Un ex alto cargo de Transportes afirma que contrató a la empresa del ‘caso Koldo’ por orden del ministerio
Sánchez Manzanares, número dos de Puertos del Estado, niega cualquier irregularidad en su participación en la compra de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros
![El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, a su llegada este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el ‘caso Koldo’.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MJCJ4D25QBAGJGYBLFH2WQJNO4.jpg?auth=dea4d785ff9153077bb33e35cd20755fa7d2b4a44cfaf29af59765d935b0c9f7&width=414)
![Óscar López-Fonseca](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fa4800d1a-9d33-4428-8a37-1482d2965d79.png?auth=01d56f0529fe3bf700ead848aa19887639bea38bba9f3004f9d4835234100274&width=100&height=100&smart=true)
La declaración este miércoles en la Audiencia Nacional del primer ex alto cargo del Ministerio del Transportes imputado en el caso Koldo, en el que se investiga la supuesta adjudicación irregular de varios contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia en 2020, ha apuntado hacia arriba. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha defendido ante el juez Ismael Moreno su actuación en la compra de ocho millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, supuesto epicentro de la trama de corrupción, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Y ha asegurado que se contrató a esa empresa por órdenes del ministerio, entonces encabezado por el socialista José Luis Ábalos. Sánchez Manzanares fue destituido el pasado marzo por el actual ministro, Óscar Puente, tras estallar el escándalo.
Álvaro Sánchez Manzanares era el número dos del organismo público Puertos del Estado cuando comenzó la pandemia, y su firma aparece en uno de los documentos del contrato por el que fueron adquiridas ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros. Él no ha concretado hoy qué persona dio supuestamente esa orden, aunque en el sumario figura que fue el entonces ministro Ábalos quien firmó la orden ministerial de compra el 20 de marzo de aquel año, en un momento en el que, dada la emergencia sanitaria, estaban suspendidos buena parte de los filtros y controles que rigen la contratación pública. Fuentes de las acusaciones han descrito el testimonio de Sánchez Manzanares como “ilustrativo”.
El ex alto cargo, al que la Guardia Civil intervino un cruce de correos electrónicos con Koldo García, asesor de Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama, dos de los personajes claves del caso, ha justificado este intercambio de mensajes en la necesidad de gestionar el traslado desde China a España de las mascarillas adquiridas. En uno de los registros en las empresas de Aldama, la Guardia Civil localizó un cuaderno que “contenía, entre otras hojas, una captura de pantalla de una conversación [de WhatsApp] entre Aldama y ‘Álvaro vice de Puer”, al que identifican como Sánchez Manzanares. La destitución del Sánchez Manzanares como número dos de Puertos del Estado se produjo después de que se conociera un informe de la Agencia Tributaria que señalaba que el presidente de este organismo, Álvaro Rodríguez Dapena, jefe directo de Sánchez Manzanares, negó en una respuesta por escrito que su departamento hubiera tenido relación alguna con Aldama.
El ex alto cargo imputado ―que solo ha respondido a las preguntas del juez, la Fiscalía Anticorrupción y su defensa― ha defendido, como ya hizo ante la Guardia Civil cuando fue interrogado en febrero como testigo, que su participación en la compra fue secundaria y que siempre fue siguiendo órdenes de sus superiores. En este sentido, ha recalcado que la orden de compra venía firmada por el ministro, como era preceptivo, y que por encima de este solo estaba el Consejo de Ministros, por lo que entendió que el procedimiento era lícito, sobre todo en un momento de máxima urgencia sanitaria. Sin embargo, Anticorrupción destacaba en el informe en el que solicitó su imputación que el entonces alto cargo tuvo un papel “relevante” en la contratación de Soluciones de Gestión y que, incluso, remitió un correo a Aldama en el que le informaba de manera supuestamente irregular sobre la oferta presentada por otra empresa con el mensaje “sólo para tu información, Víctor”.
Sobre su relación con Koldo García, Sánchez-Manzanares la ha descrito en su declaración ante el juez como “buena”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe remitido al juez, fue un paso más allá y la tildó de “estrecha”, algo que los investigadores deducían “no sólo por las intervenciones telefónicas y los seguimientos policiales, sino también por los correos remitidos entre ambos”. En aquel informe, los agentes concluían que “Koldo habría ejercido su influencia para que el contrato con número de expediente E/019/20 fuera adjudicado a Soluciones de Gestión por Puertos del Estado para suministrar una cantidad de ocho millones de mascarillas”. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó también alguna llamada telefónica de Koldo García en los meses anteriores a su detención a Sánchez Manzanares, sin que su contenido tuviera especial interés para la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ha interrogado a Sánchez Manzanares también por el contenido de la auditoria elaborada por el Ministerio de Transportes y presentada en agosto por el ministro Puente en el Senado, en la que se apuntaban diferentes irregularidades. Entre ellas, el hecho de que, en tan solo 38 minutos, el departamento que entonces encabezaba Ábalos duplicase de cuatro a ocho millones la compra de mascarillas que se hizo a través de Puertos del Estado. El documento señala que la justificación que se dio para ampliar el pedido fue que “la empresa ofrecía ocho millones o nada”. La auditoría vio una “falta de control inicial” en la compra de estas mascarillas. En este caso, Sánchez Manzanares ha vuelto a señalar a sus superiores.
En un informe en el que analizaba las declaraciones que, como testigos, tomó entre el 21 y el 22 de febrero a varios cargos de los ministerios de Transportes e Interior, la UCO destacó las contradicciones de los testimonios entre varios de ellos y lo manifestado por Sánchez Manzanares. En dicho documento, los agentes destacaban que María Belén Caballero, jefa del departamento de Contratación y Consejos de Administración, aseguró que fue Sánchez Manzanares el que “puso sobre la mesa” el nombre de la empresa de la trama, aunque admitía que no sabía “quién se la puso a él sobre la mesa, porque fue el ministerio el que contrató”. La segunda, Aranzazu de Miguel, jefa del Área de Contratación y Gerencia de Riesgos de Puertos, afirmó que fue este ex alto cargo quien le informó de que habían contactado con esta mercantil y que sería “la encargada de suministrarles las mascarillas”.
En los mensajes que intercambio con ambas y un tercer miembro del departamento a los que recurrió para dar forma legal a la adjudicación a Soluciones de Gestión, Sánchez Manzanares tranquiliza a estos asegurando que el anuncio de la compra la iba a hacer el propio presidente, Pedro Sánchez. “Solo espero no acabar en el fondo del [río] Manzanares con una losa de hormigón en los pies”, le respondió la jefa del Área de Contratación. La respuesta del entonces número dos de Puertos del Estado fue: “Después de esto nos vamos a gestionar el Cartel de Cali [organización de narcotráfico de origen colombiano]”.
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