El empresario Aldama siguió maniobrando tras su detención en febrero por el ‘caso Koldo’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene que el empresario Víctor de Aldama no escarmentó con su primera detención en febrero de 2024, cuando se le arrestó por su implicación en el caso Koldo —la trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos (PSOE) para conseguir contratos públicos a cambio de favores—. Según un informe del instituto armado, pese a que entonces ya se sabía que el comisionista estaba en el punto de mira de los investigadores, Aldama intensificó y continuó con sus oscuros negocios relacionados con una organización criminal especializada en el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y en el blanqueo de capitales, que provocó su segunda detención en octubre del pasado año.

Según recoge el sumario judicial centrado en este fraude de hidrocarburos, después de que la Audiencia Nacional dejase a Aldama en libertad por el caso Koldo en febrero de 2024, la Guardia Civil desplegó un intenso operativo para seguir los pasos del comisionista. Los agentes pusieron en marcha vigilancias sobre él, su socio Claudio Rivas y su entorno; e intervinieron sus comunicaciones ante las sospechas de que ambos encabezaban este segundo grupo criminal que operaba de manera paralela a la red que anidó en el Ministerio de Transportes. El objetivo era “determinar su actividad y sus relaciones personales, societarias y laborales”, subraya la UCO.

De esta forma, según consta en un informe de la Guardia Civil fechado el pasado octubre, los agentes descubrieron que Aldama no había cesado en sus oscuros tejemanejes. Por ejemplo, el instituto armado destaca un encuentro que el comisionista tuvo con Rivas el 16 de mayo de 2024, después de que este se hubiese reunido con otros sospechosos, que “podría obedecer a las fases previas de la creación de una nueva estructura empresarial mediante la cual, la presunta organización criminal investigada podría estar estableciendo una línea continuista con un nuevo entramado para seguir cometiendo fraudes millonarios contra la Hacienda Pública y el blanqueo de los beneficios ilícitamente obtenidos”.

En esa misma línea, la UCO describe cómo Víctor de Aldama y Claudio Rivas se reunieron en persona el 13 de mayo de 2024 con Félix Aparicio, “responsable de una de las suministradoras utilizadas como herramienta para la consecución de los fines defraudatorios de la presunta organización criminal”. Aunque hay mucho más. “A través de la actividad operativa”, afirma la Guardia Civil al referirse a los intensos seguimientos que les hizo, “se han podido constatar numerosos encuentros con personas vinculadas a entornos societarios complejos e investigados en otros procedimientos similares”. Es más, gracias a la intervención de sus comunicaciones, los agentes detectaron cómo Isabela D., una tercera persona cercana a Aldama, le decía al empresario detenido por el caso Koldo: “Vuelves a esos círculos otra vez viciosos. ¿Ya has aprendido la lección de verdad o todavía te queda algo que aprender?”, según el informe policial.

El pasado octubre, la UCO detuvo a Aldama por segunda vez: en esta ocasión, por su vinculación con la trama de hidrocarburos. El juez Santiago Pedraz, que dirige estas pesquisas, lo envió entonces a prisión provisional, pero tuvo que dejarlo en libertad en noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que el comisionista comenzase a colaborar en el caso Koldo.

Elevada peligrosidad

Este amplio informe de la Guardia Civil califica la supuesta estructura delictiva encabezada por Aldama y Rivas como un grupo criminal de “alto nivel”; con “un grado de peligrosidad potencialmente elevado”. Los agentes especifican que la trama cumple 10 de los 11 indicadores que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado fija para considerar que existe una organización criminal organizada. Entre ellos, la posible influencia que la trama podía tener “sobre políticos, medios de comunicación, administración pública, autoridades judiciales o sobre la actividad económica”, a la vista de que “en una investigación por blanqueo de capitales y delitos contra la Administración Pública”, en clara referencia al caso Koldo, las pesquisas ya habían revelado que Aldama se relacionaba “directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE”.

El informe describe a Aldama como uno de los dos “codirectores y máximos responsables de la organización” dedicada al fraude de hidrocarburos. La UCO cree que, junto a Rivas, se sitúa en la “cúspide” de la trama gracias al control directo que ambos tenían sobre la compañía Villafuel, señalada como epicentro y pieza clave del fraude del IVA —que, en un primer momento, se cifró en 182,5 millones de euros, aunque posteriormente se ha elevado por encima de los 220 millones—.

Los agentes sostienen que Aldama, “como responsable de la estructura empresarial, controla y dirige la interposición de testaferros” ―de hecho, las pesquisas revelaron inicialmente la existencia de 36 mercantiles sospechosas en España, y 12 más en Portugal―, además de haber utilizado las sociedades para transferir en dos años “fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia” por un importe cercano a los 74 millones de euros. “Posee los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal”, recalca el informe de la UCO.

Los investigadores consideran que la trama de Aldama y Rivas funcionaba con “disciplina y control”. Y añaden que los implicados utilizaban medidas de seguridad para dificultar que sus comunicaciones fueran interceptadas, con la utilización frecuente de la aplicación de mensajería instantánea Signal. “[Esta es] recurrentemente utilizada por las organizaciones criminales para sus comunicaciones, dado que la sociedad gestora de la aplicación guarda poca información relativa a sus clientes, y la que posee está cifrada, ofreciendo alto nivel de seguridad en las comunicaciones”, exponen los agentes. De hecho, la UCO afirma que Aldama llega a tener una línea de teléfono a través de la que no hace ninguna llamada y que, supuestamente, empleaba únicamente para comunicarse mediante esta aplicación.

Las vigilancias e intervenciones también revelaron que el empresario y su socio adoptaban medidas de seguridad en algunos de sus desplazamientos con el supuesto objetivo de dificultar un posible seguimiento policial. En este sentido, la UCO destaca que el 22 de julio pasado (cinco meses después de su arresto por el caso Koldo), Aldama le pidió a Rivas que le diera indicaciones a su chófer sobre cómo debía actuar para llegar a un punto donde supuestamente iban a reunirse: “Que le digas que vamos a dar veinte vueltas y le explicas el porqué […] Le dices: ‘Me han dicho esto, que antes de ir al punto vamos a dar veinte vueltas, no te extrañes porque voy a dar veinte vueltas”.