Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde ha comparecido ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que la investiga desde el pasado abril por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La pareja del dirigente socialista, que ha mantenido hasta el último minuto la incógnita sobre si iba a contestar al juez y al resto de partes, ha abandonado a las 10.30 el edificio del juzgado, adonde había llegado en coche apenas 45 minutos antes, según fuentes jurídicas.

“Mi clienta no ha declarado, no porque tenga algo que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no declare”, se ha limitado a señalar a la salida el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. El letrado ha afirmado que el juez Peinado no ha aclarado los extremos de su instrucción, vulnerando así el derecho de defensa. Según Camacho, el magistrado ha impulsado una investigación “expansiva” que sobrepasa los límites que le marcó la Audiencia Provincial de Madrid, una tesis que comparte la Fiscalía. “Un juez de instrucción no debe investigar cualquier cosa, debe citar cuál es el objeto de la investigación. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor”, ha insistido el abogado.

Vox, que está personado como acusación popular en el caso, ha cargado contra Gómez: “La negativa de la mujer de Sánchez a declarar supone una burla a todos los españoles y al Poder Judicial”, ha dicho el eurodiputado ultra Jorge Buxadé, coordinador de los servicios jurídicos del partido. Buxadé ha añadido que la formación va a pedir que Pedro Sánchez declare como testigo en la causa.

Begoña Gómez volvía hoy al ojo del huracán. En plena ofensiva de la oposición contra el presidente del Gobierno por la investigación judicial abierta contra ella, la defensa de Gómez contaba a su favor con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ilegalidades en su labor profesional, así como un tercero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”. Sin embargo, la esposa de Sánchez ha preferido guardar silencio ante el magistrado.

El interrogatorio había sido fijado para las 10.00 y generaba una enorme expectación, al igual que sucedió el 5 de julio, cuando fue citada por primera vez. Esa comparecencia se suspendió finalmente, después de que Gómez asegurase al juez que no sabía los hechos por los que le investigaba y Peinado admitiese que no se le había notificado toda la documentación del caso. Decenas de personas se concentraron en aquella ocasión ante los juzgados de Plaza de Castilla para increparla. Y varios ultras se colaron en el interior del edificio judicial para insultarla y grabarla en los pasillos, algo prohibido por la normativa.

Este viernes ha vuelto a ocurrir: un grupo se ha colado de nuevo en el edificio y ha llegado hasta la planta sexta, donde se iba a producir la declaración, pero el servicio de seguridad los ha detectado y los ha echado. En esa planta había personal de la seguridad habitual del edificio y también de La Moncloa, según fuentes presentes en el juzgado.

La jueza decana de los juzgados de Plaza Castilla, María Jesús del Barco, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), había ordenado incrementar la seguridad y limitar el acceso a la planta donde se encuentra el Juzgado de Instrucción 41. También, al igual que en la anterior ocasión, había autorizado a Gómez a entrar en coche por el garaje, ante el “riesgo” para su integridad física. Esta circunstancia ha permitido a la esposa del presidente ahorrarse el paseíllo ante las cámaras de televisión y los periodistas. Vestida de negro, ha subido desde el garaje por el ascensor y se ha encaminado directamente a la sala de vistas, según fuentes del juzgado.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que está personada como acusación popular en la causa, ha vuelto a convocar una manifestación a las puertas del inmueble con lemas como “ya no le quedan excusas, Begoña tendrá que responder” y “yo senté a Begoña en el banquillo”.

Las pesquisas contra Begoña Gómez comenzaron el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del magistrado se desprende que se investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés; los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid; y su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado ya dos informes sobre el caso, que ha enviado al juez. Ninguno de esos dos análisis ha detectado irregularidades. La Audiencia de Madrid, por su parte, tras analizar la denuncia inicial de Manos Limpias, calificó el asunto de Globalia como una “simple conjetura, más allá de llamativas coincidencias temporales y personales”, aunque avaló que el juez siguiera investigando la parte de la denuncia referida a algunos de los contratos de Barrabés.

La oposición se ha aferrado ahora al informe que la Complutense ha elaborado sobre la investigación interna que abrió por su vinculación con Begoña Gómez, y que salió a la luz el miércoles. Sin embargo, ese documento, que la universidad envió al magistrado Peinado el pasado 1 de julio, no concluye la existencia de ninguna irregularidad: pide únicamente al juez que, si este detecta en su investigación que se ha producido algún perjuicio para la Complutense, le avise para personarse ella como acusación.

En el informe, no obstante, la Complutense señalaba que la esposa del presidente, sin que la universidad lo supiera, había registrado unas marcas y una empresa con una denominación similar al nombre de la cátedra que ella codirigió en la institución pública. El abogado de Gómez ha calificado este viernes de “sorprendentes” esas afirmaciones: “Mi cliente puede acreditar que la UCM siempre tuvo conocimiento del registro de ese nombre”, ha asegurado. “Hay correos donde queda claro que la universidad sabía de este registro e incluso dio instrucciones de cómo y dónde debía hacerse”.