El PSC centra su campaña en los servicios públicos y deja a un lado la amnistía, cuestionada por un sector de sus votantes

En las elecciones autonómicas catalanas del 12 de mayo, el PSC afronta el reto de revalidar su triunfo de 2021 —que, sin embargo, no le permitió gobernar— y de centrarse en las políticas del día a día desvinculadas del procés independentista. Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes y nombrado candidato por aclamación, plantea una campaña basada en la promesa de devolver “la excelencia” a los servicios públicos catalanes. Una estrategia que incluye orillar en su discurso tanto la ley de amnistía —rechazada por un 30% de su electorado, según las encuestas, y que además le puede hacer perder votos por el flanco derecho— como el nuevo modelo de financiación, pendiente de actualizar desde 2014 y que también el PSOE ha dejado en el tintero.

Los sondeos le son favorables a Illa pero el gran interrogante del 12-M es si los tres partidos independentistas —ERC, Junts y la CUP— volverán a sumar o no una mayoría absoluta (68 escaños) o que bloquee a la candidatura ganadora. Consciente del posible rompecabezas, la robusta maquinaria electoral del PSC se centrará en denunciar la gestión del Govern, según confirman fuentes del partido. El objetivo de los socialistas es atraer a electores de todo el arco parlamentario: desde la izquierda a la derecha y desde los independentistas a los autonomistas o federalistas. “Vamos a centrarnos en las cosas”, ha señalado más de una vez Illa.

Inspirado en la fórmula que inventó Pasqual Maragall, Illa ha creado en esta legislatura lo que denomina el Govern en la sombra: una réplica del Ejecutivo de Pere Aragonès con una suerte de consejeros (sus diputados) que han elaborado cientos de informes como alternativa a las políticas públicas de ERC. El Govern ha acumulado varios fiascos que han ido alimentando a toda la oposición: un estrepitoso fallo en la organización de unas oposiciones; los resultados pésimos en el Informe Pisa sobre educación; no tener listas las instalaciones para combatir la extrema sequía; la rebelión de los funcionarios en prisiones tras el asesinato de una cocinera o estar a la cola en España en energías renovables. El Ejecutivo solo ha dado, por ejemplo, el 1,4% de las subvenciones previstas para la instalación de placas solares. “Por cosas como estas y muchas otras”, dijo el diputado Raúl Moreno, del PSC, “hace falta un cambio”. “Incompetencia”, zanjó.

Tras su éxito en las elecciones generales del pasado 23 de julio, con más de un millón de votos, el PSC insistirá en esa línea de reivindicar la política del día a día. Los socialistas no han presentado su propuesta para un nuevo modelo de financiación —uno de los proyectos estrella de ERC, que reclama un concierto parecido al vasco—. Illa sostiene que es el único que puede conseguir un sistema justo y equilibrado, pero no ha hecho una propuesta concreta. Su plan es crear un órgano —contemplado en el Estatut— consorciado y pactado con el Estado para recaudar los impuestos propios y cedidos. Los socialistas también han borrado de su vocabulario la necesidad de volver a hacer algún día una consulta de autodeterminación, aunque sea para refrendar un pacto con el Gobierno central.

La ERC de Aragonès, pero también Junts, acusan al PSC de no tener ninguna propuesta para resolver un conflicto, el soberanista, que consideran latente, y avisan de que su objetivo de independencia no ha desaparecido con la amnistía. Hace unos días, durante una conferencia en la London School of Economics, Illa defendió el federalismo —“La unidad no requiere uniformidad”, dijo— pero sin darle traducción política, y reiteró su rechazo a un referéndum por ser un instrumento “divisivo”. Su categórico rechazo a esa hipotética votación, sin embargo, es cuestionada por algunos adversarios políticos, que le recuerdan que también se oponía firmemente a la amnistía —por considerarla incompatible con el Estado de Derecho— y sin embargo la acabó respaldando. “Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía ni nada de eso”, afirmaba Illa meses antes de que la iniciativa, condición de los partidos independentistas para investir a Pedro Sánchez, fuese aprobada en el Congreso.

El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) recoge que el 62% de los catalanes apoya la amnistía y el 29% la rechaza. Los votantes socialistas tienen hacia esa medida una simpatía inferior a la media: 60% a favor y 30% en contra. Pero, sobre todo, su porcentaje a favor está muy lejos del que muestra el electorado de Catalunya en Comú (88%), ERC (93%), Junts (94%) y la CUP (96%). La dirección del PSC admite que la medida de gracia a los encausados del procés no ha causado entusiasmo entre sus electores, aunque cree que la asumen como necesaria y que no sufrirá fuga de votos de sus electores. La duda es si el PSC podrá perder el apoyo que recabó ya en 2021 de antiguos votantes de Ciudadanos, partido que le acusa de haberse sometido al independentismo.

Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universitat de Valencia, sostiene que la amnistía es una jugada de fondo y apunta que ahora se verá si Illa obtiene una rentabilidad electoral. “Si lo logra, será un éxito tremendo para Pedro Sánchez; si no, un fracaso”, dice, vaticinando que, en todo caso, el futuro Govern tendrá que construir la legislatura “sobre un castillo de naipes”, en alusión a las complejas mayorías. Con el objetivo de pasar página de una “década pérdida”, la del procés, Illa busca también la unidad de los ciudadanía. No es gratuito y es casi simbólico que haya rehabilitado como portavoz del partido a Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, que renunció en 2017 a su puesto en la ejecutiva del PSOE al rechazar a la aplicación del artículo 155 con el que fue intervenida la autonomía de Cataluña. Nadie mejor que ella para visualizar esa nueva etapa de cuentas saldadas. “Hemos hecho los deberes y explicado nuestro proyecto”, dijo Parlón en su estreno como portavoz. “Queremos un modelo de país alejado de la política de bloques y centrado en las cosas que afectan a la vida de la ciudadanía”.

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