El jefe de gabinete de Ayuso anuncia la imputación inminente del fiscal general del Estado por el desmentido del bulo: “Va p’alante”

“Respuesta a Óscar López, activista con rango de ministro. Óscar: os van deteniendo a todos. Aldama es el principio. Lo de [la detención este lunes del empresario Víctor de] Aldama va directamente contra Begoña. Vaya día que estáis pasando. Y mañana toca el fiscal ese del Sanchismo. Vais todos p´lante”. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado en un mensaje en la red social X que este martes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedará imputado por haber pedido a la Fiscalía de Madrid que emitiera una nota de prensa en la que se desmentía los extremos de un bulo difundido precisamente por el Ejecutivo madrileño a varios medios de comunicación, que lo dieron por bueno. La Fiscalía de Madrid emitió en efecto un comunicado en el que explicaba que la defensa de la pareja de Ayuso, que está siendo investigado por fraude fiscal, había propuesto un acuerdo a la fiscalía para evitar que su defendido fuera a la cárcel y no al contrario —como sostenía la información falsa de la que se hicieron eco varios diarios—: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido ese pacto.

La pareja de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador, interpuso entonces una querella contra García Ortiz por revelación de secretos. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se ha opuesto a que la Sala Penal del alto tribunal investigue a su jefe, García Ortiz, esgrimiendo que todos los extremos en la nota de prensa emitida eran ya “datos de público conocimiento”.

El de este lunes no es el primer tuit en el que el jefe de gabinete se despacha vaticinando un oscuro futuro judicial a varios personajes de la política y de su entorno familiar. El pasado 24 de septiembre señaló por el mismo medio, la red social X, que el caso de Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno, investigada por el juez Juan Carlos Peinado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios— iría también para adelante. También se lo aventuraba a otra investigación judicial, la que afecta al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a cargo de un juzgado de Badajoz tras interponer una demanda contra él por malversación el pseudosindicato ultra Manos Limpias.

En el mismo tuit, Miguel Ángel Rodríguez ya adelantaba que seguirían sin archivarse los casos Koldo, que investiga una presunta trama de comisiones por la compra masiva de mascarillas en lo peor de la pandemia, y que también implicaría judicialmente —“Ábalos va mu pá’lante [sic]”— al ministro de Fomento en aquellos momentos, José Luis Ábalos, jefe de uno de los cabecillas de la trama y que da nombre a la investigación, su asesor Koldo García. Ábalos no está imputado, aunque hace un mes señaló que terminará estándolo. En su mensaje en X Rodríguez adelantaba también que la investigación sobre el fiscal general del Estado seguiría igualmente su curso. “Sánchez está terminado”, concluía.

Rodríguez, periodista de formación, ha protagonizado varios encontronazos con la prensa e incluso llegó a difundir calumnias contra dos periodistas de EL PAÍS que investigaban el caso de la pareja de su jefa, afirmaciones que recogieron varios medios de la derecha y la ultraderecha, y que merecieron una condena explícita de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE). Las imprecaciones de Rodríguez contra los reporteros coincidieron con la publicación de informaciones sobre la investigación abierta por dos fraudes fiscales y falsedad en documento mercantil a la pareja de Ayuso.

Meses antes, el 15 de julio, Rodríguez ya había aseverado que el caso contra García Ortiz seguiría adelante en otro mensaje, en el que se refería también a los que afectan al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno: “Tras la declaración de [el empresario investigado Carlos] Barrabés, tanto Begoña como su marido van a ir pá‘lante”. El jefe de gabinete puso como ejemplo el caso Noos de corrupción, que acabó con el esposo de la infanta doña Cristina entre rejas por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales. “Urdangarin fue a la cárcel... Begoña tiene todas las papeletas”, mencionó en otro mensaje.

Poco antes de ese tuit, en junio, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña mencionó explícitamente a Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García Ortiz en sendos mensajes y en parecidos términos. “Begoña, el hermano y el fiscal General van pá‘lante… Y esto no es personal: sólo hablo de sus negocios”, afirmó el 17 de junio. “No diréis que no avisé lo del hermano… y la semana que viene va pá'lante el fiscal general del Estado. Una juez abre diligencias al hermano de Sánchez por malversación”, había difundido diez días antes. En abril publicó: “Tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela”. Rodríguez se presenta en la biografía de su cuenta en X con esta frase: “Me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española”.

El fiscal general del Estado ordenó por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, difundir una nota de prensa sobre la causa judicial abierta a González Amador, en el que se desmentía con datos del procedimiento judicial el bulo, que se había difundido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a diversos medios de comunicación que no contrastaron la noticia, acerca de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador y que posteriormente se había retirado esa propuesta “por órdenes de arriba”. Pese al desacuerdo mostrado por Lastra, García Ortiz le ordenó mandar la nota a través del gabinete de prensa para evitar que los fiscales que han llevado el caso quedasen “como mentirosos”, según rezan unos mensajes de WhatsApp entre ambos que reveló el diario El Mundo. Porque, en realidad, había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había buscado un pacto.

García Ortiz ya reconoció en junio haber dado personalmente la instrucción de la nota de prensa. Lo hizo en un escrito que envió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) donde reclamaba al instructor que remitiera ya la causa abierta al Supremo, único órgano competente para investigar al fiscal general del Estado. Hace unos días, en su texto, la Fiscalía del Supremo ha fundamentado que en su opinión la actuación de Ortiz fue lícita porque el ministerio público tiene entre sus funciones “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes a su cargo y a los derechos de los afectados”, según impone el artículo 4.5 de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este martes se verá si el nuevo vaticinio de Rodríguez se cumple.