Uso y abuso de la mayoría absoluta en el Senado

La derecha de este país, con el PP a la cabeza, ha radicalizado su discurso y su estrategia política ante la frustración porque el resultado del 23-J no le permitiera llegar al Gobierno con Vox como tenían previsto, cuestionando la legitimidad de una mayoría parlamentaria en el Congreso que respalda al Gobierno de coalición progresista y ejerce su potestad legislativa.

La irrespirable atmósfera que genera este permanente intento del PP y Vox de acoso y derribo al Gobierno, acompañado de invocaciones grandilocuentes a la defensa de la Constitución, el Estado de derecho o la integridad de España, aleja cada vez más a la ciudadanía del interés por la política y daña los pilares de la democracia y la credibilidad de las instituciones que deben gobernarla.

El objetivo de este artículo es denunciar lo que está ocurriendo en el Senado. En el que la mayoría absoluta de que dispone el grupo parlamentario popular se está ejerciendo desde el abuso partidista de los fines de esta institución, vulnerando el papel que le otorga la Constitución respecto a la otra Cámara legislativa y alimentando de forma permanente el bloqueo o el conflicto con el Gobierno.

La Presidencia del Senado se ha olvidado que representa al conjunto de la institución y ejerce como líder de la mayoría absoluta del PP para, en tan solo unos meses, provocar un choque directo entre esta Cámara y el Congreso en la tramitación del procedimiento legislativo, que viene determinado claramente por el artículo 90 de la Carta Magna.

Lo que afirmo se concreta, en primer lugar, en la modificación del Reglamento del Senado, sin consenso, para negarse a la tramitación de urgencia de una norma que impulsa el Congreso (la amnistía) y tramitarla de forma ordinaria (cuestión recurrida por inconstitucional por mi grupo parlamentario y admitida a trámite por el Tribunal Constitucional).

En segundo lugar, cabe identificarlo en la decisión de la mayoría absoluta del PP en la Mesa del Senado, también sin consenso alguno, de cuestionar, con la inestimable ayuda de un informe ad hoc de la secretaria general, el procedimiento de tramitación de la Proposición de ley de amnistía seguido por el Congreso, al que califica de “reforma constitucional encubierta”.

El informe en cuestión en una clara, a mi juicio, extralimitación de funciones, no se queda ahí para dar munición a los contrarios a la amnistía, sino que, además critica al Tribunal Constitucional por falta de motivación al inadmitir a trámite el recurso de amparo de Vox por la tramitación de esta proposición de ley; considera inconstitucional el art. 131.2 del Reglamento del Congreso, que está vigente desde 1982; y acusa al Congreso de fraude y de seguir una tramitación legislativa que califica, también sin reparos, de inconstitucional.

El asunto es muy grave porque supone que la mayoría absoluta del PP en la Mesa se ejerce por su presidente desoyendo a sabiendas la Constitución y la doctrina del propio Tribunal Constitucional en la materia, que solo permiten inadmitir a trámite una iniciativa legislativa enviada por el Congreso en casos extremos, evidentes y palmarios de inconstitucionalidad de la misma. Y ello porque, como la propia secretaria general reconoce en el informe que le encarga el presidente, en ningún caso se da esta circunstancia en la Proposición de ley de amnistía, por lo que no puede bloquear su admisión a trámite y como marca nuestra Carta fundamental solo cabe debatirla y devolverla al Congreso recomendando su veto o sugiriendo enmiendas. Pues bien, en el colmo de la contradicción, en la misma resolución de la Mesa del Senado en que se admite a trámite, se fundamenta y razona al mismo tiempo, siguiendo la argumentación de la Secretaría General, su inconstitucionalidad, atacando el procedimiento seguido en el Congreso.

El tercer ejemplo del mal uso y abuso de la mayoría absoluta del PP en el Senado es la instrumentalización de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la más importante de la Cámara, para amplificar la crítica política a la Proposición de ley de amnistía mediante la invitación a comparecer de los presidentes autonómicos alegando el presunto interés autonómico de esta medida de gracia, competencia exclusiva de las Cortes Generales. Esta posibilidad de aprobación de un informe de contenido autonómico por parte de esta Comisión, prevista en el Reglamento, solo se ha producido en toda la historia en tres ocasiones con la tramitación de cuatro leyes: la de Presupuestos Generales del Estado para 1997 y la de acompañamiento (en noviembre de 1996), la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce) y la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Larsal), en estos dos últimos casos en 2013. Ya me dirán dónde está la colisión con competencias autonómicas de esta potestad legislativa de amnistiar unos hechos de naturaleza penal relativos al denominado “procés” en Cataluña.

El cuarto ejemplo de esta dinámica lo podemos encontrar en la solicitud de informes a diversos organismos sobre esta misma proposición de ley, también de forma unilateral y sin consenso, en abuso de su mayoría absoluta por parte del presidente y sin justificación o fundamento legal alguno, concretamente a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa (que ha concluido que la amnistía no conculca los principios constitucionales de igualdad o separación de poderes, elemento troncal de la crítica del PP), al Consejo General del Poder Judicial (cuyo informe era tan predecible como el órgano que lo emite carente de legitimidad por llevar cinco años caducado su mandato) y al Consejo Fiscal (que ya ha dicho que no va a emitirlo).

En definitiva, el mejor resumen de esta forma de proceder con una mayoría absoluta, lo explicó de forma contundente la portavoz del grupo parlamentario popular en el último pleno del Senado, cuando afirmó sin ningún empacho que, a diferencia de lo que sucede en el Congreso, en el Senado se hace “lo que manda el PP”.

El PP confunde su mayoría absoluta en el Senado con el absolutismo parlamentario. Siendo grave este comportamiento, que supone un desprecio a las reglas del juego propias de una democracia, lo verdaderamente dramático es la quiebra institucional que este comportamiento supone, que se lleva por delante elementos que nunca deben perder su carácter arbitral, como es el caso de los Servicios Jurídicos de la Cámara. El daño irreparable que se inflige al Senado, el descrédito al que se le somete como institución, perdura más allá del tiempo al que se vea sometido a este absolutismo parlamentario del Partido Popular.

Juan Espadas es portavoz del PSOE en el Senado y secretario general del PSOE andaluz.