El Gobierno se desespera ante la guerra Junts-ERC: parece casi imposible contentar a los dos a la vez

Desde la noche electoral del 23 de julio de 2023, hace ahora un año, Pedro Sánchez y su equipo sabían que la principal dificultad del acuerdo de investidura, además de la ley de amnistía, que ya suponía un giro de 180 grados en su discurso, era la guerra eterna entre ERC y Junts. ¿Cómo negociar algo para que los dos rivales del independentismo, que libran una lucha sin cuartel desde hace décadas, pudieran entrar a la vez en el mismo acuerdo? Después de muchísimas tensiones, se logró para la investidura, a duras penas, pero un año después, cuando Junts ha tumbado la senda de estabilidad precisamente al ver que las negociaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa caminan a buen ritmo, la pregunta vuelve a aparecer y desespera al Ejecutivo ante la posibilidad de que esta batalla impida la aprobación de unos Presupuestos para 2025 y ponga así en riesgo la legislatura.

En el núcleo duro de Sánchez son optimistas. Creen que esto es solo un aviso, no un golpe definitivo. Hacienda volverá a llevar la senda de estabilidad al Consejo de Ministros ―es posible que incluso la próxima semana, como gesto político― para volver a intentar aprobarla en septiembre. Y entonces, ya con la investidura de Illa despejada ―o eso esperan en La Moncloa― la batalla empezará de nuevo y habrá que negociar con Junts de otra manera sobre bases diferentes. Pero en otros sectores del Gobierno, del PSOE, de Sumar y de algunos socios son más escépticos, y creen que si Junts pierde la gran batalla que está dando por impedir la investidura de Illa no tendrá ningún deseo de apoyar los Presupuestos.

La historia se repite. Durante las negociaciones para la investidura de Sánchez, la gran dificultad era cerrar la ley de amnistía con Junts y ERC a la vez, pero con discusiones en paralelo, sin una sola reunión a tres, porque las dos querían acuerdos por separado. Era el mismo texto, pero se negociaba en distintas mesas. Consciente de este problema, Sánchez tomó desde el principio la decisión de separar también los negociadores: Santos Cerdán se encargaba de Junts y Félix Bolaños de ERC. Y así sigue aún hoy. Cuando ya estaba prácticamente cerrado el acuerdo con Junts, y Cerdán viajó a Bruselas para firmarlo, ERC firmó el suyo en Barcelona con Bolaños y todo se complicó de nuevo. La intervención del juez Manuel García-Castellón, que implicó a Carles Puigdemont en un posible delito de terrorismo, complicó aún más las cosas y a punto estuvo de tumbar la investidura. El acuerdo aguantó, pero Junts se quejaba de que había párrafos enteros de su pacto que estaban también en el de ERC. Era algo lógico, porque las dos estaban negociando la misma ley de amnistía, pero la división en el independentismo de nuevo complicó mucho las cosas.

Ese problema ha sido recurrente en cada negociación, aunque las cosas cambiaron mínimamente después de la investidura, cuando al fin los socialistas lograron que hubiera una reunión a tres ―PSOE, ERC, Junts― para rematar las enmiendas a la ley de amnistía que de nuevo pusieron en jaque al Gobierno. Después de eso, en cada ley, en cada decreto, los recelos entre Junts y ERC han dominado las negociaciones, siempre por separado.

Este martes, el Gobierno confiaba en que Junts aprobaría la senda de estabilidad, que se venía negociando hace semanas, pero ya por la mañana, incluso antes de que se anunciara la reunión en Barcelona entre Sánchez y Pere Aragonès, Junts ya empezaba a lanzar mensajes de amenaza que después se consolidaron. Nada más conocerse la votación, en los pasillos del Congreso el análisis de todos los sectores del Gobierno y de grupos de la mayoría era unánime: “Es una rabieta porque se ve que el acuerdo con ERC avanza”.

Junts apelaba a cuestiones económicas, pero todos los demás veían una decisión política para complicar la negociación de la investidura de Illa. De hecho en el Gobierno se esperan más movimientos de Carles Puigdemont en los próximos días para intentar que el acuerdo fracase ya sea porque no se logre cerrar o porque las bases lo tumben. La posibilidad incluso de que el expresident se presente en Barcelona, con el riesgo de ser detenido, está encima de la mesa de todos los implicados en la negociación. Nadie sabe si ERC aguantará la presión, pero los movimientos dentro de la negociación indican que su cúpula parece decidida a apostar por un acuerdo.

La gran pregunta es qué pasará después. Si la investidura de Illa se va al garete por esta presión o por un varapalo de las bases a la cúpula de ERC, la respuesta es fácil: no habrá Presupuestos, al menos este año, porque la campaña electoral en Cataluña lo complicará todo y devolverá a España a la inestabilidad durante unos meses. Pero si Illa es president, la respuesta no es tan sencilla. ¿Tendrá incentivos Junts para pactar unos Presupuestos si es ERC la que habrá logrado el acuerdo para una nueva “financiación singular” en Cataluña? No es fácil imaginarlo, pero varios miembros del Gobierno plantean la pregunta al revés: ¿qué incentivo tiene Junts, que aún no tiene a su líder amnistiado —porque los jueces del Supremo de momento lo han impedido— y que sabe qué significaría en este punto la llegada de un Ejecutivo del PP y Vox, para tumbar la legislatura y forzar unas elecciones anticipadas?

Por eso, después del golpe de este martes, el Gobierno se concentra en su principal objetivo ahora, que es la negociación con ERC y la investidura de Illa, y después intentará recomponer las cosas con Junts cuando se digiera la nueva situación política en Cataluña. Es una legislatura muy difícil, eso parecía seguro desde la noche del 23 de julio de 2023, pero eso no quiere decir que sea imposible. La palabra más pronunciada por los miembros del Gobierno al máximo nivel es “paciencia”. En septiembre la partida empieza de nuevo y eso sí, en otoño puede llegar un resultado casi definitivo, porque ahí ya se sabrá si hay o no Presupuestos.