La movilidad y el coste de la vivienda condenan a los militares al desarraigo familiar y social, según un informe oficial

La movilidad se ha convertido en uno de los problemas más graves que afrontan los militares. Su profesión les obliga a cambiar frecuentemente de destino y, con el precio actual de la vivienda, no pueden pagar una casa en su nueva localidad de residencia, por lo que se ven obligados a dejar a la familia atrás y vivir en pabellones logísticos o residencias militares, convirtiéndose en “solteros geográficos”. Así los denomina el informe que ha elaborado el Observatorio de la Vida Militar (OVM), un organismo independiente cuyos miembros son elegidos por el Congreso y el Senado. El problema afecta a la vida personal de los militares, al propiciar su desarraigo familiar y social, pero también a la operatividad de las Fuerzas Armadas: 445 militares renunciaron voluntariamente en 2023 a un posible ascenso, en la mayoría de los casos para no tener que mudarse de ciudad. Y un 65,8% reconoce que, a la hora de pedir una vacante, tiene más en cuenta las consecuencias para su vida familiar que su carrera profesional.

El 7,1% de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, unos 8.000, cambiaron de localidad de residencia entre junio de 2022 y julio de 2023, según el informe del OVM. El porcentaje más alto se dio en la Armada, el 17,3%, mientras que en el Ejército de Tierra supuso el 3,7% y en el del Aire y el Espacio el 8,8%. Son, en todo caso, porcentajes superiores a la media de la población laboral española, entre el 2,5% y el 3%.

A principios de este siglo, el Ministerio de Defensa vendió a sus inquilinos la mayor parte de un parque de casi 39.000 casas militares y las sustituyó por una ayuda económica para la vivienda, que perciben un 16,5% de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según destaca el informe, esta compensación no cubre el alto coste del alquiler en muchas zonas de España; no se cobra en el primer destino militar que se ocupa; no está exenta de IRPF; no tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y tiene una duración máxima de tres años, al término de los cuales el militar pierde esa ayuda y sufre una importante merma de poder adquisitivo. Además, los militares deben asumir el coste de la mudanza y de la fianza que se exige para alquilar una vivienda. “Un 46% de los militares que viven en núcleos urbanos dedican al alquiler más del 45% de su salario”, subraya el estudio. El Banco de España recomienda no destinar al pago de la vivienda más del 30%.

Una encuesta realizada por el Observatorio, a la que contestaron 1.423 militares, muestra que el 28,7% del personal que se trasladó de localidad lo hizo sin su familia. Los altos precios del alquiler son una explicación, pero no la única. La dificultad para que el cónyuge encuentre empleo en la nueva localidad también pesa; y los “problemas serios” para escolarizar a los hijos, especialmente en las comunidades autónomas con enseñanza en lengua propia, sobre todo si el traslado se produce una vez cerrado el periodo de reserva de plaza en los centros escolares. “Se podría dar la paradoja de que, a lo largo del periodo de escolarización obligatoria, los hijos tengan que estudiar en tres lenguas cooficiales, además del castellano. La única alternativa es escolarizarlos en centros privados, lo que no está al alcance de los sueldos de los militares”, subraya el OVM.

Los miembros del Observatorio realizaron a lo largo de 2023 varias visitas a unidades militares; entre otras, al acuartelamiento de Sant Climent Sescebes (Girona). El informe de esta visita refleja las dificultades del Ejército de Tierra para cubrir la plantilla: el 35% de las plazas estaban vacantes; el 53,9 en el caso de la tropa. El 70% del personal residía en la instalación militar y solo el 14% cobraba la ayuda para vivienda. El 15% de los soldados viajaba cada fin de semana para ver a su familia, mientras que el 75% lo hacía quincenal o mensualmente.

Los militares con hijos destacaron las dificultades para escolarizarlos, con casos en los que cada hijo acudía a un colegio diferente. El informe reconoce “falta de integración [de los militares] en la sociedad” y “problemas de integración de los hijos”. Todavía, añade, “en algunas comunidades [autónomas] los hijos tienen que ocultar que su padre es militar”.

En su visita a la base aérea de Son San Joan, en Palma de Mallorca, los miembros del Observatorio constataron que el 79% de la plantilla estaba integrada por jóvenes cuyo deseo era “marcharse pronto debido al altísimo coste de la vida” en las islas. El 38% vivía en alojamientos militares diseñados para estancias cortas y el 20% de alquiler. Solo el 12% recibía ayuda económica para vivienda y menos de la cuarta parte consideraba Palma de Mallorca y alrededores como su residencia familiar.

El Observatorio recomienda al Ministerio de Defensa la aprobación de un Plan integral de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar, que incluya un complemento retributivo acorde al nivel de vida de la localidad de destino y medidas para facilitar el acceso del cónyuge al mercado de trabajo o la escolarización de los hijos. Con carácter general, considera “imprescindible y urgente adoptar decisiones políticas que resuelvan definitivamente la situación de las retribuciones de las Fuerzas Armadas”; tras subrayar que, salvo en sueldo y trienios, “son sensiblemente inferiores a las asignadas al personal al servicio de las Administraciones Públicas”.