El acuerdo del CGPJ dispara la tensión en la derecha pero el PP ve “sólida” su alianza con Vox

Tanto Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como Vox, socio del PP en cinco gobiernos autonómicos, hicieron saber al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, su oposición a cualquier acuerdo con el Gobierno, incluido el de renovar, como exige la Constitución cada cinco años, el Consejo General del Poder Judicial. Una vez firmado el pasado martes en Bruselas el pacto que pone fin a 2.030 días de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, y tras un intenso trabajo diplomático entre Génova (sede nacional del PP) y Sol (el cuartel general de la presidenta madrileña), el partido de Santiago Abascal aumenta la presión sobre su socio. Amenaza con romper los bipartitos si el PP apoya la reforma de la ley de extranjería y Ayuso ha advertido, en los mismos términos que Vox (”efecto llamada”) de las consecuencias del reparto de menores. Feijóo fue este viernes contundente: ignoró el aviso de Abascal y aseguró que las comunidades donde gobiernan, en coalición o en solitario, serán “solidarias” y cumplirán con su “obligación”. Pero la tensión en la derecha se ha disparado con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los populares, que siguen sin resolver su relación con el discurso de la extrema derecha, han tomado posiciones diferentes según el asunto: a favor, en líneas generales, de ayudar a Canarias ―donde gobiernan con Coalición Canaria― con el reparto de inmigrantes, piense lo que piense Vox, pero con muchas más dudas para colocar la bandera LGTBi en las fachadas dependiendo de si la extrema derecha está presente en los gobiernos autonómicos y municipales ―en Valencia no se colgó en el Ayuntamiento, aunque sí se permitió exhibirla en el pleno; en Toledo y en Calviá, por ejemplo, tampoco se colgó― o si no precisan a Vox —en Málaga, Cádiz o Albacete la desplegaron sin problemas—.

El gobierno central y el canario pactaron un sistema, que tendrá que incorporarse ―y votarse― en una reforma de la ley de extranjería, para introducir una disposición en virtud de la cual, cuando una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores, se active un mecanismo de reparto obligatorio entre las demás regiones en función de una serie de parámetros como renta, desempleo o número de menores ya acogidos. El presidente canario, Fernando Clavijo, informó esta semana a todos los grupos parlamentarios del Congreso de la “situación límite” que vive el archipiélago, con cerca de 6.000 menores migrantes no acompañados, el doble de los que tutelaban hace un año y cuando se estima que 2024 superará el récord histórico de migrantes recibidos en un solo año. Las autoridades canarias recuerdan que en octubre de 2023 se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud el reparto de 339 menores, de los que en la actualidad solo han sido derivados 16. La próxima reunión entre las comunidades será el 18 de julio.

Después de que Junts, socio de investidura de Pedro Sánchez, se negara a participar en el reparto, Feijóo admitió que el archipiélago está “en una situación excepcional” y aseguró que las comunidades que presiden van a poner a disposición “toda la capacidad instalada en centros de menores para acoger cualquier necesidad y cualquier contingente”, si bien reclamó más recursos al Gobierno central para poder atenderlos “dignamente” ya que, advirtió, los centros de las comunidades también están “repletos”. Durante la campaña electoral catalana, no obstante, el líder del PP asumió una de las banderas de Vox, vinculando a la población extranjera no regularizada con la delincuencia: “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios”.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, que gobierna con Vox, afirmó que en su comunidad la ocupación de los centros de menores es “del 160%” y acusó al Ejecutivo central de “derivar” toda la presión migratoria “a las comunidades del PP”. Ayuso también aseguró que no reciben dinero del Gobierno para atender a esos menores. Sin embargo, en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia de octubre del año pasado, el Ministerio de Derechos Sociales aprobó 20 millones de euros por este concepto para las distintas regiones. La cantidad asignada a Madrid para acoger a una treintena de menores fue de más 1,5 millones de euros.

Nadie en el PP da credibilidad a la amenaza de Vox de romper los bipartitos. Manejan encuestas, especialmente en Castilla y León, que indican que si el partido de Abascal no va de farol y abandona los ejecutivos que comparten, ellos, los populares, parten con ventaja, y recuerdan que no es la primera vez que la formación de extrema derecha lanza un “órdago” de estas características. “No me preocupa en absoluto”, declaró el portavoz del PP, Borja Sémper, en la SER. “No me lo creo. Se les ve bastante cómodos en los gobiernos”, opinó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “Le guste o no a Vox [los menores extranjeros no acompañados] están en España, y lo que se está haciendo es un ejercicio de solidaridad con las islas Canarias”, añadió. Mazón afirmó este viernes que “el Gobierno del cambio” en la Comunidad Valenciana, es decir, el bipartito con Vox, es “estable y fiable”.

Sí ha tenido más éxito Vox a la hora de condicionar al PP en otro de sus temas estrella, como el combate contra la bandera LGTBi. Los populares no han adoptado una postura común sobre cómo o dónde exhibir ese símbolo de la igualdad, lo que contrasta con la profusión de tuits de dirigentes nacionales y regionales a favor del Orgullo.

Fuentes del sector moderado del PP interpretan el pacto con PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial como un gesto de “autoridad” de Feijóo frente a las presiones internas y externas. Pero los discursos de los últimos días también reflejan el nerviosismo del partido ante la reacción a ese acuerdo y los que puedan venir para renovar otros organismos cuyo mandato también está caducado o a punto de hacerlo, como RTVE, el Banco de España o la CNMC. Prueba de ello es que el mismo día que Esteban González Pons aseguraba en Bruselas, tras el firmar el pacto del CGPJ, que casi era “el principio de una amistad” con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, Feijóo aseguraba en una charla que España afronta “riesgos democráticos” y se encuentra “en un contexto muy cercano” al de regímenes como Venezuela o Cuba. Preguntado este viernes por si compartía esas declaraciones, Sémper, quien reconoció que en el pasado había sido “caricaturizado” precisamente por apartarse del discurso más duro del PP, suscribió esa reciente comparación de Feijóo y viejo mantra de Ayuso: “El Gobierno desliza la idea de los jueces prevarican; el presidente desaparece cinco días a través de una carta en redes sociales; señala públicamente a periodistas; aprueba la ley de amnistía. Esto no se asemeja a las democracias de nuestro entorno. Por tanto, la descripción tiene que ser también dura”.