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España presiona para impulsar el uso oficial del catalán, el euskera y el gallego en la UE

El Gobierno envía al resto de Estados miembros un nuevo informe que se debatirá este martes, aunque no se tomarán decisiones. “Es nuestra identidad nacional”, argumenta Albares

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, atiende a la prensa a su llegada a Bruselas.OLIVIER HOSLET (EFE)
Manuel V. Gómez

El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que se olvide su intento de que la UE reconozca el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones comunitarias. Por eso ha enviado un informe al Consejo de la UE para que se estudie en la reunión que los ministros de Exteriores y Asuntos Europeos mantienen este martes en Bruselas. En el escrito, el Ejecutivo español argumenta que esos tres idiomas tienen reconocimiento constitucional en España y que eso les sitúa en una posición distinta a otros idiomas minoritarios en otros Estados miembros. Trata de diluir así los recelos de algunos países, como Estonia, que temen que reconocer la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego genere un efecto dominó de reclamaciones para dar un trato similar a otras lenguas minoritarias.

La documentación española se estudiará en el Consejo de Asuntos Generales que se celebra este martes. Se abordará en el apartado de “otros asuntos”, que es donde le ha hecho hueco la presidencia belga, país que preside este semestre el Consejo de la UE. No obstante, es la primera vez que vuelve a abordarse el asunto desde que las presidencia pasó de España a Bélgica. Si en la segunda mitad de 2023, bajo presidencia española, se trató el tema cada vez que hubo una reunión del Consejo, en 2024 se cayó de la agenda en enero y febrero.

“Es nuestra identidad nacional. Europa tiene que defender la identidad y el multilingüismo, y hay una realidad constitucional en España muy particular que Europa no puede desconocer”, ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este lunes a su llegada a Bruselas. Es la misma tesis que remarca el informe en varias ocasiones: que la Constitución española exige a las autoridades públicas del país proteger los idiomas cooficiales.

“Las lenguas cooficiales no solo juegan un papel sustancial en la estructura constitucional, también lo hacen en nuestro contexto social y lingüístico, siendo usadas, además, en las dos Cámaras parlamentarias [en el Congreso desde hace unos meses] y en todos los ámbitos de la administración”, desarrolla el segundo anexo del documento español, que a continuación precisa que el catalán, el vasco y el gallego están presenten en todos los niveles de la educación, en la producción cultural, en los medios de comunicación y en la redacción de normas y leyes.

Todo esto lleva al Gobierno a señalar, como ya hiciera en otro informe anterior, que la situación española “no puede ser usada como base para situaciones [de otras lenguas minoritarias] en otros Estados miembros”. “La reforma que está promoviendo España no pretende crear nuevos derechos, ni ahora ni en el futuro; además, busca poner fin a una situación extraordinariamente anómala en el contexto lingüístico de la UE”, añade.

La UE tiene en este momento 24 lenguas oficiales. Todas ellas son también oficiales en el conjunto de sus respectivos Estados, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que solo son oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas, no en el conjunto del Estado.

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Fuentes de la delegación española admiten que el informe que será presentado este martes no sirve para lograr un reconocimiento inmediato. Explican que se trata más bien de ir convenciendo poco a poco a aquellos países que se han mostrado más remisos a aceptar la petición que el Gobierno formuló el pasado septiembre, cumpliendo uno de los compromisos que el PSOE adquirió con los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes para que apoyaran a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

A partir de ese momento, España, que presidió el Consejo de la UE en la segunda mitad de 2023, incluyó este punto en el orden del día de todos los consejos de Asuntos Generales durante ese periodo. Esta insistencia provocó el hartazgo de algunos de los socios de la Unión, no solo por su postura ante el asunto sino por la constante repetición de este punto en la agenda. Cuando Bélgica tomó el testigo español, el tema desapareció del orden del día. Pero en esta ocasión ha vuelto.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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