siempre cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 24 de la Constitución y en el 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El artículo 24 recoge el derecho a la defensa, a la asistencia de letrado y a un proceso con todas las garantías, entre las que figura el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El 118 de la Ley de Enjuiciamiento establece los derechos de toda persona a la que se impute un acto punible.

Rafá Zouhier ha declarado ya en cuatro ocasiones ante el juez Del Olmo: el 24 de marzo, el 21 de mayo, el 17 de junio y el 26 de agosto pasado. Está actualmente imputado por un delito de colaboración con organización terrorista, pero su actuación se considera muy importante, ya que fue él quien puso en contacto a los integrantes de la célula de Morata de Tajuña, presuntos autores materiales de los atentados, con la trama de los asturianos que les proporcionaron los explosivos y detonadores utilizados el 11-M. Hasta el 17 de marzo no informó a la Guardia Civil sobre El Chino.