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Anticorrupción, sobre la trama del ‘caso Koldo’: “Resulta difícil entender la operativa sin Ábalos”

Un escrito de la Fiscalía, que pide imputar al exministro, subraya que el empresario Aldama mantuvo una “relación privilegiada” con él

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, el pasado mayo en el Senado.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, el pasado mayo en el Senado.Samuel Sánchez
J. J. Gálvez

“Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García y Víctor de Aldama sin la participación de José Luis Ábalos”. Con esas palabras, incluidas en el informe que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado a la Audiencia Nacional para pedir la imputación del exministro de Transportes en el caso Koldo, el ministerio público resume la batería de indicios que lo cercan por su presunta implicación en la trama. A lo largo de 21 páginas, el fiscal Luis Pastor detalla buena parte de la investigación desarrollada por la Guardia Civil hasta llegar al ex secretario de Organización del PSOE y concluye, al igual que el instituto armado, que las pesquisas deben centrarse ahora en la figura del exhombre de confianza de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Según el escrito de Anticorrupción, al que tuvo acceso EL PAÍS, existen “una serie de indicios que evidencian la participación” de Ábalos en la red corrupta. Por ello, insiste el ministerio público, a estas alturas de la causa, se le pueden imputar tres delitos. El de organización criminal, “en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado creado por Víctor de Aldama para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas”. El de tráfico de influencias, “en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión”, la empresa usada por la trama. Y el de cohecho, “en tanto que, en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro, [se] le proporcionó el uso y disfrute” de un chalé en la Línea de la Concepción (Cádiz), así como una vivienda en Madrid que utilizaba su pareja, Jessica R. G.

Con este informe, la Fiscalía pide al juez Ismael Moreno, que instruye el caso, que dé ya el paso para que se impute al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso, integrado en el Grupo Mixto después de que el PSOE le apartara. Al mantener su acta de parlamentario, el exministro se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo y, por tanto, el magistrado no lo puede imputar. Así que, si quiere que las pesquisas se dirijan contra él, el juez Moreno deberá elaborar una resolución con los indicios que constan contra el exsocialista —llamada técnicamente “exposición razonada”— y, a continuación, remitirla al alto tribunal. El Supremo será entonces quien acuerde si le otorga al exministro la condición de investigado.

El escrito del fiscal contiene afirmaciones de une enorme contundencia: “Víctor de Aldama, durante el tiempo en el que José Luis Ábalos Meco estuvo al frente del ministerio y Koldo García fue su asesor, mantuvo con ellos una relación privilegiada que le reportó notables beneficios económicos, que les fue retribuida”. Gracias a su influencia, el empresario tuvo acceso a “información privilegiada” y se le abrieron las puertas a nuevas “oportunidades de negocio”, además de facilitarle contratos públicos de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia. Algunas de estas adjudicaciones fueron “designadas desde la más alta instancia del ministerio”, añade el ministerio público, que remacha: “Designación que no se entiende que únicamente estuviera avalada por el asesor personal del ministro, alguien que en el organigrama ministerial estaba en un escalón inferior al del subsecretario y sin ninguna capacidad ejecutiva”.

Para ahondar en su tesis, Anticorrupción recuerda que Aldama se llega a referir a Ábalos como “El jefe”, según se desprende de las comunicaciones interceptadas. “Aldama, con la acción permanente de Koldo García como intermediario, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera de Transportes, incluido el propio ministro”, prosigue el fiscal. En esa línea se expresó Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, cuando declaró como imputado: “[Consideraba a Aldama] más parte del ministerio que de la empresa [...] Era una figura gris que no soy capaz de dilucidar, negociaba aviones como habilitado por el ministro”. Según dijo Manzanares, Koldo García le repetía que Aldama les estaba “ayudando mucho” para conseguir material sanitario durante la crisis provocada por el coronavirus.

“Sobre la presencia de Aldama en el ministerio hay numerosos testimonios”, explica el fiscal: “Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de ADIF, dijo que se encontró con él en numerosas ocasiones, cuando iba a su despacho semanal con el ministro. En la auditoría [interna encargada tras estallar el escándalo] se recoge que el oficial mayor del ministerio dijo que las visitas de Aldama eran a nivel ministro. Y [una de la funcionarias que elaboró esa auditoría] dijo que era frecuente ver el coche de Aldama entrar por la zona reservada a los altos cargos y dejarlo allí aparcado”.

El rescate de Air Europa

La Guardia Civil sospecha que Aldama también trató de “influir”, gracias a su “relación con Koldo y Ábalos”, “en la concesión final del rescate a Air Europa”. Sin embargo, la Fiscalía descarta que existan indicios de que tuviese un “papel determinante” en esa operación. “Todo ello, sin perjuicio de que en el curso del examen total de las evidencias intervenidas, pudieran revelarse nuevos datos de los que pudiera desprenderse que esta operación pudo estar determinada por la intervención fundamental de Ábalos y Aldama”.

El Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 aprobó una línea de créditos de 475 millones de euros para salvar a dicha aerolínea, que se vio muy afectada por la abrupta caída del turismo por los confinamientos y las restricciones impuestas por los gobiernos durante la pandemia. No fue la única aerolínea: casi todas las aerolíneas europeas fueron rescatadas gracias a la barra libre de ayudas de Estado que permitió Bruselas, dado que era un sector estratégico gravemente perjudicado por la pandemia.


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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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