El PSOE hace un guiño al PNV y da luz verde a su propuesta para reformar el servicio secreto

El PSOE ha hecho un guiño al PNV al admitir a trámite su proposición de ley para reforzar el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y vincularlo más al presidente del Gobierno, aunque sin romper de momento su adscripción al Ministerio de Defensa. El portavoz socialista, Patxi López, ha justificado su cambio de posición ante una iniciativa que ya rechazó en la anterior legislatura subrayando que han pasado 20 años desde la aprobación de las leyes que regulan el funcionamiento del servicio secreto, por lo que han quedado obsoletas ante el avance de la tecnología.

En su defensa de la proposición, el peneuvista Mikel Lagarda ha subrayado que la reforma es necesaria no solo por el tiempo transcurrido sino por el caso Pegasus, en el que la entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue cesada tras reconocer que había espiado a 18 dirigentes independentistas, incluido el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con autorización judicial. Cuando estalló el escándalo en 2022, el presidente Pedro Sánchez anunció una reforma de las leyes que regulan al servicio secreto, pero ese anuncio no se ha cumplido y ni siquiera figura en el paquete de medidas de regeneración democrática recientemente aprobado por el Gobierno.

La propuesta del PNV reforma tanto la ley reguladora del CNI como la de control judicial del servicio secreto, ambas de mayo de 2002, cuando gobernaba José María Aznar. En el primer caso, se trata de estrechar la vinculación del centro de inteligencia al presidente del Gobierno, del que ya depende funcionalmente, al establecer que será este y no la ministra de Defensa quien nombre al secretario de Estado que dirige el servicio secreto y a su secretario general. No obstante, el CNI se mantendría “inicialmente” adscrito al Ministerio de Defensa, sin perjuicio de que pueda traspasarse por decreto a La Moncloa, según la proposición.

El PNV también amplía las competencias de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que, si el texto se aprobara en sus actuales términos, tendría derecho a conocer los “medios” que utiliza el CNI, algo que tiene vedado ahora. Se trata de evitar que, como ha subrayado Legarda, el Defensor del Pueblo tuviera acceso a más información sobre el caso Pegasus que el propio Congreso, al que no se facilitó información sobre los programas espía de origen israelí.

Pero el mayor cambio se produce en la ley de control judicial del servicio secreto, que pasa de tener solo carácter previo a ser permanente y a posteriori. Ya no sería un solo magistrado del Supremo el que autorizara la entrada en domicilios o la interceptación de las comunicaciones por parte del CNI, sino que tendrían que acordarlo tres magistrados del alto tribunal por unanimidad.

Además, los jueces deberán ser informados no solo de la identidad de la persona espiada y del motivo y duración de la escucha, sino también de “los medios y recursos a emplear, detallando sus características concretas”, para que puedan comprobar si son proporcionales. Finalmente, el responsable del CNI los debería informar “del grado de ejecución de cada autorización [intervención telefónica o entrada en domicilio] en el momento en que finalicen estas, a fin de que [los magistrados] puedan asegurarse” de que se han adecuado a la autorización concedida.

No obstante, la diputada socialista, Isaura Leal, ha dejado claro que el texto será enmendado durante su tramitación parlamentaria. Todos los grupos han mostrado su respaldo a la iniciativa, salvo Vox y el PP. El ultra Ignacio Gil Lázaro ha asegurado que el objetivo de la reforma es “debilitar a España”, mientras, en la misma línea, el popular Rafael Hernando ha sentenciado que “lo que pretender es maniatar al servicio de inteligencia y restarle eficacia”. Este último ha pronosticado en cualquier caso que la proposición quedará aparcada en la Mesa del Congreso y nunca se aprobará.