El PP hace un guiño a la izquierda del PSOE y pide que no se puedan dar armas a Ucrania sin aval del Congreso

El PP quiere introducir una cuña entre el PSOE y sus socios a la izquierda. Y meterla en uno de los puntos más sensibles para los socios parlamentarios de Pedro Sánchez: el suministro de armamento español a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa, una decisión que el presidente del Gobierno ha adoptado en solitario, haciendo uso de su competencia exclusiva en política exterior. Si prospera la iniciativa del PP, cualquier envío de material militar a una zona de guerra como Ucrania deberá someterse a la aprobación del pleno del Congreso, donde previsiblemente solo saldría adelante si la respalda el propio PP.

Esta exigencia figura en la proposición de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que este miércoles debatirá el Senado, a propuesta del PP. Como los populares gozan de mayoría absoluta en la Cámara alta no hay duda de que saldrá adelante.

En su exposición de motivos, el Grupo Popular argumenta que “España es una democracia parlamentaria y debería ser en el Congreso de los Diputados donde se debatiese y determinase la posición de España y el tipo ayuda que debe prestar a sus socios y aliados”. Agrega que “el apoyo militar tiene unas implicaciones geopolíticas, logísticas y para la industria militar que requieren un análisis profundo”. Y reprocha al Gobierno que haya “abusado de sus prerrogativas, también en este ámbito, y evitado cualquier debate sobre los incrementos de tropas en misiones militares, la naturaleza de las mismas o los envíos de ayuda militar que ha realizado a zonas de guerra”.

La proposición de ley del PP pide limitar la vigencia de las misiones militares en el exterior a cinco años desde su aprobación por el Congreso, pasados los cuales el Gobierno debería solicitar una prórroga, tras explicar los objetivos alcanzados y los que restan por cumplir. En el caso de que no se hiciera así, la misión se consideraría automáticamente finalizada y la autorización caducada.

Además, la solicitud debería incluir el número máximo de efectivos y el material necesario para la misión. Cualquier aumento de tropas por encima de ese límite debería ser aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso. Según el texto, en el plazo de un año tras la aprobación de la reforma, el Gobierno deberá solicitar que se renueve la autorización de todas las operaciones militares en curso.

El punto más delicado, sin embargo, es el suministro de armamento y munición a Ucrania. “Para el envío de material militar a una zona en guerra, con carácter previo, el Gobierno deberá solicitar la autorización del pleno del Congreso de los Diputados”, dice la propuesta legislativa, que precisa que dicha autorización tendrá carácter anual y su renovación deberá pedirse en la comisión parlamentaria correspondiente.

Además, en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley, “el Gobierno deberá solicitar la autorización del pleno del Congreso de los envíos de material militar a zonas de guerra comprometidos antes de la aprobación de la presente ley”. Es decir, el Parlamento tendrá que autorizar con carácter retroactivo la entrega del armamento que España ya ha suministrado al Gobierno de Zelenski. Lo que no explica la iniciativa del PP es qué ocurrirá si el Congreso niega dicha autorización.

Con esta propuesta, el PP asume una reivindicación histórica de las fuerzas a la izquierda del PSOE, que rechazan el envío de tropas a zonas de conflicto, como Afganistán o Irak, y el suministro de armamento a países en guerra, como Ucrania. Y mucho menos sin el aval del Parlamento. Pero supone una ruptura con la línea tradicional del PP, que siempre ha hecho gala del cumplimiento de los compromisos internacionales de España en el campo de la defensa, especialmente con la OTAN.

De hecho, la exigencia de que el Congreso tenga que aprobar el envío de militares al exterior con carácter previo se aprobó bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien los populares le reprocharon la retirada de las tropas de Irak, enviadas por el presidente José María Aznar sin el aval del Parlamento.

Una vez aprobada por el Senado, la proposición de ley del PP se remitirá al Congreso, donde lo previsible es que salga adelante con el respaldo de los partidos a la izquierda del PSOE. La única posibilidad que tiene el Gobierno es frenar su tramitación en la Mesa del Congreso, pero para ello necesitaría la complicidad de Sumar, que tendría difícil explicar su rechazo a una iniciativa que ella misma podría haber suscrito.