Del ‘caso Koldo’ al ‘caso Ábalos’: en busca de la X

El caso Koldo ya es el caso Ábalos. Política y judicialmente. Tras más de dos años y medio de investigación (en secreto la mayor parte del tiempo), la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han encajado las numerosas piezas de un puzle con sociedades pantalla, comisiones, testaferros... y han concluido que, detrás de todo, emerge la figura de José Luis Ábalos, hasta julio de 2021 ministro de Transportes con Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE. Los investigadores están convencidos de que el exdirigente socialista, que mantiene su acta de diputado, desempeñó un “papel relevante” en la trama y que, sin él, no se entiende la dinámica oscura que tejieron el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del ministro.

A esta meta volante se ha llegado después de un minucioso trabajo, reflejado en los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado y del ministerio público, que comenzaron con una simple denuncia genérica del PP de Madrid y han escalado hasta acorralar al político. Entre otras averiguaciones, los agentes siguieron a los primeros sospechosos durante meses, escrutaron sus cuentas, intervinieron sus comunicaciones y, tras detenerlos el pasado febrero, analizaron cientos de mensajes telefónicos. Según fuentes cercanas a la investigación, aún queda mucho trabajo y las pesquisas, una vez que el Tribunal Supremo dé luz verde para encausar al aforado Ábalos, deberían centrarse en él. No solo para seguir indagando en la red corrupta que logró contratos públicos millonarios de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia, sino también para examinar hasta dónde extendió sus tentáculos en la Administración.

La Moncloa insiste en que vive con “absoluta tranquilidad” el avance del sumario y, según dice, la responsabilidad se corta en Ábalos, ya fuera del Gobierno y apartado del partido. Sin embargo, la oposición no piensa soltar la presa. Con el PP a la cabeza, ha lanzado una ofensiva para tratar de convertir el caso Ábalos en el “caso Sánchez”, en referencia al presidente del Ejecutivo, al que Aldama se refería como “el 1” en conversaciones con sus supuestos colaboradores. Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, pidió la dimisión de Sánchez; aunque ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía, ni el juez instructor Ismael Moreno han apuntado contra él. Eso sí, más allá de la lucha partidista y el ruido mediático, el escándalo ha generado una enorme conmoción en las filas socialistas. Ha sido un progresivo y largo cerco al exministro, que continúa defendiendo su inocencia:

Una denuncia genérica del PP (10 de marzo de 2022). En esta época, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ordenó a su equipo contrarrestar la investigación abierta por la Fiscalía sobre el pelotazo que dio su hermano con la venta de mascarillas a la Comunidad en la pandemia. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea regional, presentó una denuncia genérica en Anticorrupción, donde recogía supuestas irregularidades publicadas por webs y periódicos que señalaban a miembros del Gobierno. El ministerio público abrió varias líneas de investigación, que fue archivando a medida que no encontraba nada. Pero una fructificó: la relacionada con Soluciones de Gestión, la empresa usada por Aldama para hacerse con los contratos públicos. La denuncia del PP mencionaba el nombre de Ábalos dos veces, pero sin atribuirle maniobras concretas. Solo decía que, según esas noticias, la “explicación” de que la compañía lograse las adjudicaciones “puede guardar relación por ser ‘de confianza del señor Ábalos’, entonces ministro”.

Informe de la UCO con las primeras “coincidencias” (10 de enero de 2023). Antes de judicializar el caso, la Fiscalía y la UCO comenzaron a investigar en secreto. La Guardia Civil elaboró entonces un informe que, por primera vez, incidía en la relación que mantenía Ábalos con su asesor y con Aldama. Sin atribuir delitos al político, los agentes recopilaron fotografías donde se les ve juntos, o al socialista promocionando al Zamora FC, equipo de fútbol que presidía el empresario. Y subrayaron las “coincidencias” que los vinculan, como que un hermano de Aldama era escolta del secretario de Organización —después, el sumario revelaría que este los presentó para que pudieran “hacer cosas”—.

Anticorrupción escala hasta el “asesor” (6 de septiembre de 2023). Tras un año y medio de indagaciones, la Fiscalía presentó una querella en la Audiencia Nacional contra ocho personas por organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. Pero ninguna era Ábalos. Sí se señalaba ya a Koldo García, del que se destacaba su puesto de “asesor del ministro” y cómo, gracias a su “posición”, “tenía relación directa con los responsables de los contratos investigados”. La querella apuntaba igualmente a Aldama, pieza clave de la red corrupta, y deslizaba de forma escueta esas coincidencias que lo vinculaban al socialista: “Aldama y García habrían coincidido en México, con motivo de la visita oficial del ministro a la región donde el primero ostentaría el cargo de cónsul honorario”.

Irrumpe “el jefe” (diciembre de 2023). Tras recibir la querella, el juez Ismael Moreno decretó el secreto de sumario y ordenó intervenir las comunicaciones de los primeros sospechosos. Los agentes interceptaron entonces una llamada del empresario Juan Carlos Cueto, presunto socio de Aldama, que habla de un intercambio de “favores” que implica supuestamente al “jefe” de Koldo García. Más adelante, el sumario resalta que el presidente del Zamora se refería también al ministro como “el jefe”.

Reunión en La Chalana: el “intermediario” (10 de enero de 2024). Gracias a los seguimientos de la UCO, se detectó que Ábalos y su antiguo asesor se reunieron en la marisquería La Chalana el 10 de enero de 2024. En ese momento, el juez calificó ya al socialista como un “intermediario” de la trama; al sospechar que, como mínimo, participó en el intento de la red de frenar una reclamación que había iniciado el Gobierno de Baleares sobre uno de los contratos bajo sospecha.

Primeras detenciones (20 de febrero de 2024). Ese día, los investigadores llevaron a cabo los primeros arrestos (caen Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, entre otros). El escándalo se desató y, al poco, se levantó el secreto de sumario. En ese momento, Ábalos se aferró a que la querella y las pesquisas no se dirigían contra él, pero las detenciones iban a ser fundamentales para acorralarlo, ya que la Guardia Civil se incautó de teléfonos y dispositivos electrónicos —unos 170 en total— que resultarían claves.

El duro informe de la UCO (8 de octubre de 2024). Durante meses, los agentes diseccionaron cientos de mensajes telefónicos intervenidos y, a través de ellos, redibujaron el mapa de la trama. Ese trabajo se tradujo en un informe de 233 páginas que advierte, sin ambages, del “papel relevante y de responsabilidad” del exministro dentro de la supuesta organización criminal. Entre otros indicios incriminatorios, el instituto armado afirmó que la red adquirió un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para Ábalos; además de pagar el alquiler de una vivienda en la plaza de España de Madrid que utilizaba su pareja, Jessica R. G., a quien se le habría dado empleo en empresas públicas vinculadas a Transportes.

El juez pide la imputación (23 de octubre de 2024). En pocos días, el informe de la UCO contra Ábalos obtuvo el aval de Anticorrupción, que respaldó la tesis de la Guardia Civil: “Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García y Víctor de Aldama sin la participación de José Luis Ábalos”, escribió el fiscal Luis Pastor, que planteó al juez Ismael Moreno que la causa debía dirigirse ya contra el político. Una iniciativa que obtuvo el visto bueno del magistrado de la Audiencia Nacional, que este 23 de octubre envió su exposición razonada al Supremo, donde pide imputar al exdirigente socialista: “Los pagos [de Aldama] a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario, cuyo beneficiario sería Ábalos”, añade el instructor. El alto tribunal debe decidir en las próximas semanas si dirige las pesquisas contra él.