Manuel Alba, exletrado mayor de las Cortes: “Jamás se había producido esta falta de respeto del Senado al Congreso”

En 43 años como letrado de las Cortes, Manuel Alba nunca había salido a comentar públicamente un asunto en trámite parlamentario. Más de la mitad de ese tiempo —22 años— ha ejercido como secretario general (o letrado mayor, máximo responsable de la asesoría jurídica) de ambas Cámaras, primero en el Senado (1990-2002) y luego en el Congreso (2004-2014). Lo ha hecho con seis presidencias diferentes: tres del PSOE y otras tres del PP. Alba, que sigue en el equipo de letrados, expresa ahora su indignación por los ataques recibidos por el actual secretario general del Congreso, Fernando Galindo, atribuidos por algunos medios al conjunto del cuerpo de letrados, y por el durísimo informe de la asesoría jurídica del Senado descalificando el procedimiento con el que se tramitó en el Congreso la ley de amnistía. “Jamás se había producido esta falta de respeto institucional del Senado al Congreso”, sostiene Alba.

Dos palabras se repiten a lo largo de la conversación: “Jamás” e “insólito”. Y no es porque Alba no haya visto situaciones “de todos los colores” en su larga vida parlamentaria, en la que ha lidiado con asuntos que, como ahora la amnistía, despertaron discusiones muy encendidas sobre su constitucionalidad: el plan Ibarretxe, el Estatuto catalán, la ley del matrimonio igualitario, la reforma del Poder Judicial de 2004... Lo que resulta nuevo, considera, es que el ambiente de extrema polarización se haya contagiado al cuerpo de letrados de las Cortes, y que los partidos “fuercen la máquina para lograr una mayor concordancia política” del servicio jurídico. Alba tiene su opinión “como ciudadano” sobre la ley de amnistía, pero no quiere entrar en ese debate de fondo. Su propósito es subrayar que no ha habido la menor irregularidad en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley: “En el Congreso se ha actuado con estricta sujeción al Reglamento, con una corrección procedimental extrema”, dice.

La presencia entre los letrados de las Cortes de personas con vinculación política no viene de ahora. Alba recuerda que él mismo propuso como adjunto suyo a un jurista que era director general de Justicia siendo ministro Ángel Acebes (PP). Lo que no se había producido nunca es que el secretario general —el máximo cargo entre los letrados— llegase a su puesto directamente desde del Gobierno y con una militancia política: Fernando Galindo tiene carné del PSOE y era subsecretario del Ministerio de Política Territorial cuando, en octubre de 2023, fue nombrado letrado mayor por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. “Eso genera un inconveniente del que el primer sufridor ha sido el propio Galindo”, admite Alba. “Dicho esto, es una persona profesionalmente seria, íntegra, responsable y competente, y ha nombrado a gente muy distinta”.

Los ataques contra Galindo subieron de tono tras suscribir él un informe favorable a admitir a trámite la proposición de ley de amnistía. Alba relata que él hizo algo parecido en 2005 ante el plan Ibarretxe, la propuesta del entonces lehendakari de dotar a Euskadi de un estatus de “Estado libre asociado”. “La oposición defendía que no se podía tramitar porque era directamente inconstitucional”, comenta. “Yo hice un informe señalando que planteaba dudas de inconstitucionalidad, aunque no en todo su contenido, y que si se inadmitía estábamos impidiendo que los diputados pudiesen manifestar qué hacer políticamente con esa norma. Los diputados, además, tienen derecho a enmienda, pueden cambiarla y eliminar los aspectos inconstitucionales. Por tanto, la Mesa, solo en casos extremos, evidentes —palmarios, como dice la doctrina del Tribunal Constitucional—, debe inadmitir a trámite una iniciativa”, sostiene.

Eso mismo, agrega, es lo que hizo el actual secretario general, Fernando Galindo, con la amnistía: “Su informe favorece el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho de los diputados a participar en la decisión. Nosotros no somos el Tribunal Constitucional, no nos podemos arrogar sus funciones, somos un órgano consultivo. Y los que deciden son la Mesa, la comisión y el pleno, es decir, los que han sido votados por los ciudadanos”.

El veterano jurista se muestra especialmente crítico con la actuación del Senado tras recibir la ley del Congreso. La secretaría general de la Cámara alta, renovada al hacerse el PP con la mayoría absoluta el pasado julio, elaboró un informe a petición del presidente, Pedro Rollán, remarcando que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional. “A mí nunca un presidente me pidió un informe semejante. A mi juicio excede claramente las competencias de la secretaría general del Senado, porque entra a analizar en profundidad, de una manera errónea y sesgada, la tramitación que se ha hecho en el Congreso. Impugna todo el procedimiento del Congreso con argumentos desacertados, interesados o directamente contrarios a las normas. Con una serie de elucubraciones que no resisten el menor análisis, como decir que algún artículo del Reglamento del Congreso puede ser inconstitucional. O calificar de discutible el auto del Tribunal Constitucional que inadmite el recurso de amparo de Vox contra la decisión de devolver la proposición de ley a la Comisión de Justicia después de que el pleno la rechazase”.

El informe del Senado concluye que lo enviado por el Congreso es “un texto nulo resultado de un procedimiento irregular”. Ante esa conclusión, argumenta Alba, la única respuesta “lógica y coherente hubiese sido inadmitirlo”. En cambio, la Cámara alta le ha dado curso, planteando al mismo tiempo un conflicto competencial con el Congreso: alega que la ley equivale a una reforma de la Constitución y como tal usurpa funciones del Senado. “No hay tal conflicto de atribuciones”, sentencia el exsecretario general de ambas Cámaras. “El Congreso ha tramitado una proposición de ley y usted la tiene encima de la mesa. Puede inadmitirla, recomendar que se vete o sugerir que se enmiende”.