El Gobierno se abre a que la conferencia de presidentes aborde la financiación y la inmigración

La conferencia de presidentes que se celebrará en diciembre en Cantabria, casi tres años después de la anterior en la isla de La Palma, ya no será un monográfico sobre vivienda como pretendía el Gobierno. La reunión preparatoria del máximo órgano de cooperación política entre el Ejecutivo, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla abordará este lunes las peticiones de los barones del PP y del PSOE, que solicitan que el orden del día no se ciña exclusivamente a los problemas sociales y económicos que están generando los precios del mercado inmobiliario. Los presidentes autonómicos del PP, que preside 11 comunidades, además de las dos ciudades autónomas, reclaman que se aborden otros tres asuntos sensibles: la financiación autonómica, la escasez de personal sanitario y la gestión de la inmigración irregular. Los barones del PSOE comparten algunas de estas demandas. Si se incorporan todas las demandas autonómicas, se revisará el formato para conceder más tiempo a intervenciones y réplicas.

El reglamento del órgano multilateral establece que los temas a tratar en la conferencia de presidentes los fijará el comité preparatorio “con la conformidad de su presidente —el ministro de Política Territorial, que ahora mismo es Ángel Víctor Torres— y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía”. Torres remitió el 16 de octubre una carta a las autonomías en la que requirió a los presidentes regionales que mandasen a su ministerio antes del día 21 “las propuestas que consideren susceptibles de ser incluidas en el orden del día (...) para su análisis en el comité preparatorio”. Las autonomías del PP han formado un frente común con propuestas similares, según varias fuentes territoriales: coinciden en la relevancia de la vivienda, pero consideran que la conferencia de presidentes no puede versar solo sobre cómo resolver la falta de oferta, la práctica inexistencia de un parque público y el incremento abusivo de los alquileres.

La financiación autonómica, a raíz del acuerdo entre el PSC y ERC de financiación singular para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa, es una de las banderas del PP, aunque el partido sigue sin proponer una reforma que satisfaga a sus baronías para actualizar el modelo de financiación vigente, que se tendría que haber renovado en 2014. Los territorios del PP plantean además que la “inmigración ilegal” —según varias comunidades populares— se añada a la agenda de la conferencia de presidentes, para la que aún no se ha fijado la fecha. Canarias, donde los populares gobiernan con Coalición Canaria, ha apremiado a Génova y al Ejecutivo a “desencallar” una solución para el reparto solidario de menores extranjeros no acompañados, una cuestión que preocupa también a Ceuta. El archipiélago acoge a unos 5.300 menores y los servicios de la ciudad autónoma, responsable de alrededor de 400 jóvenes, también están desbordados.

La inmigración y la financiación son también dos prioridades para Castilla-La Mancha. Su presidente, el socialista Emiliano García-Page, quiere que se incluya en el orden del día la armonización fiscal “para evitar la competencia desleal a nivel impositivo entre comunidades autónomas”. Tras una agria polémica, el Ministerio de Migraciones ha renunciado a su idea de construir un macrocampamento de acogida para miles de migrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, pero el modelo de acogida continúa siendo capital para la comunidad.

Andalucía (PP) se diferencia, por su parte, al añadir a sus peticiones el que se preste atención a las políticas de infraestructuras hídricas. Las reservas de agua se encuentran ahora mismo al 50% de su capacidad, pero la situación es preocupante en las cuencas mediterráneas andaluzas, junto a las del Segura y la del Júcar.

Otras comunidades, como Navarra, llevan a la reunión de este lunes la vivienda y la petición de que se priorice la convalidación de títulos expedidos en el extranjero como medida para paliar la escasez de profesionales sanitarios. Asturias, otra comunidad del PSOE, tiene entre sus prioridades, además de la vivienda, la siniestralidad laboral, la salud mental y la violencia de género. “Seguro que compartimos que la conferencia de presidentes debe ser un espacio de diálogo que sirva para potenciar las relaciones de cooperación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas, bajo el principio de lealtad institucional”, transmitió Torres a las comunidades cuando les animó a que hicieran propuestas.

El PP aprobó la semana pasada una reforma del reglamento del Senado, donde tiene mayoría absoluta, con la que aumenta aún más su capacidad de influencia en la temática de la conferencia de presidentes. El reglamento del órgano multilateral otorga al Senado la capacidad de incluir otros asuntos en el orden del día, aunque previamente tenía que estar regulado en el reglamento de la Cámara territorial. Los populares han impulsado la incorporación de un nuevo artículo en el que se especifica que “se incluirán, en todo caso, como asuntos en el orden del día de la conferencia de presidentes, aquellos que se soliciten por la mayoría absoluta de los senadores en escrito dirigido a la Mesa de la Cámara”.

El presidente del Gobierno o un tercio de los presidentes autonómicos podrían asimismo solicitar “en cualquier momento”, según el reglamento de la conferencia de presidentes, la inclusión de nuevos asuntos “por razones de urgencia”. Aceptarlos requeriría el voto afirmativo de Pedro Sánchez y 10 comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de autonomía. Los acuerdos se adoptarán “por consenso de todos los miembros presentes en la conferencia, siempre que asistan dos tercios de los presidentes autonómicos”.

La última conferencia de presidentes se celebró de forma presencial el 13 de marzo de 2022 en Canarias. Los asistentes aprobaron la modificación del reglamento para que hubiera dos reuniones anuales. El Gobierno justifica el incumplimiento del reglamento por un calendario que no ha dado tregua con elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023, generales en julio de ese año y un primer semestre de 2024 con comicios en Galicia, País Vasco, Cataluña y elecciones al Parlamento Europeo.