El asesinato de una cocinera en la cárcel solivianta a los funcionarios de prisiones: “Avisamos de que algo así podía suceder”

El asesinato de Nuria López, cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) a manos de un preso ha soliviantado como nunca a los funcionarios de prisiones. El dolor convive con la rabia ante un suceso inédito en la historia reciente de Cataluña. “¡Todos somos Nuria!”; “¡consejera, asesina!”, gritaron los funcionarios que, este jueves a mediodía, se enfrentaron a los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra para penetrar en las dependencias del Departamento de Justicia. No lo lograron, pero descargaron su ira golpeando las puertas y lanzando huevos contra la fachada. Vestidos con camisetas negras en señal de luto y con las manos pintadas de rojo, los trabajadores coinciden en que se trata de una muerte anunciada, una tragedia que tarde o temprano iba a ocurrir por el creciente número de agresiones y el clima de inseguridad que, aseguran, se respira en los centros penitenciarios.

“Puede que este hombre tuviera buen comportamiento, pero su perfil delictivo no es como para tenerlo en la cocina. Es un asesino convicto, que además había matado a otra mujer… ¡con un cuchillo! Pero claro, aquí la política es darles a los presos todas las oportunidades del mundo”, lamenta Carlota, de Marea Blava, un movimiento que nació en la cárcel de Brians 1 ante el aumento de las agresiones. Como muchos de los que protestan frente a Justicia, se mueve al margen de los sindicatos tradicionales. “Avisamos de que algo así podía suceder”, lamenta esta funcionaria con categoría de jefa de servicio.

El asesino de la cocinera, Iulian S. O., cumplía una condena de 11 años de cárcel por haber apuñalado mortalmente a una prostituta en 2016. Contrató sus servicios a través de internet, se enamoró de ella y le pidió que abandonara la profesión. Ella no quiso y una noche, después de tener sexo a cambio de dinero, discutieron. Él cogió un cuchillo de cocina que había en su casa, le asestó diversas puñaladas y la degolló, según la sentencia. El hombre fue recluido en Mas d’Enric, donde gracias a su buen comportamiento y a la ausencia de expedientes sancionadores se convirtió en un preso de relativa confianza. Consiguió un puesto para trabajar en la cocina por unos 200 euros al mes. Allí tenía pleno acceso a todo tipo de utensilios, como el cuchillo que usó para matar a Nuria y, después, suicidarse en un crimen cuyos motivos todavía están por aclarar.

Ante un episodio de extrema gravedad, la tímida reacción de un Govern que acaba de convocar elecciones no ha ayudado a calmar los ánimos. El Departamento de Justicia ha expresado este viernes, en un comunicado, su “consternación” por los hechos y ha trasladado el pésame a los familiares y amigos “de las personas muertas”, una expresión que ha disgustado profundamente a los funcionarios. ”Poner en el mismo plano al asesino y a la víctima…”, lamenta Carlota, que advierte de que “la plantilla está en ebullición” y el movimiento Camisetas Negras se está organizando para llevar a cabo acciones más contundentes, con o sin el respaldo de los sindicatos.

“No nos sentimos valorados”

Entre el sonido persistente de los silbatos y las peticiones para que la consejera, Gemma Ubasart, dimita, una funcionaria de Brians 2 trata de hacerse entender. Rosa Guerrero denuncia la falta endémica de personal, sobre todo para afrontar situaciones conflictivas, y el olvido de la administración. “Aguantamos de todo y se están sobrepasando muchos límites. Sufrimos agresiones, pero también insultos, vejaciones. No hay visibilidad a todo esto. Arriesgamos nuestras vidas y no nos sentimos valorados”, dice Rosa, que se une a una crítica casi unánime en el mundo penitenciario: la falta de interés de la Administración en las agresiones.

Justicia ha admitido una realidad estadística: las agresiones a funcionarios han ido en aumento, sobre todo después de la pandemia. El pasado octubre, Ubasart anunció la contratación, en tres años, de más de un centenar de trabajadores para tratar de contener el incremento de las agresiones a funcionarios (40 graves y otras 300 leves en 2022), pero también de suicidios entre los internos. Para los funcionarios, los datos no reflejan del todo la realidad: “No aparecen los incidentes menores, y tampoco los que cometen internos en unidades de salud mental. En Brians 2, uno de ellos apuñaló a un compañero en el cuello. No lo mató de milagro”, denuncia Guerrero.

Desde Mas d’Enric, adonde se desplazó este viernes, Ubasart dio el pésame a las familias y lamentó los hechos de un “día triste” en las cárceles catalanas. No fue más allá. No explicó, por ejemplo, por qué se decidió que un preso condenado por asesinato con arma blanca era apto para trabajar en la cocina. La consejera se escudó en que se ha abierto una investigación interna y en que hay que respetar la instrucción judicial, en manos del juzgado de instrucción 3 de Tarragona. Según fuentes cercanas a la investigación, los Mossos d’Esquadra descartan que existiera una relación sentimental entre la cocinera y el interno y, por tanto, no investigan el caso como un crimen de violencia de género.

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