El Gobierno se toma un respiro rodeado de incertidumbres

Un veterano funcionario que ha ocupado importantes cargos en el Congreso recordaba recientemente, a propósito de los apuros parlamentarios del Gobierno, una vieja frase de Alfredo Pérez Rubalcaba: “A mí no me importa perder los martes si sé que voy a ganar los jueves”, comentaba el desaparecido dirigente en la época en que fue ministro en otro Ejecutivo socialista en minoría, el de José Luis Rodríguez Zapatero. Los martes es el día en que se votan las iniciativas sin más consecuencias prácticas ni obligación para el Gobierno que un pronunciamiento de la Cámara: las mociones y las proposiciones no de ley, esas sobre las que algunos diputados bromean que la única palabra verdadera que contienen es el “no”. Los jueves, el último día del pleno semanal, se vota lo más trascendente, las propuestas legislativas, “lo que va a Boletín”, como suele decir el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Visto así, la estadística puede ayudar al Gobierno a relativizar el alcance de sus penurias parlamentarias. Desde que comenzó la legislatura, se han celebrado en el pleno del Congreso 572 votaciones, según la contabilización de este periódico, y el Ejecutivo —como tal o a través de las formaciones que lo integran— ha perdido 34, menos del 6% del total. Se puede añadir una más, la de la ley del Suelo, retirada en el último momento para evitar otro revés. Las derrotas en propuestas con contenido legislativo real no suman más de una decena, frente a las 17 aprobadas o puestas en marcha desde el Ejecutivo.

Pero esos patinazos parlamentarios, por mucho que se reduzcan a lo simbólico, dejan huella. El Gobierno llevaba dos semanas encadenándolos y de manera no muy honrosa. Y el PP acopiaba munición para su relato: que Pedro Sánchez carece de sustento parlamentario. En estas condiciones, el Ejecutivo ha decidido tomarse un respiro, evitar otro revés seguro y retirar de momento la llamada senda de estabilidad, que fija los límites del déficit público ante la elaboración de los Presupuestos. Con eso, PSOE y Sumar pudieron salir indemnes de las 11 votaciones del pleno de esta semana.

Desde el retorno de las vacaciones, el Gobierno daba prácticamente por descontada tanto esa derrota —que Junts ya había provocado en una primera votación en julio— como la subsiguiente con los Presupuestos. El plan era seguir adelante pese a todo. Elaborar las cuentas a partir del límite de déficit vigente, el del año pasado, y llevarlas al Congreso aun a riesgo de que el partido de Carles Puigdemont las tumbara. Ahora se ha abierto un pequeño resquicio para torcer un desenlace que se antojaba inexorable.

“Parece que el PSOE lo empieza a entender”, se vanagloriaba una sonriente Miriam Nogueras, portavoz de Junts, tras conocer el gesto del Gobierno. ¿Entender qué? Que el Ejecutivo se encuentra en minoría y está obligado a negociar cada una de sus propuestas con la formación de Puigdemont, “carpeta a carpeta”, según dicen en el grupo parlamentario. Su diputado Josep Maria Cruset lo expresó sin dulzuras diplomáticas desde el atril del hemiciclo: “Nosotros no estamos aquí para engordar ningún bloque. Cuanto antes lo entiendan, antes dejarán de sufrir y de hacer el ridículo retirando iniciativas en el último momento”.

A la espera de las negociaciones sobre el reparto del déficit, la semana deja algunos atisbos más de distensión. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a desclasificar documentos del CNI sobre su relación con el antiguo imán de Ripoll, implicado en los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña. En este asunto, una parte del independentismo sostiene tesis conspiratorias acerca de pretendidas implicaciones del servicio de inteligencia. Junts pactó hace un año con el PSOE una comisión de investigación que hasta ahora no se había puesto en marcha.

Los de Puigdemont, por su parte, frustraron otro intento del PP de abrir brecha entre los grupos que invistieron a Sánchez. Los populares presentaban una moción para comprometer al Ejecutivo a llevar un plan fiscal a la Cámara, con un añadido goloso para los nacionalistas: pedir que el reparto de 18.000 millones de fondos europeos se dejase en manos de las comunidades autónomas. Nadie mordió el anzuelo. En el debate, Cruset, al tiempo que deslizaba advertencias a los socialistas, repudió con contundencia al PP: “Su catalanofobia huele a kilómetros de distancia”. Junts tampoco se sumó a una enmienda de los populares para rechazar el proyecto de ley de Movilidad Sostenible. Su diputado Isidre Gavin explicó que tenían motivos para ello, pero que se fían de la palabra del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que sus objeciones se incorporarán mediante enmiendas parciales en la redacción del texto final.

Si lidiar con Junts es misión casi titánica, el reto se complica más por la feroz competencia entre las dos fuerzas del independentismo catalán. En cuanto se anunció la retirada de la senda de estabilidad, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se apresuró a buscar los micrófonos siempre abiertos en los pasillos del Congreso: “Pues entonces habrá que empezar de cero y negociar con todos, no solo con Junts”.

El duelo entre los que fueron compañeros de viaje durante el procés se mantenía en Madrid en el terreno de las insinuaciones más o menos veladas. Desde hace algunas semanas, ha ido creciendo y el pasado jueves estalló crudamente, con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como testigo perplejo. El duelo en el pleno entre Rufián y Cruset tuvo momentos brutales. Este último descalificó como “electoralismo barato” el acuerdo de los socialistas y Esquerra para dotar a Cataluña de una “financiación singular”. Y el portavoz de ERC acusó a Junts de creerse los “amos de la finca”. Ese grado de enconamiento preocupa en el Gobierno, porque deriva en una competición sobre quién eleva más sus exigencias. Por eso, Sánchez ha acabado verbalizando en público lo que el Ejecutivo había asumido desde el inicio de curso: que mientras las dos formaciones independentistas no liquiden sus respectivos congresos, el Parlamento seguirá envuelto en una espesa humareda.

De lo que no hay duda para el Gobierno es de la fiabilidad de los dos grupos nacionalistas vascos. El PNV no ha cesado de ofrecer declaraciones de adhesión a la causa tras su momentánea deserción por el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente de Venezuela. Y el Ejecutivo se esmera por responder con gestos amistosos. Esta semana ha accedido, sin mucho entusiasmo por parte del PSOE, a la iniciativa del PNV para estudiar una reforma en la ley que regula el CNI, asunto que había quedado fuera del plan de regeneración de Sánchez. EH Bildu, por su parte, presiona junto a los grupos más a la izquierda para ahondar en las políticas sociales. En unión de ERC y BNG ha presentado una solicitud de comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para pedirle cuentas sobre su “inacción” ante los precios disparados. El PSOE se debate ahí en una de sus múltiples encrucijadas: esos grupos, al igual que Sumar y Podemos, lo aprietan de un lado, mientras Junts se alinea con las demandas de los propietarios. Consecuencias inevitables en la peligrosa vida del presidente Sánchez.