El Supremo decide que el ‘caso Koldo’ siga en la Audiencia Nacional y no pase a la Fiscalía Europea

El caso Koldo seguirá siendo investigado por la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha resuelto que el juez Ismael Moreno es el competente para investigar la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020, y no la Fiscalía Europea, el órgano supranacional que reclamaba para sí la totalidad de las pesquisas al considerar que se habían visto afectados fondos de la Unión Europea (UE). Esta fiscalía ya investigaba desde marzo la parte referida a los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario, los únicos bajo sospecha que fueron financiados en su totalidad con fondos de la UE.

En un auto dictado este viernes, los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo y Ángel Luis Hurtado concluyen que, de lo investigado hasta ahora, no se desprende que las supuestas comisiones que recibieron los principales implicados en la trama ―Koldo García, antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama― hayan provocado un perjuicio a los intereses financieros de la UE y, por tanto, que tenga que ser la Fiscalía Europea la que asuma la causa en su conjunto.

El alto tribunal añade que la investigación del juez Moreno se encuentra ya en un estado avanzado y, dada su complejidad, que cambie de manos en este momento podría mermar “su ritmo y eficacia”. El Supremo acuerda por ello que sea la Audiencia Nacional la que continúe investigando los hechos, incluidos los expedientes de los gobiernos balear y canario, y aclara que la Fiscalía Europea mantendrá su competencia exclusivamente para determinar la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE. De este modo, el alto tribunal respalda la posición tanto de la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción como del propio juez Moreno, que defendían que fuera este quien siguiera al frente de la causa. La resolución no admite recurso.

Tras analizar el marco en el que se creó la Fiscalía Europea y sus competencias ―y admitir que las cuestiones sobre competencia entre órganos judiciales están marcadas por la “provisionalidad” y el devenir de las investigaciones―, los magistrados recalcan que el fin de este órgano de la UE es proteger los intereses de la Unión y paliar las dificultades que los países miembros pudieran encontrar al perseguir aquellas infracciones que perjudican a la UE o que, por su dimensión, se pudieran combatir mejor a escala supranacional, circunstancias que consideran que en este momento no se dan en el caso Koldo.

“No podemos concluir que en las diligencias previas [...] se estén investigando delitos intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión”, destaca el auto, en el que se rechaza que las infracciones penales investigadas (cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y contra la Hacienda Pública) supongan una amenaza para aquellos o para las instituciones de la UE. El Supremo tampoco considera que la Fiscalía Europea esté en una mejor posición para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional.

Los magistrados hacen hincapié en que el caso Koldo está centrado en investigar la supuesta existencia de “una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales” y que, por tanto, “debe y puede ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza”, en referencia a la Audiencia Nacional.

Baleares y Canarias

La cuestión de competencia entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea que ha resuelto ahora el Supremo se planteó el 30 de mayo. El órgano de la UE, con sede en Luxemburgo, ya había asumido en marzo la parte de la investigación referida al suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias, pero dos meses más tarde, tras analizar un informe de la UCO sobre el caso, reclamó asumir la totalidad del caso al entender que el resto de las adjudicaciones bajo sospecha encajaban en una sola trama y, por tanto, que lo más lógico era encargarse de toda la investigación, aunque solo algunos expedientes bajo sospecha hubieran sido financiados con fondos por la UE.

No es la primera vez que surge un conflicto de competencias con la Fiscalía Europea desde que esta comenzó a funcionar en España hace tres años. El más mediático fue por la investigación sobre las supuestas comisiones que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presuntamente cobró también por unos contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Aquel caso provocó un sonoro choque entre este órgano de la UE y la Fiscalía Anticorrupción. Las dos instancias querían hacerse cargo del caso y finalmente la decisión que se tomó fue salomónica al repartir la causa. En ambas vías las investigaciones acabaron finalmente siendo archivadas.