La consejera catalana de Justicia concluye que el asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric “no era previsible” y que el riesgo del preso era “bajo”

El asesinato de Nuria López, cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), el día 13 a manos de un interno “era difícilmente previsible”, según la consejera de Justicia catalana, Gemma Ubasart, que ha comparecido este jueves en el Parlament para rendir cuentas. El preso, Iulian Odriste, que después de matar a Nuria López se suicidó, presentaba un “riesgo bajo” de cometer actos violentos contra otros internos o contra funcionarios, según las evaluaciones a las que fue sometido durante ocho años, ha revelado Ubasart. Las movilizaciones de funcionarios tras el crimen han puesto contra las cuerdas al Govern. Los trabajadores bloquearon el acceso a las cárceles catalanas, lo que obligó a confinar a miles de internos. Aunque esas protestas están ahora pausadas, el conflicto sigue enquistado: los sindicatos exigen, para sentarse a negociar, dimisiones de altos cargos que Justicia se niega a conceder.

Recibida a su llegada al Parlament por un centenar de funcionarios de prisiones que, a gritos, han reclamado una vez más su dimisión, Ubasart ha dado a conocer algunas conclusiones de la investigación interna abierta por Justicia a raíz del incidente. La consejera ha subrayado que se trata de un hecho excepcional y que en 40 años desde que la Generalitat asumió las competencias en materia penitenciaria, “no había habido ni un solo caso de asesinato de un trabajador a manos de un interno”. Se trata, de hecho, de un suceso sin precedentes en la historia reciente de España.

Odriste cumplía condena en Mas d’Enric por haber matado a puñaladas, en 2016, a una prostituta que se negó a mantener con él una relación sentimental. En el juicio, y más tarde en prisión, reconoció los hechos (de los que apenas recordaba nada por la ingesta de alcohol) y se mostró “arrepentido”. Fue condenado a 11 años de cárcel. Permanecía en segundo grado (el régimen ordinario de la mayoría de presos) porque, sin familiares fuera del centro y sin alicientes para salir, rechazó participar en programas de tratamiento psicosociales, lo que le hubiese permitido obtener el tercer grado. Hubiese alcanzado la libertad definitiva en abril de 2027.

El buen comportamiento de Odriste en Mas d’Enric, avalado por los informes favorables de la junta de tratamiento, lo llevó a trabajar en diversos talleres, hasta que en 2020 recaló en la cocina. Los técnicos lo consideraban “una persona digna de confianza y muy buen trabajador”, ha revelado Ubasart. Que un preso como él, condenado por asesinato con arma blanca, fuese destinado a la cocina (con acceso a instrumentos peligrosos) ha abierto un debate profundo. Entre otras medidas, la consejera ha anunciado que Justicia revisará la circular que evalúa los niveles de riesgo de los servicios auxiliares, lo que “tendrá un impacto en el perfil de internos que pueden acceder a cada servicio”.

A lo largo de su trayectoria penitenciaria, Odriste fue sometido a un total de 14 evaluaciones por la junta de tratamiento de la cárcel tarraconense. La última, en noviembre de 2023, cuatro meses antes de cometer el crimen. Las valoraciones de esos técnicos “fueron mayoritariamente nivel A”, las más altas, en lo que se refiere a rendimiento, dedicación y conducta. No se detectó en ningún caso una patología o problema de salud mental. El riesgo de lo que se llama “violencia intrainstitucional” (es decir, la posibilidad de agredir a otros presos o a funcionarios) también fue “bajo a lo largo de toda la trayectoria penitenciaria”, con una excepción, en mayo de 2020, cuando se calificó como “medio”.

Sin quejas de la cocinera

Odriste trabajó en la cocina cuatro años, desde 2020. Casi todo ese tiempo estuvo codo con codo con la que sería su víctima, Nuria López, que no era funcionaria de prisiones, sino que estaba contratada por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), la empresa pública de la Generalitat que organiza talleres y servicios en las cárceles. “No consta ninguna queja formal ni informal” de la mujer en todo ese tiempo, en el cual el preso desarrolló su trabajo “sin ningún incidente” importante; de hecho, con el tiempo se convirtió en responsable de una parte de la actividad de la cocina y llegó a dirigir la labor de otros internos.

El expediente de Odriste, sin embargo, tenía una mancha. El 31 de octubre de 2023 propinó un puñetazo a otro interno que, según dijo, lo insultaba. Pasó el día aislado en una celda y fue sancionado a 11 días de aislamiento, una pena que estaba pendiente de cumplir en el momento en que cometió el crimen. Aquella conducta hizo que se lo apartara de la cocina. Pero regresó en enero de 2024 “a petición de los responsables de cocina y de conformidad con la junta de tratamiento”, ha agregado Ubasart.

En su comparecencia ante la diputación permanente del Parlament —disuelto por la convocatoria electoral anticipada de Pere Aragonès—, Ubasart ha “lamentado y condenado” el suceso, pero ha subrayado que es algo excepcional y que no debe invalidar el modelo penitenciario propio de Cataluña, basado en la reinserción y la rehabilitación de los internos. La consejera ha avanzado que implementará “medidas de reducción de riesgos” para “evitar que una tragedia así se vuelva a repetir”.

Algunas de esas medidas ya han sido pactadas con el CIRE y se implantarán de forma inmediata, como el aumento de la vigilancia en los servicios (en especial, en las cocinas) y el refuerzo de los sistemas de emergencia. Otras, al margen de la reforma de la circular, se abordarán en las próximas semanas, como la revisión de protocolos y espacios de forma conjunta con los trabajadores.

Modelo en cuestión

Las propuestas de Ubasart no han convencido a los grupos políticos, metidos ya en plena precampaña. Los partidos han exigido dimisiones en el seno de la consejería, tal como reclaman los sindicatos. El PSC ha advertido a la consejera (sin carnet de partido, pero nombrada por el Govern en manos de Esquerra Republicana) de que “enrocarse no es la mejor actitud” y ha pedido que ofrezca “una pista de aterrizaje a los sindicatos” para que acepten negarse a negociar. Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha aprovechado para criticar al president Pere Aragonès, porque, ante “la mayor crisis de las prisiones en los últimos años, ni está ni se le espera”.

Otros partidos, como Ciudadanos Y PP, han cuestionado la aplicación del modelo penitenciario catalán, que se centra en la reinserción y la rehabilitación de los presos. “Por mucho que funcione para los internos, el modelo no está funcionando para frenar la violencia en las cárceles”, ha dicho Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, que ha advertido sobre el aumento de las agresiones, una realidad que admite la Generalitat. Alejandro Fernández, del PP, ha descrito el “infierno” que viven cada día los funcionarios de prisiones y ha atacado los “discursos progres de política penitenciaria” que, en su opinión, “criminalizan a los funcionarios e idealizan a los presos”. “Un modelo que normaliza las agresiones no puede ser de éxito”, ha criticado Fernández, que se ha sumado a las peticiones de dimisión de la consejera.

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