La Fiscalía pide el archivo de la denuncia presentada por la pareja de Ayuso contra el ministerio público

La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, ha avalado que se archive la denuncia por revelación de secretos presentada contra la Fiscalía por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta era la postura que defendía la número dos de la Fiscalía, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en contra del criterio de la fiscal sobre la que recayó el caso, María de la O Silva, quien considera que existen indicios de delito y pretendía seguir adelante con la investigación. La negativa de Silva a aceptar el criterio de su superior es lo que motivó la reunión de este miércoles, en el que la cúpula fiscal ha debatido el asunto para fijar su postura. El debate se ha saldado, según informan fuentes fiscales, con 19 a favor de archivar, 12 en contra y una abstención, lo que ha reforzado la decisión de la teniente fiscal, que instará a la fiscal del caso a pedir el archivo.

La decisión de la Junta no era vinculante, por lo que Sánchez Conde podía ordenar que se pidiera el archivo del caso incluso con la oposición de este órgano, del que forman parte los 36 fiscales de sala, la máxima categoría de la carrera. Pero sostener esa postura con la cúpula fiscal en contra habría abierto un nuevo cisma interno en la Fiscalía, que vive en permanente tensión por el enfrentamiento que mantiene un sector con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y su mano derecha, Sánchez Conde. Que la mayoría de fiscales hayan apoyado la tesis de la teniente fiscal es un bálsamo para los jefes del ministerio público.

La reunión de este miércoles se convocó después de que la fiscal sobre la que recayó la denuncia de González Amador se opusiera a la orden que recibió de la número dos de la institución para que se posicionara a favor de archivar esa querella. La fiscal Silva pidió activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite elevar el caso a la junta de fiscales cuando se considere que se ha recibido una instrucción “improcedente” o “contraria a las leyes” de los superiores.

A la reunión estaban convocados 36 fiscales, pero cuatro no han podido acudir y finalmente han asistido 32. Tampoco estaba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien habitualmente preside las reuniones de este órgano, pero que se ha abstenido en este caso después de asumir la “responsabilidad” sobre el documento que dio origen a la denuncia contra el ministerio público: una nota de prensa publicada por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo en la que desmentía las informaciones que el equipo de la presidenta madrileña estaba lanzando contra esa institución tras la apertura de una investigación contra su novio por presuntos delitos fiscales.

La pareja de Ayuso y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) llevaron ese comunicado a los tribunales al considerar que revelaba datos confidenciales de la investigación a González Amador. El fiscal al que se le asignó la denuncia del ICAM informó a favor de archivarla; pero la fiscal Silva, sobre la que recayó la presentada por la pareja de Ayuso, considera que existen indicios de delito y pretendía practicar una serie de diligencias, una postura que fue rechazada por la teniente fiscal del Supremo, que instó a Silva a pedir el archivo de la investigación. La negativa de Silva a acatar esta orden es lo que ha desembocado en la reunión de la cúpula del ministerio público.

La sesión la ha abierto Sánchez Conde, que, según fuentes fiscales, ha hecho relato de los hechos y ha defendido su posición. La teniente fiscal, según estas fuentes, ha sostenido que la nota de prensa de la Fiscalía no constituye un delito de revelación de secretos, entre otras razones, porque la información que contenía era de conocimiento público. La teniente fiscal ha citado jurisprudencia del Tribunal Supremo de casos similares en los que los magistrados consideraron que primaba la libertad de información. Tras la intervención de la número dos de la Fiscalía, ha entrado en la reunión la fiscal Silva, quien ha expuesto su opinión favorable a seguir investigando y ha explicado por qué pidió la activación del 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Silva ha abandonado la reunión al terminar su intervención, y es entonces cuando han empezado a tomar la palabra los fiscales de sala. Lo han hecho en orden de menor a mayor antigüedad, y en los primeros turnos, en los que han participado los fiscales que han ascendido a la máxima categoría bajo el mandato de García Ortiz o de su antecesora, Dolores Delgado, todas las intervenciones han sido favorables a archivar el caso. La sesión se ha interrumpido de 12.30 a 15.00 para que los fiscales de sala pudieran asistir a la despedida de su compañero José Luis Bueren, que hasta hace unos días era miembro de esta Junta. La cúpula fiscal ha vuelto a reunirse a las 15.00 y ha sido a partir de ahí cuando se han escuchado las intervenciones más críticas con la posición de los jefes del ministerio público.

Todos los fiscales han coincidido, según estas fuentes, en que no hay delito tras la nota de prensa de la Fiscalía Provincial. La mayoría, hasta un total de 19, han apoyado que la Fiscalía pida el archivo. Entre quienes han mantenido esta postura están los fiscales progesistas, considerados favorables a García Ortiz, pero también miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), como Francisco Jiménez-Villarejo y Jesús Alonso, y no asociados, como Ángel Muñoz. Entre los 12 que se ha mostrado partidarios de admitir la querella, la mayoría ha argumentado que, aunque la nota en sí no constituya un delito de revelación de secretos, habría que investigar filtraciones de información que esta contenía, como la difusión del contenido de correos electrónicos que se intercambiaron el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Esta tesis ha sido la defendida, entre otros, por los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Pilar Fernández Valcarce, Consuelo Madrigal, José Ramón Noreña Rosa Ana Morán y Pilar Martin Nájera.