La Audiencia Nacional fija para abril de 2025 el juicio por el mayor pelotazo del ‘caso Púnica’

El juicio por el mayor pelotazo de la trama de corrupción desmantelada en la Operación Púnica ya tiene fecha. La Audiencia Nacional ha fijado para el 7 de abril de 2025, dentro de casi 11 meses, el inicio de la vista oral por la pieza seis de este macrosumario, en la que se investiga el supuesto amaño de contratos públicos en ayuntamientos a favor de la mercantil de eficiencia energética Cofely España. El tribunal tiene previsto que el juicio se prolongue durante una veintena jornadas y que finalice el 29 de mayo del año que viene. En el banquillo se sentarán 37 acusados, entre ellos nueve exalcaldes de la Comunidad de Madrid y Extremadura —siete son del PP; uno, del PSOE y otro, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA)— por la presunta adjudicación irregular de contratos por parte de nueve consistorios a Cofely, a la que también se envía el banquillo como persona jurídica. La investigación apunta que los contratos bajo sospecha suman más de 224 millones de euros, lo que convierte a esta parte de la investigación en la de mayor fraude de toda la macrocausa.

En su escrito de acusación, presentado en julio de 2022, la Fiscalía Anticorrupción pedía elevadas penas de cárcel para los principales implicados. Así, para el constructor David Marjaliza, cabecilla confeso del caso Púnica y primer gran arrepentido de la corrupción en España, le solicita 13 años y tres meses por ocho delitos, entre ellos el de blanqueo agravado y pertenencia a organización criminal, tras proponer aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión. El inicio de las pesquisas sobre la trama Púnica, en el verano de 2014, “coincidió con una hiperactividad como conseguidor y comisionista del acusado David Marjaliza para Cofely España”, destacaba en su escrito el ministerio público, lo que permitió a los investigadores recopilar numerosos indicios en forma de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y pruebas documentales sobre la actuación de los directivos de esta empresa y el constructor en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Parla, Alcalá de Henares, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles, Serranillos del Valle (todos ellos en la Comunidad de Madrid) y Almendralejo (Badajoz).

A cambio de que les facilitaran la adjudicación de esos contratos, Marjaliza y directivos de Cofely entregaban a alcaldes, ediles y técnicos de estos consistorios diferentes dádivas, la mayoría en efectivo. La Fiscalía destaca que estas comisiones ilegales fueron mayores en los ayuntamientos de Parla y Móstoles, gobernados por PSOE y PP respectivamente, donde la trama se vio obligada a regatear el importe de las mismas y fraccionar las entregas por sus elevadas cuantías. Al exalcalde del primero de estos municipios, el socialista José María Fraile, Anticorrupción le solicita 11 años de cárcel por los delitos de prevaricación, cohecho, revelación de información reservada, tráfico de influencias y fraude por el supuesto amaño de un contrato de 54,6 millones de euros del municipio. Para el popular Daniel Ortiz, que fue ex primer edil de Móstoles, seis años por dos delitos.

En su escrito, la Fiscalía recalcaba que la red de corrupción consideraba estas mordidas “como un gasto más del contrato” que se les adjudicaba, por lo que para hacer frente a su pago incrementaba el importe de su oferta de tal modo que ese dinero salía de los fondos públicos y no de su margen de beneficios. “La mayoría de los alcaldes y técnicos cobraron en efectivo sus dádivas y en su mayoría, de forma fraccionada, sucediéndose en ocasiones nuevas peticiones de comisiones e importes”, añadía el escrito para, a continuación, detallar municipio a municipio los indicios de las supuestas irregularidades. “En los primeros ayuntamientos se habían acordado dádivas por importes reducidos”, destacaba Anticorrupción, que especifica que en el de Torrejón de Velasco la investigación no ha revelado ningún pago, y en el de Moraleja de Enmedio (ambos gobernados por el PP) presuntamente se abonó únicamente 30.000 euros.

Sin embargo, en Parla (128.000 habitantes), “los precios de las dádivas se desorbitaron”. En este municipio llegó a haber “un compromiso inicial de pago de comisiones por una cantidad aproximada de 600.000 euros” que, posteriormente, se rebajó a 500.000 euros fraccionados en entregas mensuales de 50.000 euros. Siempre según Anticorrupción, el alcalde y su jefe de gabinete, Antonio Borrego ―para el que pide 10 años y seis meses de prisión― eran los presuntos destinatarios de ese dinero. Tras el acuerdo, ambos se encargaron supuestamente presionar a los técnicos municipales que debían elaborar el pliego de condiciones del concurso para que incluyeran las exigencias de Cofely de tal modo que la licitación se convirtió en un “traje a medida” y “una pantomima” para que esta mercantil se hiciera con el concurso. Fue la única empresa que se presentó.

En Móstoles (207.000 habitantes), la investigación señala al alcalde, Daniel Ortiz; a uno de sus concejales, Alejandro Utrilla, y al hermano de este, Mario Utrilla, que era alcalde en la localidad de Sevilla la Nueva, todos del PP. Según la Fiscalía, los tres solicitaron a Cofely 500.000 euros como comisión y la mercantil aceptó. “Las negociaciones sobre el pago de comisiones y sus importes fueron previas a la adjudicación del contrato de Cofely y se intensificaron después del contrato como reconocimiento por las ayudas prestadas por el alcalde y el concejal para la obtención del contrato”, señalaba el escrito que hablaba de “decenas de llamadas y mensajes y varios encuentros presenciales”. Según Anticorrupción, estos últimos se celebraron “con mucha exigencia y urgencia” para reclamar “el pronto pago” de las mordidas. Cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014, el constructor solo había entregado 6.000 euros a uno de los hermanos Utrilla.

Para obtener el dinero de las mordidas, la trama utilizó facturas falsas por inexistentes trabajos para el ayuntamiento que eran emitidas por empresas de Marjaliza. Este empresario era el “conseguidor, según la terminología de Anticorrupción, entre Cofely y los ayuntamientos gracias a “la red de contactos e influencias” que había tejido “desde el año 2000 con alcaldes, ediles y concejales de determinados pueblos de la zona sudoeste de Madrid” a partir de la amistad que mantenía con el otro presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre en el gobierno regional y que no está imputado en esta pieza del sumario.