Daltonismo judicial
Hay que mimar al poder judicial y librarlo de inducciones urdidas por grupos ultras chantajistas que pervierten la acusación popular, y de presiones y asedios para ganar en la Justicia lo que otros pierden en el Parlamento
Cierta oposición juega con “las cartas marcadas” en algunos asuntos judiciales, sostiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si eso significa que el Partido Popular intenta con denuedo condicionar, manipular o cercar a la judicatura (a veces con éxito), acierta. Es un fenómeno evidente. Certificado por la historia reciente.
Recordemos los empeños de Federico Trillo-Figueroa, cuando era ministro de Justicia (y después), valiéndose de toda suerte de relaciones, en fraguar configuraciones de tribunales sensibles a su causa. O la intensa labor del enjuiciado ministro del Interior Jorge Fernández Díaz —directamente o mediante su equipo de la “policía patriótica”— para fabricar pruebas falsas que inculpasen a nacionalistas y/o indepes catalanes: brindando a los jueces, si convenía, elementos “afinados” por fiscales amigos.
O el mensaje enviado por el senador Ignacio Cosidó (noviembre de 2018), que narró el intento de “controlar” la sala penal del Tribunal Supremo “desde detrás”, aupando al juez Manuel Marchena a la presidencia de la corte, a la que, dignamente, renunció. Una información reciente indica que Cosidó solo reenvió un texto elaborado por otro ministro de Justicia, Rafael Catalá (“Todo atado y bien atado”, Ernesto Ekaizer, El Periódico de Catalunya, 8/12/2024).
A ello se añade el regocijo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que, anticipando resoluciones judiciales con la chusca expresión “p’alante”, pespuntea connivencia, conexión o complicidad con profesionales del tercer poder, ignoramos de qué nivel. O la avinagrada insistencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en augurar en el Congreso a su rival una severa “agonía judicial” (16/12/2024), que revela un paso demasiado firme para personaje tan inseguro.
Hay que mimar al poder judicial. Y librarlo de inducciones urdidas por grupos ultras chantajistas que pervierten la acusación popular. Y de presiones y asedios para ganar en la Justicia lo que otros pierden en el Parlamento.
Sostiene con guante de seda Ignacio Sánchez-Cuenca que algunos jueces practican un “celo excepcional” en denuncias que afectan al Gobierno, respecto a otras (“Jueces en celo”, EL PAÍS, 3/12/2024). Ampliemos el foco: y con querellas velozmente admitidas a trámite y enseguida desechadas: una veintena de acusaciones a la ya exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y decenas de procedimientos contra líderes de Podemos, amén de contra indepes de toda laya. No hace falta compartir ninguna idea de los perseguidos para lamentar esas insólitas paradojas.
El exceso de celo es conducta (subjetiva). Su raigambre objetiva parece enraizarse con una suerte de daltonismo (judicial), ese déficit (estructural) que impide distinguir los colores aflorados en los hechos acaecidos y en los actos cometidos por las personas. Tiene menos que ver con las ideas políticas de cada juez, progresistas o conservadoras: bienvenidas todas, mientras no dañen la calidad de sus resoluciones. Y, en cambio, mucho más con la inercia histórica, no en vano la primera mujer presidenta del Supremo, Isabel Perelló, accede al cargo 212 años después de su creación.
Los militares, progres o carcas, se modernizaron aprendiendo inglés en la OTAN y en operaciones de ayuda humanitaria. Hoy, muchos jueces desconocen el derecho de la UE (que prima sobre el interno), la legislación internacional sobre derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo.
“La espectacular protesta de los jueces en toga en la puerta de los tribunales contra el simple anuncio de una posible ley de amnistía de los independentistas catalanes condenados, y la actual, preocupante persecución judicial del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid, son síntomas inquietantes de la indebida politización de una parte relevante de la magistratura española”, clamaba el prestigioso jurista Luigi Ferrajoli (“La Jurisdicción en el Estado constitucional de derecho”, reclama Luigi Ferrajoli, EL PAÍS, 9/12/2024). Necesitamos “una jurisdicción independiente” para afianzar la democracia. Una judicatura imparcial, sabia, ejemplar.
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