Justicia contrata a más de 100 profesionales por el aumento de suicidios y agresiones en las cárceles catalanas

La pandemia de coronavirus dejó una intensa resaca en las prisiones catalanas. En 2021 y 2022, los suicidios y los conflictos (entre internos y con funcionarios) aumentaron de forma sensible. Ante la realidad de las cifras, el Govern ha reaccionado ahora con la contratación de más de un centenar de profesionales que se dedicarán específicamente a abordar esos dos problemas en los nueve centros penitenciarios que existen en Cataluña. El Departamento de Justicia admite que las acciones “inmediatas” y “contundentes” eran necesarias para revertir la situación. El programa se desarrollará durante los próximos tres años con un presupuesto de 18 millones.

El programa contará con un total de 111 nuevos trabajadores entre personal penitenciario y psicólogos, educadores y especialistas. Su objetivo será “mejorar el clima social” en los centros, que se enrareció a partir de las restricciones impuestas por el coronavirus. La pandemia tuvo un impacto especialmente notable en la población reclusa: la salud mental, las adicciones, la inestabilidad creciente por la falta de contacto con las familias. “Tendrá un impacto positivo en la calidad de vida y la atención de los internos, y también en las condiciones laborales de los trabajadores, con la mirada puesta en facilitar los procesos de reinserción”, ha explicado este martes, en la presentación del proyecto en la sede del departamento, la consejera Ubasart.

El acuerdo fue aprobado el martes por el Govern en su reunión semanal e implicará la contratación de un total de 111 técnicos especializados. “No se trata de poner más vigilantes, sino de incorporar a profesionales cualificados para hacer una intervención personalizada”, expresó el secretario de Medidas Penales, Rehabilitación y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó. Entre el personal contratado figuran profesionales del ámbito de régimen interior y de tratamiento. “Con estos profesionales, afianzamos un modelo que pivota alrededor de la reinserción y la rehabilitación”, ha subrayado Ubasart.

Los técnicos especializados estarán divididos en dos equipos, que empezarán a trabajar en el primer trimestre del año que viene. El primero se ocupará de prevenir los suicidios y las “conductas autolesivas” en las prisiones, que han crecido de forma notable siguiendo la tendencia de lo que ha ocurrido también a pie de calle. 2020 fue un punto de inflexión. En apenas cinco años, se han duplicado: de 7 suicidios (2017) se ha pasado a 14 suicidios (2022) con una clara y estable tendencia al alza. En lo que va de año se han registrado hasta ahora cinco muertes por suicidio, tres de ellas en el interior de centro penitenciario y dos en domicilio (para presos con regímenes penitenciarios más flexibles). Las tentativas de suicidio se han triplicado en ese mismo periodo: de 41 (2017) han pasado a 154 (2022).

El segundo equipo se ocupará de intervenir para prevenir las conductas violentas. El número de agresiones, incidentes y contenciones mecánicas ha ido en aumento en los centros. Las agresiones a funcionarios son las que despiertan más polémica porque provocan las protestas de los sindicatos. El año pasado se registraron unas 40 agresiones de carácter grave (las que provocan una baja laboral) y otras 300 leves.

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