Un pastor socialista asesinado en 1936, primer exhumado en Castilla y León tras anunciarse la polémica “ley de concordia” de PP y Vox

El cuerpo de Pedro de la Calle, un pastor socialista, será el primero en ser exhumado en Castilla y León tras desvelarse el proyecto de “ley de concordia”, registrado en las Cortes para sustituir al decreto de 2018 de memoria histórica de la comunidad, que gobiernan en coalición PP y Vox. De la calle nació en Alcazarén (Valladolid) en 1888 y murió en agosto de 1936 en el cercano pueblo de Mojados. Una facción falangista le dio primero una paliza; días después, mientras recogía garbanzos con sus hijas, fue apresado y ahorcado en un pino. El acta de defunción alegaba “congestión y asfixia”, como si hubiera muerto por complicaciones respiratorias y no ejecutado. Fue enterrado sin identificación en un terreno de Mojados donde ha permanecido hasta la exhumación, que se prevé comience este martes. Para los trabajos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con la que se pusieron en contacto los descendientes, se regirán por la ley estatal de Memoria Democrática, de 2022, y el decreto autonómico, de 2018.

Las labores comenzarán un día después de que se haya conocido que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las nuevas leyes autonómicas del PP y Vox por invadir “el derecho internacional”. La medida afecta a la normativa aragonesa de concordia y a los proyectos en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, donde las mayorías del bipartito auguran su aprobación pese a las críticas de la oposición y el Ejecutivo central. El aún vigente decreto de Memoria Histórica y Democrática validado por el PP de Castilla y León en 2018 fija el inicio del periodo destacado en 1936, con el golpe de Estado del bando nacional, y condena el franquismo. En cambio, la nueva ley, pendiente de tramitación y ratificación parlamentaria, no solo no condena el franquismo —el portavoz del PP aseguró que esa condena quedaba “implícita”— sino que avanza la fecha a 1931, al inicio de la II República, un periodo democrático.

Marco Antonio González, vicepresidente de la ARMH, critica el proyecto de Castilla y León tanto por lo simbólico como por un artículo en concreto, el 4.4, que especifica que “los proyectos habrán de respetar la legislación de protección de datos, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”. González señala que así se aplica una “censura” que equipara a los represaliados con sus asesinos: “Volvemos a 1977, cuando la gente buscaba a los suyos por las noches, sin molestar a los asesinos ni a quienes los avalaron. No se pueden decir ni los nombres de las víctimas ni de sus victimarios”.

La iniciativa de la asociación llega casi 20 años después de que Ángela de la Calle, hija del pastor, pidiera la exhumación al Ayuntamiento de Mojados. El Consistorio la desoyó, al igual que hizo con una carta en 2007 que instaba a extraer el cuerpo de ese terreno plagado de hierbajos para sepultarlo dignamente en el panteón familiar, con su nombre, en el colindante cementerio católico. La hija del pastor murió en 2008 y ha sido nieto quien ha reclamado exhumarlo. Fuentes cercanas afirman que el revuelo lo ha “superado” y prefiere un “perfil bajo”. Castilla y León, según un estudio solicitado por la Junta cuando gobernaban PP y Ciudadanos en 2020, tiene localizadas unas 500 fosas comunes que albergan los cuerpos de unos 7.000 represaliados.