Laura Kövesi: “La comunicación con España es muy difícil para averiguar si el fraude atañe a dinero de la UE o nacional”
La Fiscal General comunitaria reclama más cooperación de la autoridades españolas y personal especializado
Laura Codruta Kövesi, jefa de la Fiscalía de la UE, nombrada en 2019 para luchar contra el fraude con los fondos comunitarios y el IVA desde la institución de nueva creación, va al grano y habla sin rodeos. La rumana, que estuvo durante años al frente de la agencia anticorrupción de su país y se labró fama de rigurosa, cree que todavía hay un problema de detección de los fraudes y una idea mal concebida en algunos países de que si se reportan casos, otros los considerarán más corruptos. En una entrevista en la sede de la Fiscalía (EPPO, fundada en 2017) en Luxemburgo, Kövesi (Sfântu George, 49 años) critica la lentitud de España a la hora de comunicarse con su departamento y de dar datos. No ha sido su único roce, aunque su departamento acaba de archivar por falta de indicios de delito el caso que dio origen a uno de los más sonados: el de la compra de la Comunidad de Madrid de mascarillas a la empresa del hermano de Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad, en el pico de la pandemia de covid. Kövesi no comenta casos particulares, pero el del hermano de Ayuso derivó en un conflicto de competencias entre la Fiscalía Europea y la Anticorrupción española que se saldó con la división en dos del asunto.
Pregunta. La Fiscalía Europea lleva año y medio de actividad, al margen de los años de preparación inicial. ¿Cómo valora estos primeros compases? ¿Ha habido fricciones con las instituciones europeas?
Respuesta. Nuestras estadísticas demuestran que funciona muy bien, hemos empezado a mejorar el nivel de protección del dinero de la UE, del Estado de Derecho y de los ciudadanos europeos. Al inicio, el principal problema para algunos fue entender nuestra función —qué investigamos y enjuiciamos— y que necesitamos recursos. Ahora hemos mejorado la comunicación y colaboramos bien con todas las instituciones, organismos y agencias de la UE. A veces tenemos opiniones diferentes, pero esto no significa que haya conflicto.
P. ¿Cómo se mejora el nivel de protección del dinero de la UE?
R. Somos una fiscalía especializada y no tenemos fronteras como los fiscales nacionales. Y tenemos fiscales especializados en 22 Estados miembros. Podemos compartir información y pruebas sin formalidades y adoptamos el mismo enfoque en todos los Estados; aunque hay diferencias entre unos y otros. Hay algunos que reportan cero casos, pero eso no quiere decir que no tengan problemas. Me gustaría implantar en todos los lugares, en la Fiscalía Europea, el conocido como modelo español, con investigadores especializados, financieros, policías y personal trabajando en los casos. Todo este sistema de trabajo no existía antes a nivel europeo y se ha demostrado eficaz, por ejemplo, con el caso Admiral.
P. El macrocaso de fraude fiscal…
R. Comenzó como un caso menor en Portugal. Lo investigamos un año y medio y llegamos a identificar a 9.000 empresas involucradas en este fraude carrusel del IVA con delitos cometidos en todos los Estados miembros y una decena de países de fuera de la UE, con daños estimados de 2.200 millones de euros. Pero para hacer esto necesitamos investigadores financieros, personal, acceso a bases de datos. En España, por cierto, no lo hemos conseguido. Hablando en cifras: hay unos 800.000 millones de euros del fondo de recuperación para siete años, a España le corresponden casi 200.000 millones. Es fundamental que España reciba este dinero, pero también es fundamental estar seguros de que este dinero se gaste sin fraude.
P. ¿Y no estamos seguros?
R. Estaríamos más seguros si tuviéramos todo el apoyo de las autoridades españolas y si el nivel de detección y denuncias aumentase. Ese es uno de los problemas que tenemos con España. La cooperación es buena, nos dicen todo el tiempo que nos apoyan. Y eso está bien, pero querría ver más hechos sobre el terreno.
P. Cuando leemos su último informe vemos que España tiene casos abiertos por 144 millones de fraude y Portugal, por 2.900. ¿Estamos haciendo las cosas mejor o no se está investigando?
