El director general de las viviendas militares ocupa ilegalmente una de ellas

Rafael Amat Tuduri, natural de Cartagena (Murcia), de 50 años, fue nombrado en julio pasado director general del Invifas, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Desde 1995 y hasta esa fecha era director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en el Gobierno autonómico de Murcia, que preside Ramón Luis Valcárcel, del PP.

Amat tiene como misión principal la aplicación de la Ley de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de las Fuerzas Armadas, de julio de 1999, que prevé la adjudicación a los militares de una vivienda o, en la inmensa mayoría de los casos, pues no hay bastantes disponibles, de una compensación económica. Por eso resulta especialmente grave que él incumpla esa ley.

Unos meses después de trasladarse a Madrid, el nuevo responsable del Invifas se instaló en una vivienda de 140 metros cuadrados, propiedad del Ministerio de Defensa, en el céntrico barrio madrileño de Argüelles.

Un portavoz del Ministerio de Defensa explicó ayer que la vienda que ocupa Amat le fue adjudicada por el subsecretario, Víctor Torre de Silva. Se trata, según dicho portavoz, de uno de los cuatro pabellones de cargo que se encuentran a disposición del subsecretario, 'para su asignación a las autoridades del departamento que se determine'.

La adjudicación de esta vivienda se basa, según Defensa, en una orden ministerial de 12 de noviembre de 1999 y en tres resoluciones de Torre de Silva.

Sin embargo, la orden ministerial citada por Defensa, que regula el régimen de los pabellones de cargo, excluye claramente la posibilidad de que este tipo de inmuebles puedan ser ocupados por un civil, como es el caso de Amat.

'Tendrán la consideración de pabellones de cargo los inmuebles que se destinen para su utilización como domicilio oficial y de representación social de las autoridades militares que se determinen, atendiendo a criterios de destacada responsabilidad, y los que se destinen para su utilización como domicilio oficial del personal militar que se considere debe residir en el interior de las bases [...] o en sus proximidades', señala dicha orden. El subsecretario de Defensa, según la misma, puede asignar los pabellones de cargo, pero sólo a quienes puedan legalmente ocuparlos.

En realidad, la orden ministerial que invoca Defensa para justificar la asignación de vivienda a Amat no podía decir otra cosa, ya que la ley en la que se basa, aprobada por el Parlamento, es inequívoca en este punto.

La disposición adicional primera de la ya mencionada ley de movilidad geográfica define los pabellones de cargo como 'las viviendas destinadas a domicilio oficial o de representación social del militar, por razón del cargo o destino que ostente'.

Para mayor abundamiento, el decreto que desarrolla esta ley, de 9 de julio de 1999, insiste en que 'las viviendas destinadas a domicilio oficial o de representación social del militar, por razón del cargo o del destino asignado, tendrán la denominación única de pabellones de cargo'.

Defensa no dio ayer una explicación de cómo es posible que tanto el subsecretario como el director del Invifas ignorasen estas normas. EL PAÍS se puso en contacto con Amat para conocer su versión de los hechos, pero éste declinó hacer declaraciones.

Defensa ha calificado hasta ahora 403 viviendas como pabellones de cargo, por lo que no pueden ser vendidas. De ellas, 353 han sido asignadas a mandos militares y 46 están a disposición de los jefes del Estado Mayor de la Defensa y de los tres ejércitos. El subsecretario dispone de cuatro casas y ya ha adjudicado dos, una al coronel jefe de la Prisión Militar de Alcalá de Henares y otra a Amat. La calificación como pabellón de cargo de la casa que ocupa se firmó el 25 de octubre, unos cuatro meses después de su nombramiento.

Su antecesor al frente del Invifas, José Luis Ramos Prieto, no disponía de vivienda oficial por parte de Defensa.