Los funcionarios de prisiones echan un pulso al Gobierno catalán tras el asesinato de una trabajadora

Los funcionarios de prisiones llevan a cabo una movilización sin precedentes en Cataluña ante un hecho que tampoco los tiene: el asesinato, a manos de un preso, de Nuria López, cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona). “Todos somos Nuria”, repiten los trabajadores, que llevan meses alertando de un aumento de las agresiones y de la inseguridad en las prisiones. Para ellos, el crimen supone un punto de no retorno. Las protestas crecieron este viernes con el bloqueo de los accesos a los centros penitenciarios, que obligó a seis de ellos a confinar a casi 5.000 internos en sus celdas. Una situación de alto voltaje a la que la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, pidió poner fin por el “riesgo” que supone para los propios trabajadores. La medida provocó “malestar” en las prisiones y obligó a suspender las primeras visitas de familiares. Las acciones de los sindicatos suponen en cualquier caso un pulso a un Govern con las maletas hechas por el adelante electoral convocado para el 12 de mayo por el president, Pere Aragonès.

A última hora de la noche del viernes, los funcionarios levantaron las barricadas que habían instalado en Mas d’Enric, Quatre Camins, Joves, Brians 1 y Brians 2, según informaron fuentes del Departamento de Justicia. El fin del bloqueo no significa necesariamente que vaya a recuperarse la normalidad durante el fin de semana. Si la protesta sigue y las plantillas se mantienen bajo mínimos y sin poder garantizar la seguridad, los internos seguirán confinados. En un comunicado conjunto emitido tras las palabras de Ubasart apelando a la responsabilidad para evitar males mayores, los sindicatos de prisiones han asegurado que “la movilización continuará”, al menos, hasta que dispongan de “otro interlocutor”, en alusión a la petición de dimisión de Amand Calderó, secretario de medidas penales alternativas y rehabilitación de la Generalitat.

Al margen del Departamento Justicia, el resto del Govern parece por ahora ajeno al conflicto. Diversas patrullas de los Mossos d’Esquadra, incluida la unidad ARRO (una suerte de antidisturbios) se desplazaron a los puntos de bloque el viernes, pero no intervinieron. Los mandos del cuerpo no convocaron un centro de coordinación (CECOR), como se suele hacer ante cualquier situación de gravedad, y se limitaron a seguir por teléfono los incidentes, hasta que a última hora de la tarde del viernes el director de la policía, Pere Ferrer, se unió a las reuniones con Justicia.

El vendaval se originó la tarde del miércoles. Iulian O. cogió un cuchillo de la cocina de Mas d’Enric —donde había sido destinado al tratarse de un preso de confianza— y apuñaló mortalmente a Nuria en la cámara frigorífica por razones que se investigan. Después, con el mismo cuchillo, se suicidó. El preso cumplía condena por haber asesinado, también con arma blanca, a una prostituta en 2016, pero por buen comportamiento se le había dado el privilegio de trabajar en la cocina y obtener un pequeño sueldo. Al margen de los interrogantes que abre esa decisión, el asesinato de un trabajador penitenciario, el primero en la historia reciente de España, ha soliviantado a los trabajadores como nunca porque, en su opinión, se estaba dando el caldo de cultivo ideal para que, tarde o temprano, ocurriera una tragedia así.

De manera similar a lo que ocurrió con las movilizaciones payesas en Cataluña, las protestas de los funcionarios también han forzado a los sindicatos tradicionales a seguir el paso. La plataforma Camisetas Negras considera que, con el asesinato, ha llegado la hora de plantarse y de proponer acciones contundentes. El jueves, descargaron parte de su dolor y su rabia frente al Departamento de Justicia. Vestidos de negro y con las manos pintadas de rojo, algunos trabajadores intentaron entrar por la fuerza en la sede de la consejería y exigieron la dimisión de Ubasart, sin carné de partido pero nombrada por ejecutivo de ERC.

El Govern ha reaccionado de forma tibia, con dudas, a una movilización que se ha hecho grande con el paso de las horas. Justicia enfadó aún más a los trabajadores cuando, en un comunicado público, trasladó el pésame a los familiares y amigos “de las personas muertas” en prisión, en alusión a la víctima y su verdugo. Tampoco sirvió de mucho la visita que, la noche del jueves, Ubasart hizo a la cárcel de Mas d’Enric, donde puso en valor el esfuerzo de unos funcionarios que ya pedían su cabeza y que se sienten abandonados por la administración. A Ubasart, en particular, la culpan de impulsar una política penitenciaria más preocupada en los derechos de los presos que en la seguridad de los funcionarios, y de promover una política de “contención cero” con los internos en situaciones conflictivas, lo que a juicio de los funcionarios los deja más expuestos.

El malestar derivó el viernes en una protesta de mayor alcance, que puso en jaque la normalidad en las cárceles catalanas y es un pulso al Govern de ERC. Desde primera hora de la mañana, los trabajadores bloquearon los accesos a las cárceles catalanas, por lo que no se pudo hacer el cambio de turno. Ante la falta de personal, en seis de esas prisiones, que suman 4.936 internos, hubo que recluirlos en celdas y solo se garantizó el suministro de alimentos y medicación. Las incidencias se repitieron, con menor importancia, en otros centros. Desde el gabinete de crisis, Ubasart pidió a los directores que priorizaran el mantenimiento de la máxima normalidad posible. Por la tarde, en rueda de prensa, apeló a la “responsabilidad” de los sindicatos para poner fin a un bloqueo que supone “un riesgo”, también, para los trabajadores. En especial, con el horizonte del fin de semana, cuando se producen los permisos de salida y las comunicaciones de los presos con sus familiares.

Las protestas han alterado también el ambiente político en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Cataluña, previstas para el 12 de mayo. El PSC pidió la comparecencia “urgente” en el Parlament de Ubasart —que ya había mostrado su disposición a hacerlo— mientras Junts per Catalunya lamentó “el abandono” de los funcionarios y ha pedido a la Administración que atienda sus reivindicaciones.

Los trabajadores, mientras tanto, mantienen el pulso. Piden que se adopten medidas frente a una realidad —el aumento de agresiones en las cárceles por la pandemia— que ha sido admitida por la administración: hace pocos meses, Ubasart anunció la contratación, en tres años, de un centenar de profesionales para atajar este fenómeno y también el aumento de suicidios. Los funcionarios exigen, entre otras reivindicaciones, ser considerados agentes de la autoridad (para que las agresiones que sufren vayan acompañadas de un castigo mayor) y más personal para hacer frente a los conflictos con garantías.

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