El PP recurrirá al Constitucional la reforma de la ley del Poder Judicial

El PP, a través de su presidente, Mariano Rajoy, solicitó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que retire el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial porque es "una gravísima ruptura de las reglas de juego" en el funcionamiento de la Justicia, y que "pacte con el primer partido de la oposición, como siempre se ha hecho", estas "cuestiones institucionales". Si, como es previsible, el Gobierno sigue adelante, el PP recurrirá al Tribunal Constitucional, por el fondo y por la forma de esa ley, y se replanteará si pacta alguna otra cuestión de calado con el Ejecutivo.

Los recursos que el PP presentará a esta ley, que cuenta con el respaldo de todos los demás grupos de la Cámara, se apoyarán en la supuesta "ilegalidad" de la forma en la que ha sido tramitada y en que, en el fondo, vulneraría el artículo 122 de la Constitución.

El recurso formal sostendrá que el Pleno que aprobó su tramitación por la vía de lectura única el pasado jueves fue "ilegal". Lo fue, según el PP, porque se convocó antes de que se hubiera publicado en el Boletín de las Cortes el proyecto de ley que se iba a discutir. Es decir, se incumplió el artículo 67.4 del Reglamento.

Hay precedentes de otras convocatorias urgentes, pero se apoyaron en la unanimidad. La ley, según el PP, sería así inconstitucional por un "vicio de origen" en su tramitación. Este fallo reglamentario era el que pretendía plantear Eduardo Zaplana, su portavoz en el Congreso, cuando pidió la palabra en el Pleno extraordinario del jueves para una cuestión de orden. Como el presidente del Congreso, Manuel Marín, no se la concedió, sino que puso en marcha la votación, sus diputados abandonaron el Pleno sin participar en ella.

La argumentación de fondo sobre la posible inconstitucionalidad de la ley plantea, en síntesis, que la ley "inutilizará" la actual composición del Poder Judicial por la vía de "cambiar sus reglas de funcionamiento".

El cambio de funcionamiento consiste en que la mayoría de vocales necesaria para nombrar altos magistrados pasará de mayoría simple a mayoría de tres quintos. Tal mayoría de tres quintos ya se exige, por ejemplo, en la parte de los nombramientos del Tribunal Constitucional que corresponden al Poder Judicial.

Como argumento político, el PP dice que "si tres quintos es una mayoría más democrática, que se aplique a todo y no sólo a lo que le conviene al PSOE". Y advierte del "escándalo" que supondría, por ejemplo, que se pretendiera ahora que todo en el Parlamento hubiera de aprobarse por una mayoría cualificada de tres quintos.

El PP avisa además de que, en el Parlamento, esa mayoría de tres quintos es necesaria para aprobar reformas constitucionales. Rajoy aseguró ayer que hará uso de ella, es decir, de su capacidad de veto, si el Gobierno persiste en su reforma del Poder Judicial sin pactarla con el PP.

Vulneración del Pacto

Y ahí añade que el proyecto de ley vulnera el Pacto de Estado por la Justicia que acordaron el PP y el PSOE en la pasada legislatura. Ese pacto fue dado por roto por el PSOE al final de la anterior legislatura, pero el PP entendió que esas declaraciones de ruptura obedecían a la cercanía de las elecciones.

La vulneración del Pacto que esgrime el PP afecta al punto 21 de aquel acuerdo. Ese punto modificaba el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial para acercarlo más al previsto en el artículo 122.3 de la Constitución. El Poder Judicial está compuesto por 21 magistrados: 20 vocales más el presidente. El artículo 122.3 de la Constitución preveía que, de los 20 vocales, 12 se elijan entre los jueces, y los otros ocho por el Congreso y el Senado entre abogados y juristas.

Este método fue modificado en la Ley del Poder Judicial de 1985, que decidió que los 20 vocales fueran elegidos por el Parlamento. Los entonces componentes del Poder Judicial recurrieron al Tribunal Constitucional, pero éste se abstuvo al considerar que no debía pronunciarse sobre un conflicto de competencias entre dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Después de eso, el PP en cada convocatoria electoral proponía volver al sistema del 122.3 de la Constitución. Por ejemplo, en la página 175 de su programa para las elecciones de 2000 decía que debían ser "los propios jueces y magistrados, y no las asociaciones judiciales ni los grupos parlamentarios, quienes elijan a los 12 miembros de extracción judicial mediante una fórmula proporcional que garantice la representación plural".

En lugar de aplicar esa promesa electoral, el PP afirma que firmó el Pacto de Estado de la Justicia para "que no prevaleciera la opinión política de ninguno de los dos grupos mayoritarios". Ese Pacto, en su punto 21, regula un sistema mixto de elección de los vocales del Poder Judicial entre jueces y Parlamento. Y ahora, mantiene, al cambiar la mayoría requerida de vocales, ese sistema pierde su sentido político.