R. Hay dos opciones. O no detectan y no ponen recursos para ello, o detectan y no informan a la Fiscalía Europea. En ambos casos, hay un problema y esto es algo que tenemos que mejorar. En otros países también tenemos problemas de detección porque aún se cree que si se reportan más casos otros pensarán que tienen un problema, cuando no es así. Pero en España, además, la comunicación es muy difícil, no es clara ni rápida cuando se trata de averiguar si el fraude ha afectado a dinero de la UE o nacional. En algunos casos tenemos que esperar 12 o 14 meses solo para saber si había dinero de la UE. ¿Cómo es posible? Esto pasa solo en España. Si esperas un año solo para saber si puedes abrir una investigación, cuántos años necesitas para llevar a cabo la investigación. Este es un problema muy real. Así explicamos esos números.
P. No es este el único problema con España.
R. No. Otras veces no llegamos a un acuerdo sobre las competencias de la Fiscalía. Cuando reclamamos un caso, tenemos el problema de que el fiscal general decide. Y esto no debe decidirlo el fiscal general. No deberíamos tener una doctrina específica para un Estado miembro. La Fiscalía europea se creó para investigar el fraude, pero también la corrupción, el blanqueo de dinero y el crimen organizado relacionado con su dinero. Si alguien tiene dudas del cómo debemos interpretar la competencia que acuda al Tribunal de Justicia [de la UE].
P. Sus relaciones con la anterior Fiscal General española, Dolores Delgado, no eran buenas, ¿han cambiado con el actual?
R. Estamos bien. Estamos en contacto, pero aún necesitamos ver mejoras. Una de ellas tiene que ver con la detección y la denuncia. Otra es contar con investigadores financieros dedicados y especializados para trabajar en casos individuales. Todos dicen que el modelo español es el mejor del mundo. Ahora, mi pregunta es por qué España no quiere ese modelo que tiene para las autoridades nacionales para la Fiscalía europea.
P. ¿Por qué?
R. Deberían responder ellos. Lo hemos pedido. Estamos en contacto con ellos. Les enviamos continuamente estadísticas e información. No sé por qué.
P. ¿Puede tener problemas España si esto no se resuelve?
R. Estamos esperando, espero que se solucione. Soy optimista. España tendrá pronto la presidencia del Consejo de la UE [en el segundo semestre de este año]. Espero que esto no sea un problema. No es algo muy difícil, no tienen que cambiar la ley, es solo la voluntad de alguien que tiene que designar a siete, diez o el número que sea de oficiales de policía para que trabajen con nosotros.
P. ¿Hay algún plazo para ello? ¿Ha detectado falta de interés?
R. ¿Fecha límite? Ayer… La norma se adoptó en 2017. Han pasado cinco años desde que se decidió que se crearía la Fiscalía. Y para aclarar: la institución no está aquí durante tres meses, esto es para siempre. Ya hemos empezado a cambiar muchas cosas, a ser eficientes y a tener resultados. Y nos gustaría ser lo más eficientes que podamos en todos los estados miembros. No podemos dejar que España quede rezagada.
P. El Qatargate ha golpeado a las instituciones europeas. ¿Cree que la propuesta de la Comisión Europea de crear un cuerpo ético común a todas las instituciones es suficiente?
R. Cuando se trata de corrupción, no basta con investigar. Incluso si se metea mucha gente en prisión, si no se impide, si no se cambia el procedimiento, cuando se ve que basándose en el mismo procedimiento, hay vulnerabilidades, alguien puede cometer los delitos. Si no educas a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, si no cambias las mentalidades, tienes un problema. Esto no es solo tarea de jueces y fiscales. Cualquier herramienta que pueda prevenir la corrupción, es bienvenida.
P. ¿Puede desempeñar algún papel la Fiscalía Europea a la hora de procesar a personas que ayudan a eludir sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania?
R. Estamos preparados. Somos la mejor herramienta disponible en este momento a nivel europeo para realizar estas investigaciones. Ya tenemos una parte de la competencia, porque una de las tipologías para eludir las sanciones es el contrabando y tenemos personal especializado. Necesitamos la base legal para hacerlo, ampliar las competencias.
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