ERC y Junts compiten de nuevo entre sí para presionar al Gobierno con los Presupuestos

El calendario electoral y la lucha por la hegemonía del independentismo obligará a forzar la máquina de ERC y Junts en la negociación presupuestaria. Ninguna de las dos formaciones ha mostrado todavía sus cartas, aunque intentarán materializar en cifras los acuerdos cerrados para acceder a la investidura de Pedro Sánchez. Objetivos como el traspaso de Rodalies, el servicio ferroviario de corta distancia de Renfe, difícilmente podrá contar con ninguna disposición de recursos, como tampoco tendrá materialización nada vinculado al sistema de financiación autonómica, cuya negociación las formaciones catalanas consideran que es el momento de reabrir.

Ambos partidos intentarán arrancar recursos para obras de infraestructuras concretas, sobre todo después de que el Gobierno catalán recuperara esta semana un asunto recurrente: la denuncia del déficit de inversiones estatales en Cataluña. La Generalitat calcula en 5.000 millones de euros la cifra que el Estado ha dejado de invertir en Cataluña entre 2015 y 2022, basándose en el peso de la comunidad autónoma en el PIB español (19%) y lo realmente ejecutado durante ese periodo. Como compensación, el año pasado el Govern arrancó más de 900 millones en transferencias para obras públicas concretas que acumulan retrasos, de forma que las licitara la propia la Generalitat a través de una encomienda de gestión.

El Gobierno ha tratado de restar importancia este viernes a las advertencias de los partidos independentistas, lanzadas este jueves y este viernes, de que el pacto por la ley de amnistía se circunscribe a la medida de gracia y que la negociación de los Presupuestos supone una nueva pantalla. Fuentes gubernamentales achacan las declaraciones de los dirigentes de Junts y de ERC a la mera escenificación política y aseguran que el Ejecutivo va por el buen camino para llevar al Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos con el preacuerdo de los socios.

En esa línea, en La Moncloa ponen el acento en las palabras del senador de Junts, Josep Lluís Cleries, vertidas durante el debate de la senda de estabilidad presupuestaria, celebrado el miércoles en el Senado. Cleries se dirigió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y afirmó desde su escaño: “Vamos por la amnistía, por la libertad, y para que haya unos presupuestos sociales al servicio de las personas”. Pero sus palabras resultaron enfriadas un día después por Junts. Fuentes gubernamentales deslizan que la respuesta inmediata de la formación de Carles Puigdemont se deberían a un desliz de Cleries desvelando, antes de tiempo, que el acuerdo está en vías de producirse. “Igual ha dicho más de lo que debía”, señalan dichas fuentes.

Para el Ejecutivo, no tendría sentido haber pactado la ley de amnistía si luego no se pueden desarrollar “políticas sociales” —haciendo suyas las palabras de Cleries— a través del diseño de unas nuevas Cuentas públicas. “Los Presupuestos es el marco adecuado. Hay actitud negociadora y voluntad de acuerdo”, reiteran, aunque reconocen que ahora se abre una “negociación nueva” con todos los partidos. Entre las nuevas concesiones no se contempla en ningún caso la unilateralidad. Las Cuentas del Estado de 2024 deberían haberse aprobado hace dos meses para que se pudieran ejecutar desde principios de año, pero el calendario electoral del pasado ejercicio trastocó todos los planes y obligó al Ejecutivo a prorrogar las de 2023 hasta tener listas y atadas las de este año.

“Esta legislatura ya ha arrancado hace más de 100 días. Durante todo este tiempo se han dado pasos muy importantes en este país, con un proyecto claro de país”, sostuvo este viernes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Vamos a seguir hablando con el resto de las fuerzas parlamentarias para poder aprobar unos presupuestos”, agregó. Por otra parte, fuentes parlamentarias acusan directamente al PP y a su confrontación total en el Senado de haber ralentizado el proceso de elaboración de las Cuentas con su doble negativa a la senda de estabilidad. Y reiteran que las comunidades y ayuntamientos dispondrán de 4.500 millones de euros menos para gasto público.

Fuentes de ERC señalan que ya han avanzado con el PSOE a través de la comisión de negociación que tienen abierta y que esperan cerrar algún traspaso simbólico, como podría ser el de la comisaría de Via Laietana de Barcelona, que los republicanos quieren reconvertir en centro de memoria histórica.

Pero la guía que utilizarán los republicanos apunta que será su acuerdo de investidura, en el que ya se definen algunos hitos. Uno hace referencia al déficit de explotación de corta y media distancia de Renfe, de 410 millones, además de los costes que ha tenido que sufragar por averías en el servicio, una cifra que alcanzaría los 160 millones, según los cálculos del Gobierno catalán. Otra de las partidas previstas es la de la financiación de los Mossos d’Esquadra para ampliar su plantilla en 3.739 efectivos. Esa medida suponía hacer transferencias periódicas a la Generalitat desde ya este año y hasta 2030. Y una tercera partida importante se refiere a la financiación de los servicios penitenciarios, aunque esa cuantía estaba pendiente de cálculo.

Fuentes de Junts explican que la formación ha enviado a sus agrupaciones locales la petición para que les hagan llegar sus propuestas, de forma que las puedan introducir en las negociaciones con el Gobierno. Fuentes de la dirección señalan, no obstante, que se tiene que actuar con realismo y que no se puede desaprovechar la oportunidad de demandar la financiación autonómica, respaldada esta semana por entidades empresariales. Junts, al igual que ERC, tiene como objetivo el pacto fiscal, un modelo de financiación similar al de País Vasco y Navarra, en el que el Gobierno autonómico recaudaría todos los impuestos y entregaría al Estado una parte para financiar los servicios que este presta en Cataluña además de otro porcentaje vinculado a solidaridad interterritorial.